Los sindicatos franceses convocaron este jueves a otras dos jornadas de protesta contra el retraso de la edad de jubilación que promueve el presidente Nicolas Sarkozy, quien se mantiene firme en su posición y asegura que seguirá adelante con la controvertida reforma, que se sigue debatiendo en el Parlamento.
Sin el más mínimo signo de acercamiento, el clima se deteriora cada día que pasa en el país con la multiplicación de actos violentos y los problemas derivados de los prolongados paros en algunos sectores, como las refinerías o los transportes ferroviarios.
En ese contexto, Sarkozy dijo que recurrirá a la "mano dura" para que el país no se paralice y los sindicatos le respondieron con una doble convocatoria de protesta para los próximos 28 de octubre y 6 de noviembre, a la que se sumaron las organizaciones estudiantiles.
Serán la undécima y la duodécima jornada de protesta contra el retraso de la edad mínima de jubilación de 60 a 62 años y de 65 a 67 para cobrar el total de la pensión.
Llegarán nueve días después del último paro, que convocó a 3,5 millones de personas, según los sindicatos, y a algo más de un millón, según el Gobierno, cifras muy similares a las de anteriores movilizaciones.
La convocatoria del próximo jueves, con el formato de huelga general, coincide con los días en que diputados y senadores tienen previsto aprobar la versión definitiva del texto, que apoyado en la mayoría conservadora del partido de Sarkozy está previsto que salga adelante con los puntos más polémicos.
La del 6 de noviembre, sábado, es un nuevo llamamiento a salir a la calle en los días previos a la firma de la ley por Sarkozy, lo que marcará su entrada en vigor.
Los sindicatos consideran que el movimiento de protesta cobra fuerza día a día y ponen como ejemplo las últimas manifestaciones y los sondeos publicados por ciertos medios, que reflejan un masivo rechazo a la medida entre los franceses.
A estas razones se ciñen las centrales sindicales para defender que las protestas seguirán independientemente de que el texto avance en su trámite parlamentario.
En las próximas horas se espera el voto definitivo en el Senado, después de que el Gobierno decidiera acelerar el trámite.
Ese es el objetivo, reiterado hoy, del presidente Sarkozy, que parece ajeno al clamor de la calle y se fija sólo en los actos violentos.
A los protagonistas de los altercados les dij que no será condescendiente con ellos: "Serán arrestados y castigados (...) En nuestra democracia hay muchas formas de expresarse, pero la violencia más cobarde, más gratuita, ésa no es aceptable".
En un acto celebrado en una pequeña población del centro del país también se refirió a los bloqueos de depósitos de carburantes que prolongan los problemas de abastecimiento: "Nadie tiene derecho a tomar como rehén" a la economía de un país".
Los policías antidisturbios lograron abrir algunos de los depósitos de combustible que los sindicalistas mantenían bloqueados en los últimos días, lo que mejoró un poco la situación.
Si en los peores momentos de la crisis más de 4.000 gasolineras echaron el cerrojo, el Gobierno contabilizó este jueves 2.790, mientras las doce refinerías siguen paralizadas.
Los industriales del sector afirmaron que harán falta varios días para recobrar la normalidad, y la inquietud comienza a crecer entre los franceses que ven como peligran sus vacaciones del festivo 1 de noviembre, uno de los puentes más apreciados del país.
En el Ejecutivo preocupa que se repitan episodios como los de Marsella, la segunda ciudad del país, cuyo aeropuerto permaneció bloqueado durante horas y donde no se recoge la basura desde hace varios días.
Mientras llegan las nuevas jornadas de manifestación, los estudiantes mantuvieron este jueves la presión con actos reivindicativos en numerosas ciudades, algunos de los cuales terminaron de forma violenta, con 266 detenciones, cifra que eleva el número total de detenidos desde la pasado día 12 a 2.257.