Spotify pasa por días complicados luego de que tratara de imponer una política para castigar a artistas acusados de malas conductas personales.
Todo comenzó el 10 de mayo, cuando la compañía dijo que sacaría de sus listas de reproducción a R. Kelly y a XXXTentacion (el primero es acusado de estupro y el segundo de maltrato contra una mujer embarazada). La medida buscaba bajar la notoriedad de los artistas en la plataforma, pues las listas de reproducción son el camino para que la mayoría de los usuarios lleguen a música nueva. Esto, sin embargo, no significa que se retiraba la música del sitio, cabe aclarar.
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La medida fue aplaudida por muchos, pero encendió una dura resistencia de parte de varias casas disqueras e, incluso, de algunos empleados de la compañía, según se ha conocido por varios reportes en medios.
En su momento, XXXTentacion le dijo al diario The New York Times que hay por lo menos una docena de otros artistas que enfrentan acusaciones similares sin que hayan sido castigados por Spotify de ninguna forma.
El paso que tomó la compañía que dirige Daniel Ek es una de las medidas para regular el discurso que incite al odio, aunque el mismo Ek ha admitido que ésta sigue siendo una política en la que se está trabajando y continúa en construcción.
La política de conducta ha sido especialmente impopular entre los artistas y ejecutivos que trabajan en el hip-hop, el género más vendido en la industria de la música de Estados Unidos. Los ejecutivos se han preguntado en privado por qué los dos artistas señalados son negros, mientras que muchos hombres blancos con historias de violencia salieron ilesos.
Ahora, además de estos cuestionamientos, hay uno de fondo que no parece tener una respuesta fácil y es la habilidad, o idoneidad, de una compañía como Spotify para castigar a los artistas: ¿cuáles son las credenciales morales de una empresa para ejercer estas medidas?
De cierta forma, el interrogante también aplica para otras plataformas en internet, pues la autoridad que ejercen para vigilar o regular el contenido puede, a veces, afectar asuntos fundamentales como la libertad de expresión o los derechos a la intimidad y privacidad.
Puede que no sea el caso de Spotify en este momento, pero, en últimas, es uno más de los ejemplos sobre los retos que tienen las compañías de internet para ofrecer un mejor servicio, en concordancia con los estándares sociales (globales) que sus usuarios esperan que cumplan.
No se trata de avalar las malas conductas de los creadores de contenido. El caso Harvey Weinstein ciertamente sirve de ejemplo de cómo callar y seguir adelante no es una opción. Pero lo que ha ocurrido con Spotify también ejemplifica las dificultades de ejercer esos controles a escala global.
Este miércoles, durante un evento en California, Ek señaló que “lo hicimos mal. Podríamos haber hecho un trabajo mucho mejor”. La compañía dio reversa en algunas de las medidas que había tomado, aunque aún se encuentra en el diseño de la política contra el discurso de odio.
“Lo que tratamos de hacer fue castigar el discurso de odio. La idea no era ser una policía moral que determinara quién hizo bien y quién hizo mal. No queremos ser jueces ni policía moral”, dijo Ek.
La compañía entró recientemente a cotizarse en bolsa. Esto le añade presión extra para tener una buena relación con los artistas y sus representantes, pues buena parte de su éxito depende de cultivar vínculos exitosos con los creadores del contenido sobre el cual está construida toda la experiencia que ofrece la empresa.