Cierre del Parque Tayrona indefinidamente: claves para entender el conflicto

El Parque Tayrona está ubicado en el Caribe colombiano.

Foto: Parques Naio

El Parque Nacional Natural Tayrona es, desde hace años, uno de los destinos más visitados de Colombia. Sus playas de aguas transparentes, la diversidad de sus ecosistemas y la posibilidad de alojarse en entornos que privilegian la conservación lo han convertido en un referente del turismo de naturaleza en el país. Sin embargo, hoy atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años.

El Gobierno Nacional anunció la suspensión temporal del ingreso al Parque Nacional Natural Tayrona tras una serie de hechos registrados en distintos sectores del área protegida que, según las autoridades, impiden garantizar condiciones adecuadas para visitantes, comunidades y personal institucional.

La decisión busca proteger uno de los territorios de mayor riqueza ambiental, cultural y espiritual del país, donde confluyen ecosistemas estratégicos y comunidades ancestrales, y preservar los derechos a la vida, la integridad y la seguridad de guardaparques, trabajadores y turistas.

Le podría interesar: El lado oscuro del turismo que destapó Bad Bunny en Medellín

¿Qué pasó en el Tayrona?

El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona no fue una decisión repentina. Según explicó el director general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, y como quedó consignado en la Resolución 091, la medida adoptada fue el desenlace de una serie de hechos acumulados desde finales de 2025 que terminaron por desbordar las garantías mínimas de seguridad y gobernanza dentro del área protegida.

El conflicto se remonta a diciembre de 2025, cuando integrantes de la Junta de Acción Comunal El Zaino ingresaron materiales de construcción al parque y levantaron infraestructuras para servicios ecoturísticos —senderos, una vivienda, un quiosco y baterías sanitarias— sin autorización ambiental.

“Inicialmente, optamos por procesos pedagógicos y espacios de diálogo. Al no cesar las intervenciones, solicitamos la articulación de CONALDEF, que reúne a la Policía, la Procuraduría, la Defensoría y el Ministerio de Defensa en casos de delitos ambientales”, señaló el director.

Las estructuras fueron desmontadas y decomisadas el 11 de febrero, en el sector de Cañaveral, dentro de un proceso judicial por presunto delito ambiental. Ese operativo marcó un punto de quiebre. A partir de entonces comenzaron a circular videos y mensajes con amenazas contra la jefatura del parque y su equipo, lo que encendió las alertas sobre la seguridad de funcionarios y visitantes.

“Posteriormente, emitimos una resolución para clausurar temporalmente el sector de Cañaveral debido a inundaciones que dejaron varias infraestructuras inhabilitadas e incluso destruidas. La decisión buscaba prevenir riesgos, proteger la biodiversidad y salvaguardar tanto a los visitantes como al equipo de guardaparques mientras se realizaban las evaluaciones técnicas”, explicó Olmedo.

La tensión escaló el 17 de febrero, cuando desde primeras horas se reportaron bloqueos en El Zaino y posteriormente en Calabazo y Neguanje. En estos puntos, grupos de personas permitieron el ingreso de turistas por su cuenta, realizaron cobros ajenos a la autoridad ambiental y desconocieron las restricciones vigentes, adoptadas tras las afectaciones ambientales.

Para la entidad, el desconocimiento de estas medidas y los hechos posteriores no solo vulneran la función pública de los guardaparques, sino que podrían configurar contravenciones o incluso delitos. En ese contexto, se consolidó —según Parques Nacionales— un escenario sin garantías suficientes para la gestión ambiental ni para la seguridad de funcionarios y turistas.

La Resolución 091 también hace referencia a la Alerta Temprana 020 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, que identificó el territorio del Tayrona como un escenario de riesgo por posibles violaciones a derechos humanos y por la presencia de estructuras armadas ilegales que ejercen control social y territorial en zonas protegidas.

Lo que dicen las comunidades

Para las comunidades, el reclamo central —expresado por el gobernador kogui Atanasio Moscote— es la coadministración del parque entre autoridades indígenas, campesinas y Parques Nacionales. No se trata, dicen, de una participación simbólica, sino de tener capacidad real de decisión sobre el manejo del territorio y el acceso a los beneficios derivados del turismo.

El detonante inmediato, según los líderes, fue la demolición de esas estructuras. “Eso fue lo que nos hizo cansarnos de los atropellos y tomar esta posición, que mantendremos hasta que se reconozcan nuestros derechos sobre el parque”, sostuvo Moscote desde la entrada del sector El Zaino, mientras las autoridades permanecían en el perímetro sin lograr hacer efectivo el cierre.

“No han querido reconocernos como autoridad en el territorio y, como consecuencia de eso, se ha estado afectando a la comunidad indígena que está acá en el parque, vulnerando sus derechos al trabajo, a la vida y a la permanencia en el territorio. Las infraestructuras desmontadas podrían servir como medio de sustento para las comunidades kogui del Magdalena”, manifestó.

Actualmente, comunidades indígenas permanecen dentro del parque y mantienen el ingreso a turistas pese al decreto de cierre. El gobernador kogui reiteró que la movilización continuará hasta que el Gobierno Nacional atienda sus exigencias y se instale un espacio formal de concertación.

Afectaciones al turismo

El cierre del Parque Nacional Natural Tayrona no tiene, por ahora, una fecha definida de reapertura. La resolución establece que la medida se mantendrá hasta que existan garantías claras de seguridad y gobernanza dentro del área protegida, y su levantamiento dependerá de un concepto técnico favorable emitido por la Oficina de Gestión del Riesgo.

“Nosotros queremos abrir el parque lo más pronto posible. No es nuestro interés mantenerlo cerrado. Los guardaparques realizan una labor admirable y el contacto con los visitantes es parte esencial de su trabajo. Pero no se podrá reabrir hasta que estén garantizadas las condiciones de gobernabilidad y seguridad”, afirmó Olmedo.

En esa línea, explicó que la reapertura exige un diálogo amplio con la Gobernación del Magdalena, la Alcaldía, las comunidades locales, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, los prestadores de servicios ecoturísticos y los gremios del sector.

El objetivo es fijar consensos claros sobre lo permitido y lo prohibido dentro del parque. “Todos los que se benefician de este territorio debemos sentarnos en la misma mesa. Es una oportunidad para reafirmar el compromiso con la conservación, pero también un desafío para mantenernos dentro del marco de la legalidad”, señaló el director.

El impacto económico del cierre es considerable. El Tayrona recibe más de 850.000 visitantes al año y se ubica entre los parques nacionales más visitados del país. Según estimaciones de la entidad, la derrama económica supera los 200.000 millones de pesos en su primer círculo de influencia, lo que lo convierte en uno de los principales motores del turismo en el Magdalena.

¿Qué pasará a futuro?

Parques Nacionales reiteró su disposición a mantener abierta la mesa de diálogo, con el fin de armonizar la conservación ambiental y la preservación cultural. Sin embargo, el director enfatizó que la misión de los parques nacionales trasciende la actividad turística y los intereses económicos.

“En el Tayrona existe un modelo de gobernanza construido junto a los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada, que contempla espacios de concertación con comunidades campesinas y prestadores de servicios turísticos. Este esquema busca equilibrar la protección de la biodiversidad con el respeto por la diversidad cultural del territorio”, explicó.

Asimismo, subrayó que el valor del Tayrona no radica únicamente en su atractivo paisajístico. “Estos ecosistemas son esenciales para la protección del agua, la calidad del aire y la regulación del clima. Los parques nacionales están llamados a conservarse a perpetuidad”, puntualizó.

El debate está en su punto máximo, el cual girará estos días en torno a dos ejes centrales: la seguridad y el reconocimiento. Para la institucionalidad, la prioridad es restablecer condiciones que garanticen la protección ambiental y el orden dentro del área protegida.

Para muchas comunidades del Magdalena, en cambio, el Tayrona encarna una paradoja, un territorio que genera millonarios ingresos por turismo, mientras poblaciones vecinas continúan enfrentando carencias básicas y limitadas oportunidades de desarrollo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.