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Luis Fernando Herrera sostuvo el manojo de claveles blancos y empezó a caminar de oriente a occidente y de norte a sur buscando un nombre en alguna de las 1.000 cajas ubicadas sobre el suelo de la plaza de Bolívar. Cada uno de esos recipientes de cartón, que simulaban un cementerio en pleno centro de Bogotá, estaba marcado con la identidad de un líder social o excombatiente de las FARC asesinado desde noviembre de 2016 hasta ahora.
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Herrera buscaba el de Nacer David López Gómez, exguerrillero que lideraba un proyecto de vivienda en La Guajira. Lo mataron el 29 de noviembre de 2020 en el municipio de Maicao. “Esto lo interpela a uno en doble vía: son tantos nombres, tantos muertos, que es difícil encontrarlos. Y él se llamaba Nacer, había empezado una nueva vida y lo mataron”, reflexionó el hombre.
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La escena se dio este martes durante el “duelo colectivo”, una movilización convocada por Defendamos la Paz y la Mesa Nacional de Interlocución Social por la Paz.
En diferentes ciudades del país se congregaron miles de personas para exigir el fin de la violencia contra estas poblaciones, que desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC suman más de 2.000 víctimas mortales: 413 miembros de la antigua guerrilla y al menos 1.615 líderes y lideresas sociales.
El cantante César López, que se presentó en Bogotá, recordó la toma y retoma del Palacio de Justicia: “Hay que recordar lo que pasó el 6 de noviembre de 1985: vimos entrando un tanque por esa puerta -dijo señalando el edificio-, pero nunca lo vimos salir. Es tal vez como esta guerra, que entró pero nunca salió. Hay que sacar ese tanque”.
En el evento estuvieron defensores de derechos humanos de distintas partes del país y representantes del Gobierno, como la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, y la directora de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, Gloria Cuartas.
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También hicieron presencia exguerrilleros de las FARC, entre ellos varios miembros del antiguo secretariado, como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Pastor Alape.
Según los organizadores, el objetivo del evento fue hacer un llamado a los actores armados para que respeten la vida e integridad de quienes defienden los derechos humanos y adelantan su proceso de reincorporación a la vida civil.
La situación de los líderes sociales en los últimos años
Aunque son diversos los conteos y cifras disponibles sobre la violencia contra liderazgos sociales, todos coinciden en que las vulneraciones hacia esta población han sido alarmantes y no han logrado frenarse en los últimos años.
Según los reportes anuales del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en 2016 fueron 109 homicidios de líderes; en 2017, 163; en 2018 -año de inicio del Gobierno Duque- la violencia contra esta población se intensificó y hubo 249 asesinatos; en 2019 fueron 219; y en 2020 se llegó al número más alto en los últimos siete años: 252 crímenes. Con la pandemia la cifra bajó a 165 casos en 2021, pero volvió a subir hasta 187 en 2022. El año pasado cerró con un hecho más.
De esos 188 homicidios de líderes en 2023, 38 se cometieron en Cauca, el departamento históricamente más afectado. Le siguen Antioquia (22), Nariño (17) y Valle (16). Solo en estos cuatro territorios se concentra el 55% del total de víctimas del país. Los sectores sociales del liderazgo más afectados son el comunal (50 homicidios), indígena (37), político (29) y campesino (14).
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Más de 400 ex-FARC asesinados
Si bien desde 2019 los homicidios contra exguerrilleros vienen disminuyendo, sigue siendo preocupante su situación: solo en 2023 fueron asesinados 47 firmantes de paz (en promedio tres homicidios al mes), según el más reciente reporte de la Misión de Verificación de la ONU.
El organismo internacional registró 33 casos en 2017, 65 en 2018, 80 en 2019 (año con más casos), 75 en 2020, 55 en 2021 y 51 en 2022, que sumados a los 47 del año pasado dejaron un total de 406 casos hasta el 26 de diciembre de 2023.
La Misión advierte que 81 de estos excombatientes fueron asesinados mientras esperaban medidas de la Unidad Nacional de Protección.
No hay que olvidar que el 27 de enero de 2022, la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional por la crisis de seguridad que afrontan los excombatientes de las FARC firmantes del Acuerdo de Paz.
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Ante todos estos escenarios de violencia, en el evento de ayer el llamado de Defendamos la Paz y la Mesa Nacional de Interlocución Social por la Paz fue explícito: “A la paz hay que hacerla visible y verdadera, con hechos, con decisiones y evidencias. Esa es nuestra exigencia. Una exigencia que trasciende el rechazo a la violencia, invitar a todos y a todas a comprometerse, en serio, con la construcción de un país en paz”.
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