Los temores giran alrededor de la privacidad

Riesgos y ventajas de la transformación digital

La OCDE anunció que Colombia es el primer país que, sin ser miembro activo de la organización, adopta sus recomendaciones en materia de gobierno digital. ¿Qué desafíos y oportunidades trae este proceso para el país?

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La idea de que cada ciudadano colombiano tenga un repositorio en línea para guardar una copia de su cédula, de su registro de nacimiento, de su historia clínica o de cualquier otro papel que le permita agilizar tiempo y economizar dinero en los trámites administrativos está cada vez más cerca de volverse realidad.

Esta iniciativa, definida por David Luna, ministro de las TIC, como una especie de Dropbox para almacenar documentos personales, es la apuesta más importante del Gobierno para promover la transformación digital en Colombia.

“Nuestro objetivo es ser un Estado cada vez más cercano a los ciudadanos, que ofrezca un amplio portafolio de servicios y oportunidades mediante el uso apropiado de la tecnología”, aseguró el ministro Luna durante la clausura de la Semana de Gobierno Digital.

Esta carpeta en línea también incluirá una copia de la historia laboral, las facturas y la firma electrónica. De acuerdo con el mintic, la posibilidad de tener estos documentos en la nube, para que cada vez que una entidad del Estado o una empresa privada los requiera, ayudará a Colombia a convertirse en la tercera economía más innovadora de América Latina en 2020.

En concreto, esta solución digital es un instrumento que complementa el programa “No más filas”. “De los 3.700 trámites que se pueden realizar en las distintas instituciones del país, ya hay 700 en línea y 1.000 parcialmente en línea. Además, un 75 % de los ciudadanos ya hacen algún tipo de diligencia por internet y el programa Máxima Velocidad acaba de reconocer a 44 entidades estatales por adecuar nuevos trámites en línea”, añadió Luna.

Según las cifras del Gobierno, la transformación digital de cada trámite cuesta en promedio $1.800 millones, y el esfuerzo fiscal se realiza entre las entidades y un fondo del Mintic, que en este momento destina $10.000 millones para apoyar este proceso de digitalización.

Tal vez sea por estas razones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reconoció a Colombia como la primera nación que, sin ser miembro activo de la organización, se adhiere a sus recomendaciones en materia de Gobierno Digital. “Una comisión encabezada por Luiz de Mello y Barbara Ubaldi, de la Dirección de Gobernanza Pública de este organismo, indicó que en Colombia hay promisorios elementos para potenciar el uso de tecnología y datos para convertir a los ciudadanos colombianos en protagonistas del quehacer del Estado, y de esta manera fortalecer los lazos de confianza con las instituciones públicas”.

Sin embargo, la irrupción de la transformación digital en la vida cotidiana de los ciudadanos también trae consigo una serie de desafíos que vale la pena analizar con cuidado. Tal como aseguró Tim Berners Lee, científico británico creador de la world wide web, en un documento sobre los principales riesgos futuros de internet, el cuidado de los datos personales es uno de los tres de los principales peligros que debe tratar de prevenir una sociedad cuando emprende el proceso de digitalización.

En el caso específico del repositorio en línea para guardar los documentos personales, que en algún punto del proceso se conoció como Carpeta Ciudadana, el mayor riesgo radica en cuál puede ser el destino final de la información privada e íntima de los ciudadanos. Por eso a varios sectores les preocupan las palabras del viceministro de las TIC, Daniel Quintero, cuando afirma que las empresas privadas también podrían tener acceso a estos datos para ofrecer promociones o vender nuevos productos. “Por ejemplo, si un ciudadano autoriza a Marsh, compañía mundial de seguros, a acceder a sus datos personales, la empresa podría pagar por la información y así sostener el sistema”.

Si bien Quintero hace énfasis en que el ciudadano tiene la potestad de autorizar o no si su información puede ser vista y reutilizada por el sector privado, el hecho de que la plataforma necesite la financiación de las empresas para su subsistencia cambia de forma radical el origen de esta idea. Sobre todo si se tiene en cuenta que en Colombia todavía hay gran analfabetismo digital y que muchas veces los usuarios permiten, de buena fe, que aplicaciones o personas accedan a sus datos sin saber muy bien los peligros que esto implica.

La idea, entonces, no es satanizar la transformación digital ni ponerles trabas a proyectos que pueden mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como la carpeta digital o los trámites en línea, sino analizar los riesgos que esto puede traer y tomar las prevenciones y las medidas correspondientes.

Una reciente encuesta de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) confirma que el temor de los colombianos en este tipo de trámites en internet todavía es muy alto. “De cada cuatro personas, solo una hace comercio electrónico; de cada cuatro, una no está conectada y dos están conectadas pero no hacen comercio electrónico”. Es decir 75% está conectado y solo 25% hace comercio electrónico y la razón, lo reconoce el propio ministro Luna, es la falta de confianza en el manejo de datos personales o financieros.