U. Nacional entregó grado simbólico de los ocho estudiantes desaparecidos hace 42 años

Los familiares de los ocho estudiantes desaparecidos por el F2 en 1982 reciben el grado simbólico y honorífico en la Universidad Nacional.

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Alfredo y Humberto Sanjuán, Edgar Villamizar, Edilbrando Joya, Gustavo Campos, Pedro Pablo Silva, Guillermo Rafael Pardo y Orlando García se convirtieron en profesionales 42 años después de iniciar su carrera en la Universidad Nacional. Sus familias, agrupadas en el Colectivo 82, lograron que esa institución les otorgara un grado honorífico y simbólico a estos jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada en 1982.

La ceremonia colectiva, que tuvo lugar este miércoles 17 de abril en el auditorio León de Greiff, simboliza un paso importante en el reconocimiento de los derechos de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado colombiano.

Para lograr este hito, las familias que componen ese colectivo presentaron un protocolo a la Universidad para que reconocieran el trayecto académico de los jóvenes hasta el momento de su desaparición, pues al no registrar como muertos, entonces no podían acceder a una ceremonia de grado póstumo.

De esta manera, teniendo como referencia el primer grado honorífico que otorgó la Universidad Distrital al joven desaparecido Alfredo Sanjuán, la Universidad Nacional inició los trámites para entregar un grado igual a los demás estudiantes desaparecidos de la institución.

El 11 de septiembre de 2023 entró en vigencia la autorización de la Universidad Nacional para entregar el grado honorífico a los ocho estudiantes que fueron desaparecidos en 1982. El Colectivo 82 envió un derecho de petición para solicitar el reconocimiento del grado simbólico como una medida de reparación. La idea nació en una cátedra apoyada por estudiantes y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

“Este grado significa para nosotros una lucha por ese reconocimiento. La Universidad en el inicio no quería reconocer que eran estudiantes, nos decían que habían cancelado semestres, y luchamos mucho para que ese reconocimiento se diera. Comprobamos que sí estaban estudiando. Presentamos los carnés, las notas, los certificados, todo eso nos sirvió para que la institución reconociera que eran estudiantes”, explicó Teresa Sanjuán a Colombia+20.

En los primeros meses de abril se realizaron ceremonias individuales para cada uno de los casos. Sin embargo, para este miércoles se preparó una ceremonia exclusiva en la que se entregó el grado colectivo a los ocho estudiantes. La conmemoración tuvo como antesala una marcha de claveles blancos por el campus de la Universidad que terminó su recorrido en el auditorio.

“Este es un paso más en lo que mi hermano hubiera logrado ser como persona si no lo hubieran detenido y desaparecido forzosamente. También es mantener viva su memoria y un orgullo que gracias a todas las organizaciones pueda culminar esta etapa estudiantil en la Universidad Nacional”, explicó Elsa Silva, hermana de Pedro Pablo.

El contexto de la desaparición del caso Colectivo 82

Para esa época, el narcotraficante José Jader Álvarez desplegó una intensa búsqueda para rescatar a sus tres hijos que habían sido secuestrados. La búsqueda se hizo con la participación del movimiento MAS (Muerte a Secuestradores), organización paramilitar financiada por el narcotráfico que tenía como fin enfrentar a las exguerrillas de las Farc y el M-19, pero también pidió apoyo al Estado, que ordenó varios operativos de búsqueda en varias ciudades a través del F2.

Fue en esos operativos que detuvieron y desaparecieron jóvenes entre marzo y septiembre de 1982.

Las familias de los 13 jóvenes se unieron en 1983 para conformar el Colectivo 82 y velar por el primer caso de desaparición forzada colectiva que se tiene registro en el país. Esa lucha incansable derivó en que, en 1991, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinara que el Estado fue responsable por el secuestro y desaparición de las víctimas. 31 años después, la Fiscalía 52 especializada en Derechos Humanos declaró como crimen de lesa humanidad la desaparición de los jóvenes.

Las familias recibieron el 6 de junio de ese año un documento en el que les confirmaban que no prescribirán las investigaciones por el crimen.