¿Sí favorece a la industria local que la ropa importada tenga un arancel del 40 %?

Colombia es famosa por la producción de jeans (como los populares 'levanta cola'). Para la temporada decembrina, en San Victorino salieron a la venta los de "Qué mirás, bobo".

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos Zuluaga

La ropa está cara. Probablemente lo haya experimentado al comprar el estrén de fin de año pues, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en lo que va de 2022 está ha incrementado su precio en un 10,56 %. Es decir, un pantalón, par de zapatos o chaqueta que inició el año valiendo $100.000 ahora se encuentra, en promedio, en $110.560.

Si el anterior ejemplo se aplica a cada prenda de un outfit, y se multiplica por cada miembro de la casa (para los que son jefes de hogar) el alza es considerable, y la opción de pedir descuento, o pensar en un “tarjetazo” se hace cada vez más atractiva.

Para 2023 el panorama podría ser igual o más complejo, pues el Ministerio de Comercio Industria y Turismo publicó recientemente un decreto en el que estableció que la ropa importada (de los países con los que Colombia no tiene un tratado comercial) debe tener un arancel del 40 % (el máximo que permite la Organización Mundial del Comercio, OMC).

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Siendo justos con la información, esta medida ya había sido aplicada en el mandado de Iván Duque (en abril de 2021) como un instrumento para favorecer la competitividad de la industria nacional, pues hay que tener en cuenta que mucha de la ropa que se comercializa en el país proviene de países donde el costo de los materiales y la mano de obra es insignificante (casi que rayando con la esclavitud). ¿Cómo competir con esas condiciones? Con aranceles, es la respuesta del Gobierno Nacional.

Lo que hizo el Gobierno de Gustavo Petro fue darle continuidad a esta medida, bajo la misma premisa: es beneficiosa para las manufacturas nacionales.

Los defensores de la medida (organismos estatales) argumentan que es justa, pues blinda a una industria que se vio fuertemente golpeada por la pandemia. Hay que recordar incluso que empresas como Coltejer pensaron en adelantar despidos colectivos debido a la compleja situación financiera que les significó el confinamiento.

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Bien ejecutada, quienes le dan el espaldarazo a la medida consideran que puede impulsar la reactivación del sector y preservar el empleo, sin que se genere un sesgo antiexportador, ni afectaciones al bienestar de los consumidores. Claro está, que estos cálculos y análisis se hicieron cuando la inflación en Colombia era mínima.

Y es que ya en lugares como San Andresito (en Bogotá) se escucha a los comerciantes hablar de prendas importadas para justificar su precio, lo que podría dar a entender, en el imaginario colectivo, que lo nacional es de menor calidad por tener un precio inferior, cuando en realidad la calidad puede ser la misma o incluso superior.

También está la posibilidad de que, con la medida, algunos comiencen a especular con el precio, inflándolos artificialmente.

Parte de los detractores de este elevado arancel es el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, quien al peso que le sumaría a los bolsillos de los hogares colombianos le añade el riesgo de que se incentive el contrabando.

“Este arancel traerá como consecuencia menos áreas en establecimientos comerciales dedicadas a este segmento y, por consiguiente, menos estímulos a la expansión y generación de nuevas plazas de trabajo en este sector”, manifestó Cabal, en noviembre, tras conocerse el borrador del decreto.

Para este directivo gremial es importante que el Gobierno convoque mesas de trabajo que evalúe las opciones que necesita la industria nacional para ser potenciada, pues por sí sola esta medida sería insuficiente si no está acompañada de una política gubernamental que invierta en desarrollo tecnológico, formación de capital humano y acceso al crédito.

Una postura parecida fue la que planteó, en su momento, el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, Camilo Rodríguez, quien dijo que “Este es un decreto insuficiente que no responde a una integralidad”.

Si bien las apuestas de Gustavo Petro son bienintencionadas, no se puede pretender que con solo aranceles se garantice el desarrollo de un sector que apenas se recupera del coletazo de la pandemia. Una movida acertada tendría que incluir elementos adicionales que atiendan todos los frentes que requiere la industria para desarrollarse y ser más competitiva, sin castigar el bolsillo de los hogares que se han empobrecido por la disparada inflación.

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