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Desde 2012, la Corte Suprema de Justicia investiga al exsenador Eduardo Merlano por los presuntos delitos de prevaricato por acción y omisión, y abuso de autoridad, conductas que habría cometido cuando se desempeñó, entre 2010 y 2012, en el Congreso de la República. Ahora, el alto tribunal negó el preacuerdo del exlegislador con el que aceptó el delito de tráfico de influencias a cambio de una rebaja de la mitad de la pena.
El exsenador Merlano fue llamado a indagatoria, porque durante 2012 habría logrado que varios policías de tránsito no inmovilizaran su carro pese a que no contaba con licencia de conducir y tras negarse a que se le practicara una prueba de alcoholemia. El hecho se dio a conocer en un video en el que el funcionario le reprochaba a los policías de tránsito hacer su trabajo mientras fue requerido en un puesto de control en el norte de Barranquilla. “¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Cómo le van a hacer una prueba de alcoholemia a un Senador de la República? 50 mil personas votaron por mí y ustedes me van a faltar al respeto?”, les dijo en su momento.
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El 21 de febrero de 2022 rindió indagatoria ante la Corte, oportunidad en la que le fueron atribuidos cargos como presunto autor del delito de tráfico de influencias de servidor público. Dos meses después, el procesado suscribió un preacuerdo con el magistrado Héctor Alarcón de la Sala Especial de Instrucción de la alta corporación, en el que proyectó aceptar su responsabilidad por el delito a cambio de una rebaja de la pena.
El 5 de octubre de 2022, la Sala Especial de Primera Instancia negó la solicitud del preacuerdo, su justificación fue que la figura del preacuerdo es del nuevo sistema penal acusatorio y se rige mediante la Ley 906 de 2004. Por tanto, no tiene una norma que se equipare en la Ley 600 del 2000, la cual corresponde al antiguo sistema penal, el que rige a los congresistas. Por ello, el defensor del exsenador apeló la decisión. Recurso que ahora fue negado.
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A inicios de julio de este año, tras 11 años, el Consejo de Estado anuló la sanción disciplinaria que le había impuesto la Procuraduría a Merlano, con la cual lo inhabilitó para ocupar cargos públicos durante 10 años. El argumento fue que el Ministerio Público porque esta no tenía competencia para hacerlo, después de que protagonizó el escándalo en medio del procedimiento policial en 2012. A pesar de esta decisión, la perdida de investidura en su contra se mantiene.
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