Varios jugadores del sector turismo/tecnología se encuentran alarmados, por decir lo menos, por un borrador de decreto del Ministerio de Comercio que traería nuevas reglas en términos del Registro Nacional de Turismo, entre otros asuntos.
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Las medidas que contemplaría el decreto, que estuvo para comentarios hasta este 17 de diciembre, tienen el potencial de alterar el funcionamiento del alquiler de viviendas para fines turísticos que se hace a través de grandes plataformas, como Airbnb, pero que también algunos operan bajo paraguas menos glamorosos y corporativos.
El Ministerio ha dicho que la motivación detrás de la medida “no es regular ni limitar a las plataformas digitales como Airbnb, sino asegurar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento, independientemente del canal que utilicen, cumplan reglas claras y operen bajo condiciones de formalidad, responsabilidad y condiciones de transparencia”.
Sin embargo, Juan Camilo Vargas, director ejecutivo de Asohost (que representa a los prestadores de servicio de viviendas turísticas), tiene una visión bastante divergente de la medida, que también ha sido criticada por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).
Vargas asegura que ha habido presiones de otros gremios en el proceso de redacción del decreto y habla de un afán institucional en todo este proceso que, argumenta, no va a beneficiar a nadie.
¿Cuáles son los principales problemas que han visto en el borrador de decreto?
Desde Asohost hemos insistido en la necesidad de ser convocados a los espacios de diálogo y concertación, teniendo en cuenta que representamos al gremio de la vivienda turística y que varios de los puntos más sensibles del proyecto afectan directamente a este segmento.
Uno de los principales cambios propuestos es transformar el Registro Nacional de Turismo (RNT) liderado por cámaras de comercio desde Confecamaras, el cual hoy es un registro ágil y sencillo y transformarlo en un sistema altamente documental. Esta transformación implica que los prestadores deban cargar múltiples certificados que, en muchos casos, son de difícil o incluso imposible expedición.
¿Como qué medidas?
Por ejemplo, se exigiría certificado de bomberos a viviendas turísticas ubicadas en zonas rurales donde no existe cuerpo de bomberos, o certificados de uso de suelo en municipios cuyos planes de ordenamiento territorial están desactualizados o no contemplan la figura de vivienda turística. Hemos hecho análisis sobre esta figura de uso del suelo y nos hemos dado cuenta de que cerca de 76 % de los POT en el país se encuentran desactualizados, lo que generaría una barrera estructural para la formalidad.
Además, se plantean requisitos sanitarios y técnicos pensados para grandes hoteles o complejos turísticos, pero que resultan desproporcionados para pequeños prestadores: una habitación en la casa de una familia rural o una vivienda administrada por una persona que complementa sus ingresos no puede ser tratada bajo los mismos parámetros que un hotel de 300 habitaciones. Esta equiparación desconoce la realidad de la economía popular del turismo.
¿Qué impacto podría tener el decreto si se expide como estaba redactado en el borrador?
El riesgo es significativo. Hoy existen más de 70.114 viviendas turísticas legalmente inscritas en el RNT. Además, este sector genera alrededor de 215.000 empleos, aporta 10,6 billones de pesos anuales al erario nacional y recibe más de 8,4 millones de huéspedes cada año. Las medidas propuestas podrían poner en riesgo no solo la continuidad de estos prestadores, sino también el acceso de millones de usuarios nacionales e internacionales a este modelo de alojamiento. Además, podrían empujar a la informalidad a miles de personas que dependen económicamente de este tipo de servicios.
¿El Ministerio ha mostrado cifras sobre impacto de la medida?
Advertimos una ausencia profunda de estadísticas sólidas que sustenten la propuesta normativa. Nosotros solicitamos que antes de tomar cualquier decisión, existan estudios con metodologías claras, muestreos representativos y conclusiones verificables. Más que expedir un decreto rápidamente, lo fundamental es que este beneficie realmente al turismo, a los emprendedores y a la economía popular.
¿Ha habido acercamientos o charlas con el Ministerio de Comercio?
Acabamos de participar en una mesa técnica convocada por el Ministerio, junto a delegados de AmCham Colombia, Cotelco, Anato, la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), plataformas digitales y otros gremios.
¿Qué resultados hay de ese encuentro?
Lo que nos dejó es incierto porque sólo se logró avanzar únicamente en el análisis del primer punto relacionado con la interoperabilidad de plataformas. Allí se concluyó que, desde el punto de vista técnico y tecnológico, se trata de un proceso altamente complejo, que requiere la participación no solo de una plataforma específica, sino de todas las existentes, así como de expertos en tecnología e integraciones vía API.
Durante la mesa, el Ministerio manifestó que la urgencia de expedir el decreto obedece al cambio de gobierno y a compromisos adquiridos por la ministra. Desde Asohost expresamos nuestra preocupación frente a que los tiempos y afanes políticos prevalezcan sobre los intereses de los usuarios y del tejido empresarial del sector.
El punto de interoperabilidad del decreto pareciera algo bueno para el sector…
Aunque el objetivo de fortalecer el cumplimiento normativo es válido, en la práctica existen serias limitaciones técnicas que lo convierten en algo casi utópico. Plataformas como el SIRE de Migración Colombia no cuentan actualmente con la infraestructura tecnológica ni con contratos activos de mantenimiento que permitan una interoperabilidad real. Esto haría inviable la implementación del sistema tal como está planteado.
Nos preocupa que se esté trasladando a plataformas digitales funciones de vigilancia y control que corresponden exclusivamente al Estado, no a un privado.
El decreto también habla del fortalecimiento del RNT…
En el discurso general, nadie estaría en desacuerdo con mejorar los estándares de calidad, cumplimiento normativo y seguridad. Ese argumento, en términos generales, resulta incuestionable.
Sin embargo, cuando se pasa del enunciado a un análisis técnico riguroso, lo que se evidencia es que varios de los cambios propuestos no conducirían a una mayor formalización ni a mejores prácticas, sino que, por el contrario, podrían empujar a una parte significativa del sector hacia la informalidad. Incluso, se plantean escenarios de mayor control y persecución institucional sin que exista un sustento técnico claro que justifique dichas medidas.
Un ejemplo concreto es el debate sobre la interoperabilidad, que es un asunto eminentemente tecnológico. En las mesas de trabajo no se presentaron estudios técnicos ni participaron expertos en tecnología que permitieran evaluar la viabilidad real de estas integraciones. No es suficiente exigir a las plataformas digitales que “cumplan” con ciertos requerimientos si, en la práctica, estos no son técnicamente alcanzables. Actualmente, solo una plataforma como Airbnb ha logrado avanzar parcialmente en procesos de interoperabilidad con el Registro Nacional de Turismo, y esto se explica, en gran medida, por su solidez financiera y por contar con equipos técnicos altamente especializados. Este escenario genera una barrera de entrada evidente para plataformas pequeñas, locales o emprendimientos tipo startup, que difícilmente podrían asumir estos costos y exigencias.
¿Qué mensaje final dejan sobre la mesa alrededor de esta discusión?
Hacemos un llamado al Gobierno nacional para que, si realmente existe un compromiso con la protección de las economías populares, los proyectos de decreto se construyan con el tiempo necesario, con una discusión profunda y con plazos de implementación razonables. Aquí no se está regulando una plataforma digital en abstracto: se está impactando directamente el sustento de miles de familias. Lo que el sector privado, los emprendedores y los empresarios sabemos hacer es trabajar de manera rigurosa y concertada, apoyados en expertos, datos y evidencia. Sólo así, los ajustes al RNT dejarán de responder a narrativas ideológicas y pasarán a sustentarse en resultados medibles y estadísticas claras.
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