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Las bandas criminales de Medellín también buscan pista en la política de “Paz Total” del gobierno de Gustavo Petro. La oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, lo confirmó en un comunicado del pasado 24 de enero en el que asegura que desde hace más de cuatro meses comenzó un acercamiento con 12 grupos armados urbanos de esta ciudad y del área metropolitana. Aunque por ahora el proceso es reservado entre ambas partes, algunas de esas estructuras ilegales ya han consolidado propuestas concretas que esperan poner sobre la mesa cuando comiencen los diálogos.
A pesar de que no se han oficializado los nombres de esas 12 estructuras armadas urbanas de Medellín que estarían en diálogos exploratorios de paz con el Gobierno Nacional para un eventual sometimiento, tres de ellas serían ‘La Oficina’ -una organización criminal que surgió en 1980 al servicio del cartel de Medellín-, ‘Los Pachelly’, que operan en el municipio de Bello y el noroccidente de la capital antioqueña y ‘Los Triana’, una banda que se ha posicionado también en Bello y otros barrios del nororiente de Medellín.
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Colombia+20 conoció algunas de las propuestas que tienen los integrantes de estas organizaciones armas urbanas para sentar una mesa de negociación y sumarse a la política de “Paz Total”.
Estos grupos están a la espera del desarrollo de la ley de sometimiento que tiene que pasar por el Congreso de la República y cuyo contenido podría comenzar a rodar en debates el próximo 6 de febrero cuando el Gobierno llame a sesiones extraordinarias. Apenas un pincelazo se puedo ver en la ley de Paz Total, aprobada a finales del año pasado, y con la que se facultó al Gobierno a hacer acercamientos con estos grupos.
La ley de sometimiento, instrumento clave para ver los próximos desarrollos de la “Paz Total”, sigue en veremos, aunque algunos de sus alcances podrían ser dialogados el próximo 30 de enero durante el encuentro que tendrá el presidente Petro y el fiscal general, Francisco Barbosa. En la reunión se podría precisar, entre otras cosas, el carácter sancionatorio que tendría sobre las organizaciones criminales la justicia ordinaria y, de paso, superar el choque entre ambos funcionarios por el levantamiento de órdenes de captura para integrantes de otros grupos armados.
Esta ley, según el fiscal, debería recoger criterios de entrada de grupos armados distintos al Eln -sin carácter político- a un eventual sometimiento en el que cesen sus actividades delictivas.
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En esa ley deberá también tenerse en cuenta la estructura de los grupos criminales. Por ejemplo, el común denominador de las bandas en Medellín es la forma en la que se dividen roles. Según le explicaron a El Espectador los analistas Fernando Quijano y Max Yuri Gil, hay una primera estructura que se denomina localmente como oficinas. Este nivel generalmente es una empresa visible que tiene nexos con la legalidad y en la que se esconden delitos como el lavado de activos con testaferros o arman la logística de rutas de narcotráfico.
Hay un segundo nivel entendido como las bandas, o “brazo armado del negocio” -según palabras del profesor Gil-. Y una tercera estructura en la que están los combos, más presentes en los barrios de las comunas, encargados del microtráfico, la extorsión y en muchos casos la autoría material de actos sicariales.
Empezar el diálogo en las cárceles
Desde la comuna 16 de Medellín (Belén), un integrante de la estructura ‘La Oficina’, a quien le reservamos su identidad por seguridad, le dijo a este diario que si el alto Comisionado de Paz quiere negociar, el primer paso es hacerlo en la cárcel de Itagüí con los voceros que se designen. Una de las peticiones de la banda es que desde la Fiscalía “flexibilice” (suspenda) las órdenes de captura contra los grupos armados que no tienen carácter político como las guerrillas.
El integrante de la banda aseguró que: “Todo bandolero que esté metido en Pedregal o Bellavista se tiene que ir a la penitenciaria de Itagüí, para que el diálogo sea central y no se den tantas vueltas. Los homicidios en nuestras comunas han bajado y eso lo tienen que tener en cuenta (sic.)”.
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Esa misma propuesta la tienen ‘Los Pachelly’, la banda originaria de Bello (Antioquia) con tentáculos en Medellín, que aseguran que el punto de partida para establecer un diálogo debe ser priorizar el traslado de los reclusos que estén en otras cárceles del país a la de Itagüí (o cualquier otra del Valle de Aburrá) para “facilitar el dialogo y centralizarlo”. La idea concreta es consolidar una Mesa de Diálogo en esa penitenciaria.
El vocero de la sociedad civil de ‘Los Pachelly’ es Henry Alberto Holguín, director del Movimiento Sinergia, una ONG que trabaja con procesos de reconciliación barriales en Medellín y a quien ese grupo urbano ha designado como su gestor. “La idea de reunirlos a todos en una misma cárcel es para facilitar ese proceso social de diálogo, pero también porque creemos que tenemos que comenzar unas capacitaciones con los reclusos que permitan hacer una transición hacia la paz y al liderazgo”, dijo.
Holguín habla con conocimiento de causa. Hasta 1994 fue el jefe de una de las bandas más fuertes de las comunas del noroccidente de Medellín: ‘la Banda de Lebrón’. Después, permaneció recluido en la cárcel de Bellavista desde donde lideró un proceso de paz y convivencia que aprobó en su momento el expresidente Ernesto Samper y la entonces ministra de Justicia, Alma Beatriz Rengifo. La propuesta de paz y tregua en 1997 logró el desarme de al menos 56 bandas criminales urbanas de Medellín. Fue gracias a ese proceso que logró una reducción de pena y, en 2007, salió en libertad como vocero de paz.
La segunda propuesta de ‘La Oficina’ busca que en las posibles negociaciones se tengan en cuenta a los integrantes que operan en los barrios y no solo a los “mandos altos” para garantizar que no haya grupos residuales después. “En el noroccidente de Medellín hay pactos entre ‘Pachelly’ y los ‘Pesebreros’ por los controles de las tiendas de abarrote y las carnicerías. En la Belén nosotros controlamos otros negocios con la ayuda de los combos que no se desintegraron y se fueron a otros barrios”.
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Según el integrante de la banda, esta petición es importante porque es común que entre organizaciones se mantengan pactos de no agresión. Además, asegura: “son ellos, los muchachos de los barrios, los que cobran a los tenderos su pago semanal (vacunas), los que distribuyen instrucciones y saben qué se vende y qué no en un barrio. Si el gobierno solo negocia pensando en el beneficio para los “capos” nada va a servir. En menos de nada se les desorganizan en los barrios y los combos seguirían firmes y sin nadie que los detenga”, advirtió.
Sobre este tema, Max Yuri Gil, investigador de la Universidad de Antioquia, quien ha estudiado por varios años las dinámicas de crimen local en ese departamento y conductas propias de la delincuencia transnacional, dice que le llama la atención cómo ‘La Oficina’ hace un llamado a una “negociación sociojurídica”, que haga un barrido por todos los jóvenes que hacen parte de los combos barriales para que accedan a política sociales acompañadas y garantizadas por el Estado. “Ellos son conscientes de que, si en una eventual negociación no logran temas de acción social para los combos, ningún diálogo será sostenible”.
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El investigador mencionó que, aunque estas organizaciones criminales no tienen una estructura de mando piramidal, hay algunas “cabezas” o fichas fuertes que permanecen en la cárcel como Douglas o Tom, a quienes les preocupa ese asunto. “Si no meten en la bolsa de reincorporación a los pelados de los combos de barrio ellos se van a desatar, sus oficinas perderían el control y no los podrían amarrar de acuerdo con sus conveniencias”, afirmó.
El tercer punto que buscan poner proponer tanto ‘La Oficina’ como ‘Los Pachelly’ gira en torno a la figura de “sometimiento a la justicia”, el término jurídico determinado por el Gobierno Nacional. Los voceros de ambos grupos señalan que más que hablar de un sometimiento, esperan una ley de acogimiento. “No es un tema de semántica, el acogimiento no busca la impunidad, sino que busca la transformación social con la participación de la sociedad civil y de las comunidades a través de un pacto popular, mientras que el sometimiento es una mesa de dos patas en las que solo está el grupo armado y el político de turno”, asegura Holguín, el vocero civil de ‘Los Pachelly’.
Los cuatro escenarios de participación
‘Los Pachelly’ ya tienen lista la metodología para establecer el diálogo con el Gobierno, a través de lo que han denominado “los cuatro escenarios de participación”. El primero de ellos, según explicó el vocero, sería llamado: “Inclusión y concertación” y sería una mesa de diálogo que cuente con la participación de líderes sociales de las comunas, organizaciones de derechos humanos y población de la comunidad que pueda aportar propuestas. El segundo escenario de diálogo sería la mesa de diálogo penitenciaria en la que buscan que participen la totalidad de reclusos de la estructura armada.
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El tercer espacio se llamaría “Justicia y Derechos Humanos” y sería una mesa en la que participarían abogados y defensores de derechos humanos que puedan negociar las condiciones jurídicas y políticas del acogimiento. Y el cuarto se llamaría “Institucional”, en el que participarían Defensoría, Fiscalía, Personería, alcaldías, la Iglesia, la Policía, entre otras.
Henry Holguín explica que crearon esta metodología con el fin de aterrizar las propuestas según la población que interviene. “Allí llegarían todas las ideas enmarcadas en un pacto de seguridad humana. Aunque serían cuatro escenarios distintos, todos estarían entrelazados entre sí y consolidarían la gran mesa de negociación con Los Pachelly”.
Aunque, según Holguín, ninguno de los integrantes de esa banda tiene pedido de extradición y, por ende, es un tema que no llevarán a la mesa de diálogo con el Gobierno, sí piden que haya un tratamiento penal diferenciado con resocialización. “Lo que buscamos es que, si un miembro de la organización se gana, por méritos, la libertad condicionada, esa persona pueda salir de la cárcel a integrar las dinámicas de desarrollo económico que estén liderando en la comunidad”.
Frente a ello, Holguín explicó que desde el Movimiento Sinergia han venido acompañando un proyecto llamado Ecopaz en la comuna 6 de Medellín, conformado por líderes de juntas de acción comunal y organizaciones sociales que buscan consolidar procesos de autogestión a través de, por ejemplo, empresas comunitarias y procesos de educación popular.
Es decir, esta sería una propuesta para un proyecto con el que pretenden integrar a los habitantes de esa zona de la ciudad y ofrecerles oportunidades de desarrollo y participación. “Entonces, si por ejemplo, ‘Chimpa’ salió de la cárcel, la idea es que entre a trabajar de lleno en Ecopaz en las actividades que tengamos en ese momento (que pueden ser desde la reparación de vías, la atención de una empresa de la comunidad, hasta el mantenimiento de los parques del barrio)”.
La idea, según el vocero, es que la libertad condicionada les permita hacer una resocialización y reparar a las comunidades afectadas por el accionar de la banda. “No es que llegue a trabajar solo para su desarrollo económico sino para el desarrollo de toda una comunidad que un día lo vio delinquir. Esa es la reconstrucción de una nueva cultura de paz”, afirmó.
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Sin embargo, también mencionó que a los presos que no puedan acceder a esa propuesta de libertad condicionada buscan que el Gobierno les facilite procesos de fortalecimiento de sus capacidades. “Lo que nosotros nos soñamos es que, si un miembro de ‘Los Pachelly’ está condenado pueda tener participación activa desde la cárcel a estudiar algo, a capacitarse, a atención psicosocial para la transformación del ser”.
‘Los Triana’ y las bandas “independientes”
‘La Oficina’ y ‘Los Pachelly’ son tan solo dos de las más de 300 bandas criminales que tienen presencia en Medellín y el Valle de Aburrá. Esto, no solo complejiza el mapa de criminalidad en Medellín, sino que supone un reto enorme de negociación para que no queden cabos sueltos y así haya mayores acercamientos a una pacificación total. Una de esas bandas es ‘Los Triana’, ubicados en el nororiente de la capital de Antioquia, quienes además se han llegado a disputar control con ‘Los Pachelly’.
Esa estructura delincuencial urbana tiene influencia en, al menos, 25 barrios del nororiente de Medellín. El Observatorio de Derechos Humanos y Paz del Instituto Popular de Capacitación (IPC) calcula que tienen un pie de fuerza de unas 600 personas. Uno de sus integrantes, a quien le reservamos su identidad, habló con Colombia+20 sobre su posición frente a la “Paz Total” y confirmó que ya manifestaron al alto comisionado Danilo Rueda su voluntad de hablar con el Gobierno.
“En la cárcel de Itagüí nadie nos representa, pero sí sabemos que comenzar hablando allá es importante, como también lo es hablar con las Alcaldías. Ellos saben qué hacemos, dónde lo hacemos y cómo lo hacemos, pero no hacen nada para estar ‘caletos’. Si vamos a negociar, que se negocien las órdenes de captura, que sepan bien qué van a hacer con el Clan del Golfo porque las bandas de ellos en Medellín siempre ‘calientan el ambiente’. En lo posible, que saquen a los grupos mexicanos de Medellín”, dijo el integrante de la banda.
Una de las advertencias que hace Carlos Zapata, coordinador del Observatorio de Derechos Humanos y Paz del IPC, asegura que el Estado no puede negociar únicamente con 12 estructuras de “alto impacto” en Medellín porque las demás (consideradas de “bajo impacto” o pequeñas) podrían ganar control territorial. Además, es crítico con la propuesta del “acogimiento” que hacen “La Oficina” y “Los Pachelly”.
“Muchas de estas bandas quieren vender la fórmula del acogimiento, un concepto que no tiene definición jurídica, pero a la que le quieren dar definición política. Muchos de ellos quieren tener un trato lo más cercano a como fue la negociación con las Farc en 2016 y hay que entender el error de contexto y de formulación que sería eso. Hay que involucrar a todas las bandas. Ojo con no involucrar en posibles negociaciones a independientes como ‘Los Pesebreros’ y otros grupos que tienen guerras internas para dominar el norte de Medellín”, detalló el investigador.
Zapata pidió cautela y especial cuidado a rencillas que jefes de diferentes bandas en Medellín se pueden guardar y que podrían obstaculizar algunos acercamientos entre ellos y de cara a lo que solicite el gobierno. “Uno de los jefes de la banda “Los Mesa”, un señor al que conocen como Montañero, mató a un jefe de ‘Los Pachelly’. Esas deudas son difíciles de olvidar para ellos”.
Además, agregó que hay que tener cuidado de cómo y con quién se negociará: “El Alto Comisionado habla de negociar con 12 estructuras de “alto impacto”. ¿Y el resto? ¿las de supuesto bajo impacto qué? Estos grupos buscan mantener el control territorial y ahora dicen que quieren negociar. ¿Esta vez si es enserio? ¿Dejarán las rentas ilegales? ¿Dejarán que las juntas de acción comunal participen activamente y eliminarán las fronteras invisibles? “La Oficina” se instaló como un grupo fuerte con control post grupos paramilitares. Sacaron a la guerrilla de Medellín… ¿Van a soltar eso?”.