Acceso a la justicia en el lenguaje de los jóvenes: educación, tecnología y arte

Estudiantes universitarios ayudaron a resolver problemáticas sociales con la tecnología. El proyecto ganador, por ejemplo, busca mejorar la eficiencia de la Casa de Justicia de Tumaco con una herramienta de respuestas automáticas

Foto: USAID

Ante las complejidades y formalidades de un sistema de justicia como el colombiano, son pocas las personas quienes entienden a profundidad sus formas y caminos. Tutelas, demandas, acciones de responsabilidad, nulidades, medidas cautelares, apelaciones, reposiciones, habeas corpus… En fin, un largo etcétera de recursos y procesos que, en la práctica, hacen que acceder a los mecanismos de justicia sea un proceso complicado y algo más bien solo para abogados. Sin embargo, para acortar esa brecha, existe una iniciativa que está tratando de que cualquier joven de Colombia le quite el miedo y pueda acceder a herramientas que, en últimas, buscan que ellos mismos y cualquier ciudadano sea tratado de manera equitativa y justa, sin importar su origen, género o situación económica.

Bajo el liderazgo del programa de Justicia Inclusiva de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), y con el apoyo de varios colectivos en todo el país, la apuesta es que los jóvenes tengan herramientas para que el acceso a la justicia sea tan fácil como abrir una cuenta en TikTok. A través de herramientas tecnológicas, medios de comunicación alternativos, cortometrajes y hasta conversaciones con jueces, el programa ya tuvo tres formatos con rotundo éxito y con resultados que prometen seguir cerrando la brecha.

Comprender para aplicar

El dicho popular dice que “los jóvenes son el futuro del país” y en el caso del acceso a la justicia, Diky Manuel Urrutia, director de la Corporación LEL, recalca que son un pilar fundamental para cambiar realidades estructurales. Sin embargo, involucrarlos no siempre es tarea fácil, pues en lugar de generar un impacto, si no se hace bien, se puede causar rechazo o miedo al interior de las comunidades.

“Hay jóvenes que sentían temor a la hora de hablar. Están en zonas en las que ha existido permanentemente confrontación de grupos armados que han generado desplazamientos, violencia, asesinatos y esto los mantiene en una situación en la que, si hablan, por ejemplo, del tema de justicia, si llevan casos a las Personerías o a las Casas de Justicia, puede representar un tipo de retaliación. Entonces hay que hacer las cosas más amigables, más pedagógicas, no verse como justiciero, porque puede asustar a las comunidades, sino más bien un espacio de aprendizaje”, precisa Urrutia.

Precisamente, para que la justicia fuese más asequible y digerible por los jóvenes y sus territorios, la Corporación LEL, ubicada en la subregión del Bajo Cauca, diseñó la estrategia Jóvenes promotores de justicia. Uno de los exitosos programas puestos en macha, que permitió a 100 estudiantes de cuatro instituciones educativas de Caucasia y Tarazá ampliar sus conocimientos en la estructura política del Estado, métodos de resolución de conflictos, sistemas locales de justicia y servicios de las instituciones judiciales locales.

“Vimos que los jóvenes se interesaron más por conocer cómo funciona la justicia en el país, por conocer las esas diferencias entre los mecanismos de justicia. Tuvieron una aproximación con la justicia administrativa, las comunitarias de pueblos indígenas y tuvimos la oportunidad de que ellos interactuaran con jueces y eso les abrió el panorama en cómo se administra la justicia en sus municipios”, comenta Urrutia.

Los 16 jóvenes que tuvieron los mejores puntajes en las llamadas Olimpiadas de Justicia Inclusiva, en las que se evaluaron los conocimientos adquiridos durante el programa, pudieron viajar a Bogotá para conocer la sede del Ministerio de Justicia y el Palacio de Justicia. No solo se trató de la primera vez en un avión de muchos, sino también la puerta de entrada a sueños para el futuro de ser abogadas, jueces o líderes.

Urrutia recalca que, con esta experiencia, los jóvenes lograron formarse como promotores de justicia y hoy en día son referencia en sus territorios y entornos en los que se mueven: el barrio, la escuela y la casa, involucrándose más en temas comunitarios. Uno de los casos destacados es el de la comunidad indígena El Pando en Caucasia, en donde jóvenes que participaron en esta iniciativa fueron determinantes en la elección de su nuevo cacique indígena.

“Es a partir del juego, de superar retos, de dialogar con figuras del sistema judicial que surgen nuevas formas de promover la justicia en las comunidades y en los jóvenes, desde un abordaje muy distinto”, precisa Urrutia.

Soluciones en la tecnología

La creatividad, la pedagogía y el enfoque social, que hicieron parte de las Olimpiadas de Justicia, también fueron claves en el desarrollo de la hackatón realizada en Palmira (Valle del Cauca) el 10 y 11 de febrero con la Fundación Colombia 2050. Se trató de un espacio de desarrollo colaborativo, que contó con 50 participantes, jóvenes universitarios, repartidos en 10 equipos. El reto era identificar una problemática social a partir de la que construirían una propuesta tecnológica y una ruta de trabajo que aportara a mejorar el acceso a la justicia local del país.

Juan Diego Siaucho fue uno de los participantes que, si bien vive en Santander de Quilichao (Cauca), desarrolló una herramienta tecnológica enfocada en Tumaco, específicamente, en la Casa de Justicia. Su proyecto, que resultó el ganador de la competencia, es un chatbot llamado Código Legal, ¿Cómo funciona? Se trata de un programa informático que, con ayuda de la Inteligencia Artificial, provee respuestas automáticas a los usuarios, simulando una conversación, lo que les permitirá a los habitantes conocer más sobre los servicios a los que pueden acceder y tener una atención más rápida.

“Vimos que los principales retos en Tumaco son que la gente tiene desconfianza hacia la institución, que no conocen qué hay en la Casa de Justicia y el tema de tiempos y traslados. Lo que hace esto es facilitar el acceso porque cualquier persona puede usarlo, mejora los tiempos de atención y evita que la gente deba trasladarse. Y va acompañado de una línea telefónica para quienes no cuenten con un teléfono inteligente”, cuenta el participante, que está terminando su carrera en estudios políticos y resolución de conflictos.

Para el desarrollo de Código Legal, Juan Diego Siaucho trabajó en conjunto con otros jóvenes: Ana Karina Pulido, estudiante de Matemáticas aplicadas e informáticas en la Universidad del Rosario; Leonardo Andrés Villalba, estudiante de Derecho de la Universidad EAFIT; Andrés Felipe Vergara, profesional en Gobierno y Relaciones internacionales de la Universidad Santo Tomás y Rosario de Lourdes Torres Visbal, profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. En equipo, combinaron sus conocimientos para lograr un prototipo realizable y prometedor.

“Fue un reto desde lo profesional y lo personal, porque mi carrera está enfocada a lo social y a los territorios, pero no tanto a la justicia. Plantear una situación fue un reto, pero también algo muy bonito de trabajo en equipo. Por ejemplo, los compañeros estudiantes de Derecho nos ayudaron mucho en poder incluir el tema de acceso a la justicia”, dice Juan Diego.

Otras de las propuestas presentadas fue la conocida como Sígueme el rastro, que busca resolver la ausencia de datos abiertos actualizados sobre las iniciativas realizadas en los municipios del Litoral del Pacífico; o una herramienta web para facilitar los procesos judiciales permitiendo su seguimiento y tiempos de espera.

Juan Diego cuenta que fue la primera vez que participó en un evento de este tipo, en el que tuvo que pensar cómo ayudar a poblaciones que él, y muchos de sus compañeros, no conocían. Para ello, también contó con expertos en áreas de programación, innovación y justicia, además de mentores quienes los guiaron en el proceso de creación y desarrollo. Y dice, no solo se trató de un impacto social, sino también una oportunidad para sumar a su hoja de vida.

“Antes de graduarme de la universidad tuve la posibilidad de participar y ganar. Fue un reto muy bonito que, además, me acercó a las realidades diversas que tiene Colombia, no solo del Cauca, sino también de otros territorios y me permitió generar redes para futuras iniciativas”, dice el joven de 23 años.

Las formas de comunicar la justicia

Las industrias creativas y la comunicación no se quedan por fuera en el proceso de acercar la justicia a los jóvenes y los colectivos han sido una herramienta clave que han encontrado líderes y comunidades. Estos espacios han permitido que se divulgue información sobre resolución de conflictos, rutas en el sistema de justicia y alternativas con foco étnico.

Para este fin, jóvenes de Montelíbano, al sur de Córdoba, han encontrado en radios comunitarias, periódicos locales y expresiones artísticas, como cine-foros, exposiciones fotográficas y escrituras creativas, los mejores canales para hablar y explicar la justicia, además de informar sobre los servicios que pueden encontrar para proteger o reparar sus derechos. Teniendo en cuenta que una de las dificultades para llegarle a zonas apartadas es que no todos tienen internet, redes sociales o electricidad.

Deiver Conde, representante legal de Sinergia Comunicaciones, comenta que la acogida de estos colectivos ha sido bastante buena, y ha significado crecimiento personal y profesional para los jóvenes participantes. Pertenecer a estos grupos, dice, “se convirtió en una alternativa, teniendo en cuenta que estaban inmersos en contextos donde se desarrollaban economías ilegales. Los colectivos empiezan a convertirse en fuentes de información para los municipios en temas como la justicia y además son un espacio en el que pueden encontrar una oportunidad laboral con legalidad. Muchos jóvenes interesados empezaron a crear sus propios medios de comunicación, a hacer cortometrajes, a participar”, señala Deiver Conde.

El reto, no obstante, es que los jóvenes vean esta rama como una oportunidad de vida. “Estamos en una zona minera y agrícola, entonces la mayoría busca estudiar algo relacionado, pero el desafío es aprender a vender lo que se hace”, cuenta Deiver, quien señala que la comunicación puede ser rentable, más en la actualidad cuando se puede apoyar en plataformas como las redes sociales.

Uno de los casos de éxito es el de Óscar Mauricio Casarán de la Fundación Tengo Ganas, ubicada en Santander de Quilichao (Cauca), para quien los colectivos representaron “acceso al conocimiento y la oportunidad de hacer lo que nos gusta para promover la justicia a nivel comunitario”. Este es solo uno de los casos en los que los jóvenes han aprovechado estas oportunidades para fortalecer su liderazgo y aportar al desarrollo social.

“Hoy en día somos un referente para otros colectivos”, añade Casarán, quien comenta que el trabajo conjunto entre jóvenes fomenta la inspiración y la motivación de seguir facilitando la comprensión de las narrativas locales. En su caso, ya han logrado el lanzamiento de dos cortometrajes de ficción.

“Esto genera mayor interés para que las personas se mantengan conectadas y también que estos temas de justicia, que terminan siendo tan difíciles de comprender o tan ladrilludos, sean mucho más digeribles para nosotros los jóvenes por medio de estas herramientas”, concluye.

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