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Las comisiones económicas conjuntas de Cámara y Senado le dieron aval al articulado del Plan Nacional de Desarrollo después de cinco horas de discusiones.
La discusión de los 311 artículos del proyecto original se evacuó esta tarde, aunque estuvo a dos votos de ser rechazado por el Congreso, algo que no ha pasado en la historia reciente del país.
La presencia en el Salón Elíptico, donde se reúnen los legisladores, de los senadores Mauricio Gómez Amín, del Partido Liberal, y Eduardo Diazgranados, de Cambio Radical, suscitó un moderado grado de euforia, pues con ellos se completó el quórum en la Comisión Tercera del Senado, que se había convertido en el palo en la rueda que impedía echar a andar el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo.
A la preocupación del Gobierno por el posible fracaso de la iniciativa se unió un grupo de congresistas que consideraba que los más afectados serían los colombianos de menores ingresos.
Los congresistas decidieron aprobar la iniciativa en cuatro bloques: artículos sin proposiciones, con proposiciones avaladas por el Gobierno, con proposiciones sin aval y los artículos que tienen carácter orgánico.
En el primer bloque (artículos sin proposiciones) fueron aprobados artículos relacionados con las tarifas de las cámaras de comercio, el transporte, el Fondo de Estabilización de Precios del Café y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles y las becas por impuesto. De este grupo hacen parte 94 artículos.
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En un segundo bloque (proposiciones avaladas por el Gobierno) fueron eliminados y retirados varios artículos, entre ellos los relacionados con el cobro de impuesto ad valorem a los licores por grados de alcohol, el traslado del presupuesto de inversión de Planeación Nacional al Ministerio de Hacienda, al igual que la validación biométrica como mecanismo para verificar la identidad y el papel de los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD) como reguladores de la inversión de las regalías.
Sobre el artículo de los licores, el coordinador de ponentes, Óscar Darío Pérez, indicó que, para determinar el precio de las bebidas alcohólicas, el DANE no se puede ir a los restaurantes de alcurnia y a las discotecas a tomar el precio de los licores, porque en ese canal apenas se vende el 2 % de los licores, lo otro se vende en las tiendas de barrio, en los supermercados y en bares y discotecas populares, “esa es la razón por la cual se eliminó ese artículo”, dijo.
También se eliminó la propuesta inicial de darle al presidente de la República facultades extraordinarias para modificar la estructura del Estado. En su lugar se propuso un artículo que permite prescindir de entidades que cumplen la misma función y transformar su normativa, pero con algunas limitaciones.
El senador conservador David Barguil recordó que una ley de su autoría salvada con la aprobación del proyecto les quita los intereses a los deudores del Icetex de los estratos uno y dos de la población.
También se salvan los subsidios eléctricos para los estratos uno, dos y tres, lo mismo que los de gas para el uno y el dos. Mientras que desapareció el artículo 141, que les imponía a las cooperativas una carga distinta a la que tiene el sector real de la economía respecto a los aportes parafiscales.
Del mismo modo, quedó en firme el alivio a Electricaribe con un alza en las tarifas eléctricas de los estratos altos, comerciantes e industriales de $4 por kilovatio/hora durante dos años, con la que se espera recaudar más de $350.000 millones.
De acuerdo con Pérez, “es importante que se incluya la problemática de Electricaribe, porque no es un problema de la costa norte, es un problema del país”. El representante a la Cámara recordó que la empresa eléctrica costeña no tiene hoy recursos para comprar energía y representa el 25 % del mercado colombiano. Las empresas del sector eléctrico han considerado importante sanear la empresa y entregarla a un operador que pueda hacer las inversiones requeridas para que acabe con esas aterradoras pérdidas negras, técnicas, recaudo de cartera y para que haya un eficiente servicio de administración pública.