Si las redes son un arma de guerra, ¿qué se puede hacer al respecto?

Hace unos años, el grupo terrorista Al-Qaeda entendió que por medio de internet podían globalizar el terror que ejercían con sus bombas. Desde ese momento, no solo los islamistas radicales (como hoy lo hace el Estado Islámico), sino varias organizaciones criminales han aprovechado el incontrolable flujo de información para sembrar el miedo y provocar que distintos gobiernos y organizaciones les presten atención.

Pero el uso de estas plataformas no es exclusivo de los narcotraficantes mexicanos o de los radicalistas islámicos. Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en declaraciones dadas el pasado martes en un foro, Colombia también tuvo su cuota de terrorismo cibernético, pues según palabras del ministro, el paro armado del clan Úsuga de la semana pasada fue sobredimensionado por las redes e invitó a “abrir un debate mundial sobre la regulación de las redes sociales” para evitar que se conviertan en una nueva arma de guerra y de terror”. (Lea el editorial "La culpa no es de la información")

Y aunque el ministro no habló específicamente de regular redes sociales de manera gubernamental y posiblemente su objetivo de no darles visibilidad a los delincuentes es bueno, sus palabras parecieron tener un eco negativo, pues estas medidas están generalmente relacionadas con gobiernos totalitaristas, como China.

Esto generó una profunda desconfianza dentro de gente del sector de internet, pues, en general, la regulación de este tipo de herramientas por parte del Gobierno suele terminar mal.

“Desde hace varios años, el Gobierno ha pretendido regular aspectos de internet en detrimento de los usuarios. Las políticas públicas que se han intentado hacer en el país han sido criticadas internacionalmente. Afortunadamente no lo han logrado. Colombia necesita un libre flujo de la información”, explica Camilo Andrés García, docente universitario de temas digitales.

Pero lo más preocupante para el sector tecnológico es lo que puede ser entendido como apología de la violencia y el terrorismo. “Hace poco, Twitter borró la cuenta oficial del Eln. No se conocieron los detalles y se cortó un canal de comunicación que estaba sirviendo para que todo el mundo pudiera entender quién es esa guerrilla”, comentó García.

De esta manera, si, por ejemplo, un medio de comunicación está informando sobre un acto armado, o un ciudadano puede estar publicando fotos de un evento que está presenciando, eso, en un caso de regulación, puede ser algo censurable para el Gobierno. “Una ley sobre el tema corre el enorme riesgo de volverse una forma de censura y tener un efecto desproporcionado en la libertad de expresión e internet”.

No hace mucho tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pensaba que Wikileaks y Julian Assange eran una amenaza inminente para la libertad de los Estados Unidos, así que el Gobierno presionó a Amazon para que removiera los documentos de sus servidores en la nube y presionó a Visa y a PayPal a restringir las donaciones hacía la ONG.

Obviamente hay una gran diferencia entre lo sucedido con Wikileaks y lo ocurrido con el paro de los Úsuga o las decapitaciones del Daesh. Pero la próxima vez que los gobiernos intenten bloquear o censurar personas específicas, o grupos de las redes sociales, las diferencias ya no serán tan obvias. El área gris entre lo que el Gobierno considere como terrorista y el flujo normal de información en Twitter y Facebook puede volverse aún más gris. Y si son los gobiernos los que nos dicen cuáles son las cuentas que deben ser bloqueadas o censuradas, quedaremos en una situación sumamente compleja.

Así que, si en efecto el paro armado del clan Úsuga en Antioquia tuvo el impacto en redes sociales que el ministro de Defensa señaló, habría que explicarle que no es necesaria una legislación para regular estos contenidos, pues en estos casos hay varias acciones que se pueden tomar dentro de estos servicios para cerrarle el paso a la divulgación de discursos que apoyen el terrorismo, entre otras cosas.

Tanto Twitter como Facebook, por sólo mencionar dos herramientas, tienen términos de uso en los que muy claramente no se permiten cosas como el terrorismo o incitar al odio. Estas reglas se refuerzan mediante acciones como reportar las cuentas ante la empresa.

Estos reportes son analizados por equipos de personas que examinan si la queja del usuario en efecto tiene validez y si es una violación de los términos de uso. La respuesta sobre estos hechos suele darse en 48 horas, aunque esto también depende del tipo de violación.

La tarea de reportar, en la que también pueden estar involucradas las autoridades, comienza por los mismos usuarios. En este sentido, María Isabel Mejía, viceministra de las TI, dijo que “el tema de la ciberdelincuencia se está manejando desde el centro cibernético policial. Eso les compete específicamente a ellos”.

Lo importante entonces es entender que somos nosotros los usuarios los que tenemos el poder de replicar o censurar la información y nadie debe decirnos ni sugerirnos cómo hacerlo.

Hace unos años, el grupo terrorista Al-Qaeda entendió que por medio de internet podían globalizar el terror que ejercían con sus bombas. Desde ese momento, no solo los islamistas radicales (como hoy lo hace el Estado Islámico), sino varias organizaciones criminales han aprovechado el incontrolable flujo de información para sembrar el miedo y provocar que distintos gobiernos y organizaciones les presten atención.

Pero el uso de estas plataformas no es exclusivo de los narcotraficantes mexicanos o de los radicalistas islámicos. Según el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, en declaraciones dadas el pasado martes en un foro, Colombia también tuvo su cuota de terrorismo cibernético, pues según palabras del ministro, el paro armado del clan Úsuga de la semana pasada fue sobredimensionado por las redes e invitó a “abrir un debate mundial sobre la regulación de las redes sociales” para evitar que se conviertan en una nueva arma de guerra y de terror”. (Lea el editorial "La culpa no es de la información")

Y aunque el ministro no habló específicamente de regular redes sociales de manera gubernamental y posiblemente su objetivo de no darles visibilidad a los delincuentes es bueno, sus palabras parecieron tener un eco negativo, pues estas medidas están generalmente relacionadas con gobiernos totalitaristas, como China.

Esto generó una profunda desconfianza dentro de gente del sector de internet, pues, en general, la regulación de este tipo de herramientas por parte del Gobierno suele terminar mal.

“Desde hace varios años, el Gobierno ha pretendido regular aspectos de internet en detrimento de los usuarios. Las políticas públicas que se han intentado hacer en el país han sido criticadas internacionalmente. Afortunadamente no lo han logrado. Colombia necesita un libre flujo de la información”, explica Camilo Andrés García, docente universitario de temas digitales.

Pero lo más preocupante para el sector tecnológico es lo que puede ser entendido como apología de la violencia y el terrorismo. “Hace poco, Twitter borró la cuenta oficial del Eln. No se conocieron los detalles y se cortó un canal de comunicación que estaba sirviendo para que todo el mundo pudiera entender quién es esa guerrilla”, comentó García.

De esta manera, si, por ejemplo, un medio de comunicación está informando sobre un acto armado, o un ciudadano puede estar publicando fotos de un evento que está presenciando, eso, en un caso de regulación, puede ser algo censurable para el Gobierno. “Una ley sobre el tema corre el enorme riesgo de volverse una forma de censura y tener un efecto desproporcionado en la libertad de expresión e internet”.

No hace mucho tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos pensaba que Wikileaks y Julian Assange eran una amenaza inminente para la libertad de los Estados Unidos, así que el Gobierno presionó a Amazon para que removiera los documentos de sus servidores en la nube y presionó a Visa y a PayPal a restringir las donaciones hacía la ONG.

Obviamente hay una gran diferencia entre lo sucedido con Wikileaks y lo ocurrido con el paro de los Úsuga o las decapitaciones del Daesh. Pero la próxima vez que los gobiernos intenten bloquear o censurar personas específicas, o grupos de las redes sociales, las diferencias ya no serán tan obvias. El área gris entre lo que el Gobierno considere como terrorista y el flujo normal de información en Twitter y Facebook puede volverse aún más gris. Y si son los gobiernos los que nos dicen cuáles son las cuentas que deben ser bloqueadas o censuradas, quedaremos en una situación sumamente compleja.

Así que, si en efecto el paro armado del clan Úsuga en Antioquia tuvo el impacto en redes sociales que el ministro de Defensa señaló, habría que explicarle que no es necesaria una legislación para regular estos contenidos, pues en estos casos hay varias acciones que se pueden tomar dentro de estos servicios para cerrarle el paso a la divulgación de discursos que apoyen el terrorismo, entre otras cosas.

Tanto Twitter como Facebook, por sólo mencionar dos herramientas, tienen términos de uso en los que muy claramente no se permiten cosas como el terrorismo o incitar al odio. Estas reglas se refuerzan mediante acciones como reportar las cuentas ante la empresa.

Estos reportes son analizados por equipos de personas que examinan si la queja del usuario en efecto tiene validez y si es una violación de los términos de uso. La respuesta sobre estos hechos suele darse en 48 horas, aunque esto también depende del tipo de violación.

La tarea de reportar, en la que también pueden estar involucradas las autoridades, comienza por los mismos usuarios. En este sentido, María Isabel Mejía, viceministra de las TI, dijo que “el tema de la ciberdelincuencia se está manejando desde el centro cibernético policial. Eso les compete específicamente a ellos”.

Lo importante entonces es entender que somos nosotros los usuarios los que tenemos el poder de replicar o censurar la información y nadie debe decirnos ni sugerirnos cómo hacerlo.