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La principal queja es la superación reiterada del límite de 20 millones de pernoctaciones turísticas anuales en la ciudad, establecido oficialmente en 2021. El colectivo le dio un plazo de dos semanas para responder y tomar medidas concretas.
La iniciativa parte de la fundación “Amsterdam heeft een Keuze” (Ámsterdam puede elegir), promotora de la propuesta ciudadana que llevó a la aprobación de una ordenanza municipal en 2021. “Hemos tenido una paciencia infinita, pero el límite se rebasa año tras año. No nos queda más remedio que acudir a la Justicia”, declaró Jasper van Dijk, uno de los fundadores, al diario Het Parool.
En su momento, la propuesta obtuvo el respaldo de más de 30.000 firmas y fue aprobada casi por unanimidad en el concejo municipal. El acuerdo estipula que, si se supera el umbral de las 20 millones de pernoctaciones, el ayuntamiento debe intervenir. Sin embargo, en 2023 se registraron 22,1 millones de estancias turísticas, y en 2024 la cifra ha subido a más de 23 millones. Según previsiones, el número podría llegar a los 25 millones en los próximos años.
“El propio ayuntamiento estableció ese límite. Si no lo va a hacer cumplir, entonces que lo cambie. Pero lo que no puede hacer es ignorarlo”, insiste Van Dijk. El lunes pasado la fundación envió una carta formal al municipio como paso previo a una demanda judicial, en la que también detallan los impactos negativos del turismo desbordado.
Entre las consecuencias que denuncian están la sustitución de comercios tradicionales por tiendas de recuerdos, la proliferación de hoteles y alojamientos turísticos, y el deterioro del espacio público, con aceras atestadas de grandes grupos de visitantes. “La esencia de Ámsterdam se está perdiendo”, advierten.
Si bien el ayuntamiento ha adoptado ciertas medidas —como prohibir fumar marihuana en el Barrio Rojo, reducir horarios en bares y restaurantes, imponer reglas más estrictas a los cruceros fluviales y aumentar el impuesto turístico—, la fundación considera que estas acciones son insuficientes para mantener el turismo dentro de los límites acordados.
Entre las soluciones que proponen se encuentra la aplicación del llamado “criterio de residentes”, que impediría a los turistas acceder a los ‘coffeeshops’, así como un incremento significativo del impuesto turístico, una medida que, según un estudio del propio ayuntamiento, tendría efectos reales.
Finalmente, la fundación hace un llamado a la ciudadanía para que se sume a la causa. “No somos solo cuatro vecinos enfadados. Representamos a miles de personas que quieren un cambio. Esto es una forma de hacerlo visible”, concluye Van Dijk.