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La Fiscalía declaró que el asesinato del presidente del sindicato de la Drummond, Gustavo Soler, es un caso de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptible. Esta decisión histórica para la investigación de los hechos se conoció este viernes primero de marzo, y obliga al Estado a investigar el crimen, sin importar el tiempo que tenía para hacerlo.
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Para la Fiscalía, el homicidio de Soler no se trató de un hecho aislado, sino que hizo parte de un plan criminal sistemático y generalizado dirigido en contra de los integrantes de Sintraminergética, “a quienes acusaban a viva voz de ser afines a la insurgencia, por su rol específico, por su activismo sindical, por su lucha en pro de la reivindicación de los derechos y mejores condiciones laborales de los trabajadores de la multinacional Drummond”, explicó el ente investigador.
Además, la Fiscalía destacó que en el expediente reposan pruebas para demostrar que existieron amenazas y ataques en contra de la junta directiva del sindicato de la empresa, así como una “estigmatización” contra los trabajadores que pertenecían a este grupo sindical. Precisamente, cuando Gustavo Soler fue asesinado, estaba preparando un pliego de peticiones que entregarían a la Drummond, para mejorar las condiciones salariales y de seguridad laboral.
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Por este caso, la justicia ordinaria condenó en 2014 a Máximo Cuesta Valencia, alias Sinaí, miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia. Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Las pesquisas las ha continuado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en donde el exparamilitar Jairo de Jesús Charris Castro, otro condenado por el homicidio, ha dado información para terminar de esclarecer los hechos.
Lo hizo en el caso que investiga los homicidios a líderes sindicales de la multinacional Drummond ocurridos en la década de los 2000. Charris Castro, quien se sometió a la justicia transicional en febrero del año pasado, mencionó que Augusto Jiménez Mejía, entonces presidente de la entidad para 1989 y 2013, conocía de los asesinatos que se perpetraron para la época, como los de Valmore Locarno Rodríguez, Gustavo Soler Mora y Víctor Hugo Orcasita Amaya.
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En contra parte, la multinacional ha dicho que hay un cartel de falsos testigos, supuestamente promovida por abogados estadounidenses y colombianos que pretenden enriquecerse demandando a la compañía en el país norteamericano. Sobre las declaraciones de Charris Castro, la Drummond señaló que está mintiendo y que, incluso, habría recibido un pago para que señalara a miembros de la multinacional dentro de las investigaciones por el homicidio de los líderes sindicales.
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