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“Aquí les está hablando Jorge Carrillo, el gerente de EPM, no el exgerente de EPM. Es un tema circunstancial, un mensaje de tranquilidad. Aquí seguimos”. Así inició su presentación en el congreso de Andesco el gerente general de EPM, a quien le fue notificada la nulidad de su nombramiento por parte de Tribunal Administrativo de Antioquia.
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Ante los asistentes hizo un balance del proyecto energético más relevante en el país, Hidroituango, que después de la contingencia el 28 de abril del 2018, “no se dejó morir , se hubiera podido renuncia a él, pero eso no paso”.
La situación de hoy en la parte técnica parece mejorar, pero una serie de preguntas de los entes de control han puesto en el ojo del huracán los procesos administrativos.
Este proyecto antes de la contingencia se estimaba que entre lo ejecutado y lo que faltaba sumaba $12 billones. Al año 2019, se actualizó el valor a $15,3 billones. En el año 2020 el proyecto llega a $16 billones. Para agosto del 2021, el costo es de $18,1 billones. “Nos falta por invertir, $4,4 billones. Estamos alrededor de $14 billones”, sostuvo el gerente de EPM.
Sobre el dinero faltante, Carrillo afirmó que había presupuestadas fuentes de financiación hasta cuando el proyecto tenía el costo de $16,1 billones.
“Por eso y por otras razones es que hemos emprendido la enajenación de las acciones de UNE, tenemos la expectativa de recoger una cifra mayor a eso”, dijo el gerente respecto al proceso de desinversión en el que la última palabra la tiene el Concejo de Medellín.
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Con confianza, Carrillo les contó a los asistentes que se deben despejar “mitos”. “Hidroituango no está parado… La primera unidad entra finalizando el primer semestre del año 2022 y la segunda, a más tardar el 30 de noviembre del mismo año. Es el cronograma que tenemos hoy”.
Reunido con un grupo de periodistas, El Espectador le preguntó por su situación jurídica.
“En mi caso soy absolutamente respetuoso de las decisiones judiciales. El análisis (del nombramiento) no se hizo ayer, se hizo cuando procedieron a designarme y está soportado en el concepto más reciente del Consejo de Estado”, y el Departamento Administrativo de Función Pública, afirmó.
“La segunda instancia es en el Consejo de Estado, nosotros aspiramos a que por la coherencia se revoque la decisión y permita que yo continúe, pero EPM está por encima de las personas. Yo seguiré dando todo lo que tengo que dar hasta el día que lo pueda dar”, agregó.
Por su parte el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que apelará la decisión.
“Estamos muy tranquilos. Sabíamos que esa era una posibilidad. Respetamos el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia y vamos a apelar. Estamos muy confiados que en segunda instancia ante el Consejo de Estado vamos a tener la posibilidad de esgrimir los argumentos que nos dan la razón en el sentido de que el gerente fue nombrado de forma adecuada”, dijo este jueves.
Otro tema al que se refirió en Cartagena el gerente Carrillo fue sobre el de las constructoras de Hidroituango que fueron admitidas en reorganización por la Supersociedades.
“La responsabilidad del rescate de Conconcreto es de sus socios. EPM no es ni dueño, ni socio ni hace favores ni regala plata, a nosotros que nos corresponde, tener un ejecutor capacitado y mientras eso ocurra vamos a seguir con él”.
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La segunda constructora que también se acogió a la figura de reorganización fue Coninsa Ramón H., que también hace parte del consorcio CCC Ituango.
El pasado 6 de septiembre se conoció que la Contraloría emitió fallo de responsabilidad por $4,3 billones contra 26 personas jurídicas y naturales, entre los que se encuentra el consorcio CCC Ituango.
El día de ayer en la casa de Nariño se realizó una cumbre para encontrar soluciones a las crisis y procesos que tiene el proyecto hidroeléctrico.
El gerente Carrillo dijo que fue la ratificación de varios aspectos.
“Hay muchos deseos y una sola posibilidad cumplir la ley, y en eso estamos obligados. Todo lo que le corresponde a EPM hacer se ha hecho, cobro de seguros, pedir los pagos, ser diligente, tener un plan preparado y un propósito común de Gobierno nacional, Contraloría, Procuraduría, Ministerio de Minas, EPM y presidente de la Junta de EPM”, concluyó.