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Es paradójico que el paro minero en Segovia y Remedios (Antioquia) se convocara el 21 de julio, pues la historia extractiva de oro en esa zona del país se remonta a los tiempos de la independencia de Colombia, hace más de 200 años. Y en la noche de este miércoles, después de más de 40 días de manifestaciones, tres muertos —entre ellos un menor de edad—, un comercio paralizado y un grave desabastecimiento, se llegó a un acuerdo entre los mineros y el Gobierno. Un pacto que fue socializado este jueves ante los miles de mineros que hicieron parte de las marchas, con la esperanza de dar fin así al paro. (Lea El paro en Segovia y Remedios)
Se acordaron quince puntos, entre ellos uno de índole privada, que hablan de los procesos de formalización de los mineros ancestrales, garantías para trabajar, cronogramas para acordar contratos de operación y el reconocimiento de la Mesa Minera como un interlocutor válido para esa actividad extractiva en Segovia y Remedios. (Lea Mineros desmienten injerencia del Clan del Golfo en paro de Segovia y Remedios)
El viceministro de Minas, Carlos Cante, dijo que “entendemos que, de los compromisos adquiridos, la parte más importante es sin duda alguna llegar a unos puntos mínimos de entendimiento para avanzar en los procesos de formalización de la minería ancestral en estos municipios. De aquí en adelante, los cronogramas que hemos establecido son, por supuesto, una gran responsabilidad”.
Los pactos intentan solucionar un escenario complejo. Una radiografía simple indica que hay por lo menos tres grandes cabezas en este problema: la económica, por la tensión entre las compañías privadas y los pequeños mineros; la inseguridad en la zona, y los efectos medioambientales de la extracción de oro.
Por esto, uno de los acuerdos más llamativos es el censo minero, que se realizará para determinar quiénes realmente practican la minería ancestral, que fue el origen del paro. A mediados de julio se corrió un rumor de que se iban a cerrar todas las minas artesanales que operaban en Segovia y Remedios, dejando sólo que operaran las que cumplen con las normas mineras nacionales.
Se trata de una fricción que lleva varios años. Tras la llegada de Gran Colombia Gold (GCG) en 2009, luego de recibir la concesión de Frontino Gold, los controles mineros se hicieron más estrictos. Lo que ha llevado a la clausura de varias empresas extractivas que operaban de manera independiente (informal o ilegal). Un problema que afecta a muchas personas, pues se calcula que en la concesión de GCG hay tres minas, con 196 huecos ilegales, en los que trabajan unos 8.000 mineros ilegales.
Gran Colombia Gold también ha emprendido programas de formalización de unidades mineras (más de 2.600 trabajadores formalizados desde 2012), con las cuales suscribe contratos en los que compra el material que extraen dentro de la concesión. Sin embargo, la interacción entre los mineros y Gran Colombia Gold también fue uno de los catalizadores del paro. En esencia, es un problema de plata.
Los mineros alegaban que, aunque el precio internacional de la onza de oro supera los US$1.300, la empresa sólo les pagaba US$400. También se logró un acuerdo en este aspecto, pues GCG ahora pagará una tarifa de US$700 a los pequeños mineros, los que extraen menos de 80 onzas al mes. Para los más grandes, la compañía pactará un acuerdo con cada uno, en los cuales cobrará una cuota entre el 10 y el 60 %, dependiendo de la calidad del oro.
Gran Colombia Gold pide consideración, pues son ellos quienes tienen que sobrellevar los costos de la operación. “Tan sólo el 36 % de lo que recibimos se nos va en impuestos. Pero de todas formas creemos que los acuerdos a los que llegamos con los mineros son sostenibles, nos permiten tener ganancias de alrededor de US$112 por cada onza que se explote en la mina. Y seguiremos adelante con las campañas de formalización”.
Sin embargo, los problemas de esta industria van más allá de un ajuste de tarifas. Para el profesor Antonio Romero, de la Universidad Nacional, director del Centro de Pensamiento Minero, “eventualmente, el Gobierno va a tener que intervenir las compras de oro porque la actividad se está prestando para muchas cosas y efectivamente en la política, no sólo de Segovia, sino de otros lados. Hay que empezar a delimitar y a priorizar problemas y hacerlo con los que son verdaderos mineros tradicionales, porque no todos lo son. Hay un conflicto grande. Hay que proteger la compañía y acompañarla y resolver también, desde el Estado, los problemas que no son de la compañía”.
En efecto, la inseguridad que hay en la zona es un punto que no se solucionó con el acuerdo que dio fin al paro, pues hay presencia del Eln y del clan del Golfo. De hecho, la Policía estima que este último grupo armado recibe hasta $1.000 millones al día por las extorsiones que realiza en Segovia. Cabe recordar que en este municipio las autodefensas perpetraron el 11 de noviembre de 1988 una masacre que dejó 45 personas muertas y más de 60 heridas.
Y tampoco se puede ignorar el daño medioambiental: el uso de mercurio en la minería, insumo para la extracción de oro de manera ilegal, hizo de esta región la más contaminada del mundo en 2009. La esperanza radica en que, a medida que avance la formalización, el uso de estos materiales deje de perjudicar los recursos naturales.
De manera que sólo queda esperar a ver si la minería en Remedios y Segovia se torna económicamente rentable para todos los que participan y que haya una práctica sin conflicto y que no dañe el ambiente.