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La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aseguró, a través de un comunicado, que “las declaraciones de la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, desconocen las facultades de policía administrativa de la SIC y de todas las superintendencias en general”.
El pronunciamiento de la Superintendencia llega luego de varios días de intensos roces entre ambas entidades por una serie de visitas que ha hecho esta entidad a la Cancillería y a la plamta de la empresa Thomas Greg & Sons para verificar si se cumplió el régimen de libre competencia en las contrataciones, entre esas en la licitación de pasaportes.
Así mismo, la SIC, quien es liderada por Cielo Rusinque (funcionaria cercana al presidente Gustavo Petro), también realizó una inspección a la Registraduría este 13 de marzo. En su momento, el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, dijo que le preocupa que se esté cometiendo un abuso de poder y una extralimitación de funciones. Sin embargo, precisó que su despacho estará dispuesto para atender cualquier requerimiento, siempre y cuando no se excedan en sus alcances.
Después de esta visita, la Procuraduría aseguró, también a través de un comunicado que “la Registraduría pidió al Ministerio Público que en estas diligencias sirva como garante, pues sienten vulneradas sus funciones y competencias, ya que la SIC solicitó documentación sometida a reserva. La SIC busca hacer un rastreo de información y equipos de computadores de la Registraduría lo que ha generado reclamos de varios funcionarios que argumentaron posible violación al derecho a la intimidad”.
Este cruce de declaraciones llevó a la comunicación pública de la SIC, así como a una rueda de prensa que ofreció la entidad este viernes durante la cual Rusinque aseguró que: “No nos corresponde vigilar todas las contrataciones del Estado. Nos concentramos en donde hay indicios de que se pueden estar haciendo acciones en donde se abuse de la posición dominante de alguno de los actores del mercado”, concluyó Rusinque.
En el comunicado de la Superintendencia, al entidad advierte que “las preocupaciones que ha manifestado la Procuradora ya han sido analizadas por diversas autoridades jurisdiccionales, incluyendo la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales Administrativos. En múltiples decisiones judiciales que son vinculantes, esas autoridades han avalado la legalidad de las actuaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco de sus visitas administrativas”.
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