Ampliar presupuesto y otras medidas del Gobierno para reformar la Ley de Víctimas

La propuesta plantea en serio resolver un problema estructural que ha tenido que atender durante la última década y tiene que ver con los desplazamientos y confinamientos masivos.

Foto: Unidad de Antención para las Víctimas

Esta tarde se conocieron detalles de la propuesta de reforma a la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas, que el Gobierno de Gustavo Petro presentará este miércoles al Congreso.

El presidente había anunciado en junio que dicha reforma entraría al paquete legislativo, pero no se conocían suficientes detalles de la nueva propuesta, que fueron socializados este martes en una rueda de prensa encabezada por Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad de Víctimas.

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En primer lugar, la reforma buscará solventar un tema que ha sido el palo en la rueda de la ley: los recursos disponibles. De acuerdo con la Unidad, se busca que con los ajustes a la ley se pueda “comprometer, desde el más alto Gobierno, la búsqueda de diversas fuentes de financiación para lograr los recursos que requiere la reparación a las víctimas, con la creación de una Comisión de Financiamiento”.

Esto va en sintonía con lo que habían propuesto los representantes de las curules de paz en la Cámara, quienes pedían un billón de pesos adicionales del Presupuesto General de la Nación para que fueran destinados a la reparación de las víctimas del conflicto. Vale la pena recordar que también llamadas curules de víctimas, fueron creadas a partir del Acuerdo de Paz de La Habana para darle representatividad en el Congreso a las víctimas del conflicto armado y a las regiones que más han sufrido la guerra.

En contexto: Un billón de pesos y otras propuestas para las víctimas

Pero esta no es la única modificación propuesta desde el Gobierno en relación con la reparación directa a las víctimas del conflicto, pues aunque se busca ampliar el presupuesto, también se contempla que la reparación pueda llegar por vías más expeditas, con bienes y recursos que ya están en poder de la Nación.

En tal sentido, la Unidad habló de “otorgar facultades de policía administrativa al Fondo para la Reparación de las Víctimas para el cumplimiento de las decisiones judiciales proferidas en procesos de Justicia y Paz relacionadas con la administración de los bienes cautelados con fines de reparación o que cuenten con la medida de extinción del derecho de dominio”. En otras palabras, que puedan usarse para la reparación bienes incautados a la mafia, los grupos armados y las organizaciones criminales.

Adicionalmente, el proyecto “propone ajustar el procedimiento de restitución de tierras con el fin de acelerar el trámite administrativo para contar con la compensación o restitución misma del bien.”

“Soluciones duraderas” y enfoque diferencial

La Unidad se plantea en serio resolver un problema estructural que ha tenido que atender durante la última década y tiene que ver con los desplazamientos y confinamientos masivos que, por ley, deben ser atendidos por dicha entidad.

Como lo contamos en Colombia+20, la gestión de la actual directora Patricia Tobón Yagarí arrancó, precisamente, resolviendo un problema de indígenas emberás desplazados que se habían tomado algunos edificios y lugares públicos en Bogotá, exigiendo un retorno digno a sus comunidades en los departamentos de Chocó y Risaralda.

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Por ello, desde la Unidad se propondrá “incorporar el enfoque de soluciones duraderas para lograr la materialización de derechos de las víctimas de desplazamiento”. Con esto podrían robustecerse las acciones para enfrentar este flagelo, que generalmente se concentran en la atención inmediata con mercados y ayudas.

También se plantea énfasis en un “enfoque diferencial e interseccional, de tal forma que se considere las particularidades y vulnerabilidades de ciertos grupos de población debido a su edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen étnico, territorial y cultural”.

Una apuesta por fortalecer la memoria

La propuesta de reforma a la ley también contempla medidas que fortalecen otras instituciones, además de la Unidad de Víctimas. En concreto, se habla de “ampliar las competencias del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) para la realización de acciones y procesos de reconstrucción de memoria histórica y de esclarecimiento de la verdad, precisando el alcance y contenido de las mismas, así como un programa de territorialización para su implementación”.

Esto va en consonancia con un apartado del Plan Nacional de Desarrollo que priorizó una política pública de memoria y verdad, política que recae en dicha entidad como su ejecutora natural. Además, desde la Unidad de Víctimas se propone “crear un Mapa del Reconocimiento y Memoria de las víctimas —individuales y colectivas— que hayan sufrido graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH con ocasión del conflicto armado y que no estén dentro del universo de víctimas objeto del Registro Único de Víctimas”.

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Articular la ley de víctimas con el Acuerdo de Paz de La Habana

El Gobierno de Gustavo Petro ha reiterado en muchos escenarios que su objetivo es cumplir a cabalidad el Acuerdo de Paz de La Habana, pero al mismo tiempo ha recibido críticas de diferentes sectores que alertan sobre la baja ejecución de recursos para tal propósito.

No obstante, en la propuesta de reforma a la ley de víctimas se contemplan varios niveles de articulación con los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz de La Habana, suscrito entre el Estado y las extintas FARC en 2016. Hay que puntualizar que la ley es del 2011, por lo tanto, es anterior a dicho acuerdo y no fue elaborada en su contexto.

En ese sentido, la iniciativa “busca fortalecer la articulación entre las instancias y sistemas institucionales” especialmente “entre el Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a Víctimas (SNARIV), el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas”, estos últimos creados por el Acuerdo de La Habana.

Con ello se pretende también “generar una ruta de inclusión para las víctimas acreditadas ante la JEP y reconocidas por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas” y además “definir una Estrategia Integral de Intervención Territorial que permita articular la oferta pública de políticas nacionales, departamentales, distritales y municipales, en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral para víctimas”.

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