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Después de seis sesiones sin avances, este martes, en la plenaria del Senado, se realizó una sesión informal de la reforma pensional, con el ánimo de destrabar la discusión. Esta es una sesión inédita, ya que nunca antes se había convocado a los senadores a trabajar en Semana Santa.
Pese a la ausencia de algunos de los expertos, gremios y académicos citados por los senadores, se realizó la sesión en la que los asistentes pusieron sobre la mesa los puntos a favor y en contra de la iniciativa que busca transformar el sistema pensional por uno de pilares. El Gobierno espera que después de esta sesión, finalmente, se inicie en forma la discusión del articulado en segundo debate.
Con la iniciativa, el gobierno de Gustavo Petro busca acabar con la competencia entre los dos regímenes: uno en cabeza de Colpensiones y el otro en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un sistema de pilares.
Teniendo en cuenta lo establecido en la ponencia para segundo debate, en el sistema que propone el Gobierno las personas mayores en condición de pobreza que no logren tener una pensión (a los 65 años los hombres y a los 60 años las mujeres) entrarán al pilar solidario y se les entregará una renta básica. Del pilar semicontributivo se beneficiarían quienes (en los mismos rangos de edad del solidario) cotizaron entre 300 y 1.000 semanas. Hoy, a quienes no cumplen el requisito de semanas se les devuelve lo que cotizaron (en Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma ese dinero se convertiría en una renta vitalicia, el cálculo varía dependiendo de si la persona es elegible o no para el pilar solidario.
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En el pilar contributivo, todos los afiliados al sistema cotizarán entre uno y tres salarios mínimos en Colpensiones y de ahí en adelante en las administradoras de fondos de pensiones (AFP). Quienes ganen cuatro salarios mínimos, por ejemplo, cotizarán tres en Colpensiones y uno en las AFP, y quienes ganen uno, dos o tres solo cotizarán en Colpensiones. El último pilar es de ahorro voluntario.
Para salvar el proyecto, este debe ser aprobado en los tres debates que le hacen falta (uno en la plenaria del Senado y dos en Cámara) antes del próximo 20 de junio. Hasta el momento, la iniciativa cuenta con cuatro ponencias: dos de archivo, una alternativa y la positiva, que apoya el Gobierno.
“Los tiempos los veo difíciles, espero que no sea una actitud dilatoria. Ánimo de diálogo sí hay, pero como la práctica es la que dice la verdad, no sacamos nada con lo que se dice, si lo que se hace es dilatar”, afirmó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.
Algunos de los argumentos expuestos en la plenaria del Senado
El punto más álgido del debate es el umbral de cotización en Colpensiones (actualmente está en tres salarios mínimos), que según los expertos debe bajarse. Al respecto, Bonilla aseguró que el Gobierno está dispuesto a pensar en bajar el umbral si le demuestran que eso resuelve el problema fiscal, pero argumentó que sus cálculos indican que entre más bajo sea el umbral, más le costará al Estado.
La sostenibilidad de la reforma es uno de los puntos que más preocupa a los expertos. Durante la sesión, Oliver Pardo, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, para este experto es necesario que se apruebe la reforma pensional pues, considera, el país tiene en estos momentos una oportunidad histórica que no puede desaprovechar. Sin embargo, precisó que su llamado no necesariamente es a que apruebe la reforma propuesta por el Gobierno, sino la que se aborde el tema.
Sobre la actual reforma considera que tiene “muchas oportunidades de mejora”. Una de estas, por ejemplo, es que se revise la gobernanza, ya que los recursos que ingresen al fondo de ahorro de Colpensiones no pueden entrar a ser una especie de “caja menor” para que el Gobierno acceda a estos recursos para saldar las necesidades financieras que se presenten en el ámbito pensional, diferentes al ahorro. Para él, es importante que un ente independiente entre a salvaguardar y administrar estos recursos, como el Banco de la República.
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Fabio Arias, presidente de la CUT, dijo que consideran necesario darle respaldo a la renta básica para los adultos mayores de 65 años “que están prácticamente en la indigencia”.
A su turno, Miriam Luz Triana, de la facción de la CGT que no lidera Percy Oyola, aseguró que la actual propuesta de reforma no cumple con los estándares y recomendaciones de la OCDE y la OIT (discurso contrario al que ha venido reforzando el Ministerio del Trabajo) y aseguró que de facto se está aumentando la edad de pensión (por las edades de acceso a los pilares solidarios y semicontributivo). Para ella también es grave que en la apuesta no se haya entrelazado la reforma laboral y la pensional, ya que temas como la generación de empleo y la reducción de la informalidad impacta directamente la cotización en las pensiones.
El presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, afirmó que se debe incluir en el debate la posibilidad de que toda pensión en el país cuente con un seguro por invalidez y supervivencia, ya que se ha demostrado que la falta de estos genera presión para las finanzas del Estado. “La discusión del umbral, que es una de las que más importa, cualquiera que sea la decisión que se tome, no se debe alterar la suficiencia de la tarifa para el seguro previsional para que estos tengan garantizado su ingreso pensional”.
Leomaris Evangelista habló a nombre de la comunidad Zenú y resaltó que el 95 % de la población indígena no cotiza pensiones, y que muchos se encuentran en situación de pobreza. Pidió que se tenga en cuenta la realidad de las diferentes comunidades al momento de legislar sobre el futuro pensional en Colombia.
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