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Gremios del turismo formal del país exigen al gobierno eliminar de inmediato esta modalidad de comercialización, por considerarla ineficiente, desorganizada y perjudicial tanto para los viajeros como para la imagen internacional del destino.
Desde el pasado 1 de agosto, el Ministerio de Cultura implementó un nuevo sistema de venta presencial de hasta 1.000 boletos diarios en la Casa de la Cultura del pueblo Machu Picchu. Con horarios extendidos desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, la medida busca reducir las largas filas y mejorar la atención a los visitantes mediante más ventanillas, orientación directa y pago digital. Sin embargo, para buena parte del sector turístico formal, el cambio no resuelve los problemas de fondo.
Un sistema que genera caos
Los gremios denuncian que la venta presencial, lejos de ordenar el acceso, genera incertidumbre, promueve la reventa informal, incrementa los costos para el turista y obliga a pernoctar en el pueblo una noche adicional sin garantía de entrada. Además, según denuncian, algunos operadores internacionales han comenzado a retirar a Perú de sus catálogos turísticos debido a la falta de certeza en la disponibilidad de entradas.
“El sistema actual expone a los turistas a desinformación y condiciones inestables. No responde a estándares internacionales ni a la categoría de destino mundial que representa Machu Picchu”, señalaron en un comunicado conjunto gremios como Canatur, Apotur, AATC, Apavit, entre otros.
La situación ha escalado hasta el punto en que solicitan la creación de una plataforma única de venta digital, transparente y auditable, que ponga fin a los mecanismos presenciales y permita una planificación real del viaje.
Turismo sin coordinación
Uno de los principales reclamos de los gremios es la exclusión del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) en la toma de decisiones sobre Machu Picchu, pese a ser la entidad encargada del desarrollo del turismo nacional. Actualmente, la gestión recae en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, órgano del Ministerio de Cultura, cuyas decisiones son calificadas por los empresarios como “políticas y sin criterio técnico”.
“Machu Picchu no puede seguir administrado bajo presiones sociales o criterios políticos”, afirman los gremios, quienes también han solicitado la instalación de una mesa técnica con participación del sector privado, con el objetivo de construir soluciones de largo plazo.
La tensión por la gestión de Machu Picchu no es reciente. En mayo pasado, la Contraloría General de Perú advirtió que la sobrecarga turística pone en riesgo la estructura y ecosistema del sitio arqueológico y de la Red de Caminos Inca, lo que podría llevar a que la Unesco lo incluya en su lista de patrimonio mundial en peligro.
Actualmente, el aforo diario para la ciudadela inca es de 4.500 personas en temporada baja y 5.600 en temporada alta. Si bien la mayoría de boletos se venden en línea a través de una web oficial, 1.000 se destinan a la venta directa, generando presión sobre la logística local y comprometiendo la experiencia del visitante.
¿Una modernización improvisada?
El ministro de Cultura, Fabricio Valencia, ha defendido la nueva modalidad, destacando avances como el seguimiento en tiempo real del aforo, la venta con solo pasaporte o DNI, y facilidades para personas con discapacidad. También se ha eliminado la antigua modalidad de pre-ticket, aunque se mantendrá durante festividades nacionales como Fiestas Patrias, cuando la demanda se dispara.
No obstante, el fondo del conflicto no parece estar en la tecnología utilizada, sino en la falta de un modelo integral de gestión turística y patrimonial. La desconexión entre las instituciones públicas, la improvisación en las decisiones y la poca participación del sector privado han generado un ambiente de incertidumbre que amenaza tanto el atractivo como la sostenibilidad del destino.