“El Estado argentino es cómplice”: expertas sobre crimen de odio contra lesbianas

Discursos de odio legitimados por el gobierno, falta de políticas públicas LGBTIQ+ y situación de extrema pobreza de esta población, son las razones por las que expertas y organizaciones consideran que el Estado argentino es el segundo agresor de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía.

Alejandra Ortíz
16 de mayo de 2024 - 11:19 p. m.
Discursos de odio legitimados por el gobierno, falta de políticas públicas LGBTIQ+ y situación de extrema pobreza de esta población, son las razones por las que expertas y organizaciones consideran que el  Estado argentino es  el segundo agresor de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía.
Discursos de odio legitimados por el gobierno, falta de políticas públicas LGBTIQ+ y situación de extrema pobreza de esta población, son las razones por las que expertas y organizaciones consideran que el Estado argentino es el segundo agresor de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía.
Foto: @losperrosjueganparasiempre

El crimen de odio perpetrado contra Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, cuatro mujeres lesbianas, el pasado 5 de mayo, es sólo la punta de un iceberg de odio que congela los derechos de la población LGBTIQ+ en Argentina. Tres de ellas murieron y una sobrevivió a un ataque homofóbico. Según las expertas, la situación actual del país en cuanto a los derechos humanos, la discriminación y la violencia viene anclada directamente a las políticas de gobierno del presidente Javier Milei.

En el panel de la Red de Organizaciones de Lesbianas y Mujeres Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe (LESLAC), realizado este jueves 16 de mayo, diferentes colectivos y organizaciones de mujeres y lesbianas expusieron que el caso de Pamela, Roxana, Andrea y Sofía evidencia tres situaciones que la población LGBTIQ+ está viviendo en este momento en Argentina: los discursos de odio legitimados por el Estado que se traducen en hechos violentos, el abandono del gobierno en materia de políticas públicas y garantía de derechos LGBTIQ+ y la situación de vulnerabilidad en la que viven cientos de personas con identidades sexuales diversas alrededor del país.

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Desde 2023, diversas organizaciones sociales alertaron sobre los discursos de odio que la campaña del entonces candidato presidencial Milei estaba reproduciendo y proyectando como bandera de gobierno. Según un informe del Observatorio de Crímenes de Odio LGBT+ de Argentina, durante la campaña presidencial de Milei, “hubo muchísimas declaraciones agraviantes por parte de gente de este partido político hacia la comunidad LGBT+ y hacia la agenda por la igualdad”.

Pero estos discursos no se quedaron sólo en la campaña, pues el pasado 13 de mayo, en la conferencia de prensa que realiza diariamente Manuel Adorni, vocero del presidente Javier Milei, negó que el caso de estas cuatro mujeres se tratara de un crimen de odio. “No me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo”, mencionó. Agregando que “es injusto hablar solo de este episodio cuando la violencia es más abarcativa”.

Horas después, publicaría un mensaje en su cuenta de X alegando que la palabra “lesbicidio” no existe, como respuesta a los cuestionamientos de la diputada Romina del Plá sobre sus declaraciones sobre el crimen de odio y el recorte en el presupuesto de género en el país. Para miembros de la organización Alerta Torta Córdoba, estas respuestas no son más que una minimización de la situación de crimen de odio que sufrieron estas mujeres, “ni siquiera fue capaz de decir la palabra ‘lesbiana’”, agregó una de las integrantes de la organización.

La periodista Estefanía Santoro mencionó que los discursos de odio en el país se potencializan cuando “en la radio, le damos más de una hora de protagonismo al biógrafo de Milei [Nicolás Márquez] hablando sobre sus posturas homofóbicas”. Para ella, con la llegada del presidente Milei al poder, resurgieron discursos que se creían erradicados en Argentina, “ideas que señalan que lo que está por fuera de la heteronorma está mal y el gobierno las replica”.

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De las palabras a los hechos, el gobierno argentino ha sido coherente entre lo que comunica y lo que hace. Según un informe realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), para marzo de este año, el recorte en el presupuesto de políticas públicas de género fue del 33%, nueve puntos por encima de los recortes que se hicieron al presupuesto nacional.

Estas heridas a la política de género y LGBTIQ+ en Argentina se acrecentaron con el cierre, el pasado 22 de febrero, del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), acompañado de las fuertes declaraciones de Manuel Adorni, apuntando que “se tomó la decisión de avanzar en el desmantelamiento de diferentes institutos que no sirven para nada o son grandes cajas de la política o lugares para generar empleo militante”.

El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad también habría sido parte de esos recortes, pues en diciembre de 2023 se anunció su clausura por parte del gobierno de Milei, siendo sustituida por la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “Pasamos de ser un referente mundial en materia de derechos LGBTIQ+ a ser uno de los países en alerta”, agregó Greta Pena, exdirectora del INADI, durante el panel de LESLAC.

Y es que estas instituciones estaban encargadas de generar políticas públicas a favor de las mujeres y la población LGBTIQ+. Pues en 2021, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó que las personas LGBTIQ+ en Argentina y otros países de América Latina son más propensas a experimentar pobreza, exclusión social y violencia, incluyendo la discriminación en el acceso a la vivienda, el empleo y la educación.

Como es sabido, Pamela, Roxana, Andrea y Sofía, víctimas de este crimen de odio, vivían en un hotel familiar en Barrancas, un sector empobrecido al sur de la Capital Federal. Un lugar conocido por hospedar familias con escasos recursos y en estado de hacinamiento. Integrantes de la organización Alerta Torta Córdoba, quienes están ayudando a la sobreviviente del ataque, mencionaron que estas mujeres habían pedido auxilio económico y amparos habitacionales repetidas veces al gobierno. Pero nunca recibieron ayuda.

Estas cuatro mujeres hacían parte del 41,7% de personas que viven en la pobreza, según cifras gubernamentales de 2023, limitando la posibilidad que tenían de usar la privacidad de su hogar para protegerse. Por lo que este caso se trata de las condiciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las mujeres y personas LGBTIQ+ de manera estructural, pero que se agudizan con la política actual de Milei.

“El Estado argentino, sin duda, se configura como el segundo agresor de estas mujeres”, concluyó Cristina Gónzalez, miembro de la Red de Organizaciones de Lesbianas y Mujeres Bisexuales de Latinoamérica y el Caribe (LESLAC) y fundadora de la Corporación Femm.

Alejandra Ortíz

Por Alejandra Ortíz

Antropóloga, periodista y realizadora audiovisual, candidata a magíster en Salud Pública. Ha sido profesora de cátedra de la Universidad del Rosario.@AleOr_aortiz@elespectador.com

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