Tribunal de Bogotá rebaja condena a exmagistrado Luis Sáchica por desfalco a DNE

Sáchica hizo parte de la subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).

En enero de 2022, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Fernando Sáchica Méndez, fue condenado a 23 años de prisión por los delitos de peculado, prevaricato, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público. Los delitos imputados se debían a una serie de decisiones que tomó en 2010, cuando ejercía como subdirector de la Subdirección de Bienes de la Dirección Nacional de Estupefacientes, más conocida como la DNE. Ahora, el Tribunal Superior de Bogotá lo absolvió de algunos delitos y le concedió una rebaja de 23 a 18 años en su pena.

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La rebaja se dio como respuesta a una apelación interpuesta por el procesado y su abogado a la sentencia condenatoria del 24 de enero de 2022. El Tribunal lo absolvió por falta de pruebas respecto a los delitos de falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación. Asimismo, modificó la sanción a 18 años de prisión y mantuvo su inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena.

El exfuncionario había tenido una de las condenas más altas en este proceso judicial, y su vinculación se dio por elegir las sociedades Casamotor y Petroquality como depositarias de 12 estaciones de gasolina y gas. Las estaciones habían sido embargadas a Gerardo Alvarado, un empresario que fue capturado el 23 de marzo de 2010, junto con sus dos hermanos y otras seis personas, por ser supuestamente testaferros de las FARC. Un año más tarde, la Fiscalía archivó su proceso.

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Sin embargo, el entramado de corrupción continuó en la DNE. En enero de 2012, antes de que la Fiscalía decidiera arrebatarle los bienes a Gerardo Alvarado, el exmagistrado suscribió un acta en la que designó a Casamotor, en representación de Adolfo Castillo Lozada, como depositaria de las sociedades Movilgás Ltda. y Estaciones de Servicio Alvarado Rido y Cia. Para ese entonces, según la Fiscalía, ya se avizoraba “el interés particular de Castillo Lozada para obtener las utilidades generadas por estas sociedades”.

Incluso, lo que después se le reprochó a Sáchica es que, previo a esa designación de entidades, el exmagistrado posesionó a Castillo como depositario provisional, ignorando otras propuestas que estaban sobre la mesa. Sin embargo, en su momento, la Fiscalía dijo que el plan falló en un principio, ya que Casamotor solo obtenía el 8% de las utilidades, lo que no les dejaba las ganancias esperadas. De esta forma, Castillo le dijo a la DNE que ser depositario no era negocio, por lo que el exmagistrado tuvo que realizar un nuevo proceso de selección, en el que resultó ganador Petroquality.

Ahora, serán cinco años menos a la pena inicial los que Sáchica deberá pagar en la cárcel por este proceso. Respecto al peculado por apropiación en favor de terceros, el magistrado Jorge Enrique Vallejo Jaramillo consideró que la sentencia condenatoria no explicó la forma en que Sáchica incumplió, supuestamente, u deber de vigilancia, objetividad, transparencia e imparcialidad, ni mucho menos se probó de qué manera intencional y antinormativa designó a Manuel Arbeláez Arcila como depositario del establecimiento de comercio y las embarcaciones a pesar de que carecía de la idoneidad pretendida.

No obstante, el Tribunal no detalló donde pasará pena el exmagistrado y si se reanuda la orden de captura en su contra. Pues, en abril de 2023, Sáchica logró que la Corte Constitucional dejara sin piso la orden de captura de 2022. A través de una tutela, el exfuncionario dijo que el juzgado cuarto de conocimiento de Bogotá vulneró sus derechos a la libertad personal y al debido proceso al ordenar su captura en el fallo cuando, en audiencia de lectura de fallo, había mencionado que su detención era innecesaria.

En ese momento, la Corte Constitucional, al analizar el recurso del exmagistrado, encontró que el juez vulneró los derechos al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la libertad de Sáchica Méndez porque la sentencia modificó la decisión de dejarlo en libertad en el anuncio del sentido del fallo. Para la Corte, el juzgado “desatendió que en el proceso penal el fallo es un acto complejo que posee unidad temática, conceptual y jurídica, el cual no puede ser desconocido o variado al momento de expedir la sentencia escrita”.

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