¿Por qué es peligroso lo que Trump está haciendo con Twitter?

Foto: Cortesía - Electronic Frontier Foundation

La orden ejecutiva recientemente firmada por el presidente Donald Trump es un desastre en varios niveles: es probablemente inconstitucional en varios niveles, construida bajo falsas premisas y, en general, es una mala política para impulsar. No somos seguidores de la forma como las plataformas dominantes moderan el contenido de los usuarios. Pero la orden es un claro intento de retaliación contra Twitter, que etiquetó mensajes del presidente con avisos sobre información falsa, y demuestra cómo el poder ejecutivo es la forma incorrecta de aproximarse a las preocupaciones sobre prácticas defectuosas de moderación de contenidos.

Hay que reconocer los peligros que la orden ejecutiva representa, incluso si sólo es teatro político y nunca llega a tener efectos legales. La sola amenaza de regulación a la fuerza del discurso puede inhibir a los actores del ecosistema que quieren evitarse confrontaciones con el Gobierno, así como suprimir información que los lectores deben saber.

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Ahora bien, la moderación de contenido en las grandes plataformas también es decepcionante. Y tiene varios problemas que son tratados en la orden ejecutiva, con la que estamos en profundo desacuerdo.

El primero de estos aspectos que los usuarios merecen más transparencia sobre cómo, cuándo y cuánto contenido es moderado. Lo segundo es que las decisiones sobre estos temas, a menudo, parecen inconsistentes. Y, tercero, las guías sobre el contenido suelen ser vagas y no presentan mayor ayuda.

Mucho antes de que el presidente Trump entrara en el debate, se había dicho en repetidas ocasiones que el sistema de moderación de contenido que han montado las plataformas está roto y necesita ser arreglado.

Esta orden ejecutiva demuestra por qué los mandatos gubernamentales son la solución incorrecta a estos problemas. En manos de un régimen represivo, los poderes ejecutivos serán usados inevitablemente para castigar a individuos y plataformas que están en situaciones de vulnerabilidad: esas decisiones impactarán de forma desproporcionada a los marginalizados.

¿Qué pasa con la competencia?

Para toda su parafernalia, la orden ejecutiva del presidente Trump no se centra en una de las principales amenazas contra la libertad de expresión en línea: la concentración de poder en manos de unas pocas empresas.

Si el presidente, entre otros críticos de las redes sociales, de verdad quieren asegurarse que todas las voces tengan una oportunidad de ser escuchadas y están preocupados por el poder que unas pocas plataformas tienen para moderar contenido, la respuesta no es crear una burocracia centralizada que regule los discursos; o proponer la creación de 50 entidades que hagan esto en cada estado.

Una mejor opción, en línea con la Constitución, es reducir el poder de los gigantes de internet e incrementar el de los usuarios promoviendo una competencia real en el espacio de las redes sociales. Esto significa eliminar las barreras legales para el desarrollo de herramientas que les permitan a los usuarios controlar su propia experiencia en internet.

Esto sería mejor que entronar a Google, Facebook, Amazon, Apple y Twitter como los señores permanentes de internet para después luchar en cómo tratar de volverlos los más benignos posible.

En varias oportunidades hemos propuesto un marco de derechos humanos para la moderación de contenido llamado los Principios de Santa Clara y les hemos insistido a las compañías para que los adopten.

Los Principios ofrecen un marco para que la moderación de contenido a gran escala se realice respetando los derechos humanos. Promover la competencia en el espacio en línea ofrece un camino para que los problemas para regular información que tengan las grandes compañías sean un asunto menos importante.

Ninguno de estos fines pareciera poderse lograr a través de la orden ejecutiva. Y, sin embargo, la decisión tendrá efectos muy reales sobre varios tipos de discursos y, en consecuencias, sobre la opinión pública.

* La versión original de este texto fue publicada por la Electronic Frontier Fundation bajo una licencia Creative Commons. Puede ser consultado aquí.