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El país se adentra en un círculo vicioso de crecimiento económico tibio e ingresos tributarios bajos, mientras el Gobierno del presidente Gustavo Petro evalúa déficits presupuestarios más amplios y los inversionistas analizan el deterioro de las perspectivas fiscales.
El año pasado se registró el peor crecimiento del país desde 1999 —exceptuando la pandemia— y las cifras del primer trimestre de la semana pasada mostraron que el producto interno bruto se expandió un 1,1 % frente a los tres meses anteriores. Eso es apenas la mitad de la tasa prevista y agudiza las preocupaciones de que la debilitada economía afecte los resultados del Gobierno.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, trata de manejar la crisis que se está gestando. Busca posponer un pago que ordenó la corte, presiona a los legisladores y critica al director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por sus menores ingresos. Mientras tanto, Petro ha culpado a las altas tasas de interés del Banco de la República de frenar la demanda y el crecimiento.
La Administración dijo a los mercados que esperaban un déficit presupuestario equivalente al 5,3 % del PIB este año, pero Bonilla ha planteado la posibilidad de pedir al Congreso que cambie una norma que busca evitar el endeudamiento excesivo del Gobierno. El próximo mes, el Gobierno publicará nuevas estimaciones macroeconómicas como parte de un plan fiscal revisado.
William Snead, estratega del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, dijo en entrevista que a los inversionistas no les gustan las sorpresas y una revisión financiera a mediano plazo que presenta cifras peores de lo previsto podría hacer bajar los precios de los bonos, como reacción inicial.
La deuda del país ha anotado algunos de los peores resultados en Sudamérica este año provocando, a los inversionistas, pérdidas del 3,2 %, mientras que los bonos soberanos de los mercados emergentes ganaron un 2,1 % durante el mismo período, según un índice de Bloomberg. Aunque los rendimientos han aumentado en los últimos meses, más señales de alerta en el aspecto fiscal podrían ejercer una presión adicional sobre los precios.
Algunos inversionistas creen que los riesgos fiscales actuales ya están descontados, dado que los diferenciales de bonos colombianos son más amplios que los de sus pares con calificaciones similares. Armando Armenta, estratega de mercados emergentes de AllianceBernstein, afirmó que si no hay cambios en la regla fiscal que impliquen un deterioro continuo, que conduzca a más rebajas, seguirá siendo un país barato con calificación BB.
Las agencias calificadas observan la situación de cerca, y Fitch Ratings advirtió la semana pasada que prevé un riesgo creciente de que el Gobierno no alcanzará su meta fiscal actual. Fitch y S&P Global ya han rebajado la calificación de Colombia en grado especulativo, mientras que Moody’s Ratings todavía la mantiene en Baa2 (la segunda calificación más baja de grado de inversión) con una perspectiva estable.
Renzo Merino, analista de Moody’s, dijo en entrevista que si ven que hay cambios en la regla fiscal que podrían conducir a un deterioro de los indicadores de deuda en los próximos años, eso podría ejercer presión sobre el perfil crediticio.
Bonilla pronostica que la economía de Colombia se expandirá un 1,5 % en 2024, lo que marcaría un segundo año de bajo crecimiento. Su oficina rechazó múltiples solicitudes de comentarios la semana pasada. Pero el 2 de mayo, el ministro de Hacienda dijo que una cosa era tener una regla fiscal con un país que crece al 3 %, 4 % o 10 %, y otra es una regla fiscal en un país que el año pasado creció solo un 0,6 %.
Colombia enfrenta las tasas de interés más altas entre sus pares con metas de inflación. El Fondo Monetario Internacional indicó anteriormente este año que su fuerte contracción en la inversión probablemente refleja no solo una política monetaria estricta sino también una mala calibración de la política fiscal y la incertidumbre en torno a las ambiciosas reformas del Gobierno de Petro
La principal preocupación de las agencias calificadoras es si la deuda comienza a aumentar hasta el punto de volverse insostenible. Gracias en parte a la reciente fortaleza del peso colombiano, que ha subido más del 18 % en los últimos 12 meses, la relación deuda-PIB del país cayó a 52,8 % el año pasado desde un máximo del 60,7 % en el peor momento de la pandemia. Pero el Gobierno prevé que vuelva a subir al 57 % este año.
Las cuentas de Colombia están bajo presión porque los ingresos tributarios no están a la altura de las expectativas. Un sindicato de trabajadores tributarios reveló que los ingresos hasta abril fueron US$3.100 millones (o 0,8% del PIB) inferiores a las previsiones del Gobierno, lo que llevó al jefe de Hacienda a exigir públicamente una explicación al director de la agencia.
Bonilla, uno de los aliados más cercanos de Petro, que fue nombrado en abril de 2023 después de que el presidente despidiera a José Antonio Ocampo, economista de gran prestigio, está tratando de encontrar cualquier ingreso adicional.
La semana pasada, intentó convencer a la Corte Constitucional de retrasar la ejecución de un fallo que obliga al Gobierno a devolver US$1.800 millones en regalías fiscales a las empresas petroleras y mineras. Una decisión sobre esa solicitud se tomará en dos semanas aproximadamente, pero después de la audiencia la junta judicial se mostró escéptica de que la sostenibilidad fiscal de la nación estuviera en riesgo, como había argumentado el ministro.
“Credibilidad perdida”
Cuando Fitch despojó a Colombia de su calificación de grado de inversión en 2021, incorporó el deterioro de las métricas fiscales y de deuda que enfrenta ahora el Gobierno.
“Pensábamos que Colombia ya había perdido credibilidad en política fiscal, así que no es una sorpresa”, dijo el analista de Fitch Richard Francis en una entrevista. “Ya no decimos que la credibilidad de la política macro es una fortaleza para Colombia”.
La agencia califica a Colombia en BB+ con perspectiva estable, con otra revisión prevista para julio. Francis dijo que está atento a señales de que el crecimiento económico pueda recuperarse al 3 % ya una estrategia creíble para al menos estabilizar los niveles de deuda.
S&P otorga a Colombia la misma calificación que Fitch, pero en enero rebajó la perspectiva del país a negativa, citando el riesgo de un período prolongado de débil expansión económica. Manuel Orozco, analista de la agencia con sede en México, dijo que la perspectiva negativa podría resultar en una rebaja de la calificación crediticia si se continúa con una inversión privada lánguida y un crecimiento lento.
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