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El príncipe Harry renunció a seguir adelante con el proceso por difamación contra el tabloide británico Mail on Sunday por un artículo sobre su protección policial cuando visita el Reino Unido, informó este viernes el rotativo Daily Mail, del mismo grupo.
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El artículo, publicado en febrero de 2022, acusaba, erróneamente según la defensa, a Harry de haber “mentido” y de haber “tratado de mantener en secreto” su recurso contra el Gobierno para intentar obtener protección policial durante sus visitas.
El hijo menor del rey Carlos III, que ha depositado numerosas demandas contra los tabloides, presentó una petición que le habría permitido resolver el asunto sin ir a juicio. Sin embargo, los tribunales la rechazaron en diciembre, por lo que tuvo que pagar 48.000 libras (US$61.000) al editor del periódico.
Ante la perspectiva de tener que defender el caso ante los tribunales, el duque de Sussex “admitió su derrota”, informó el viernes un artículo del Daily Mail: “Harry tiró la toalla y sus abogados informaron al Tribunal Superior a las 10 de la mañana que ‘abandonaba’ el caso”, añadió el diario.
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“Ahora tendrá que pagar los gastos (judiciales) del periódico, que ascienden a 250.000 libras (US$317.000), así como los honorarios de su propio abogado, para un total de más de 750.000 libras (951.000 dólares)”, afirmó el medio.
“Harry está concentrado en la seguridad de su familia, más que en procedimientos judiciales que dan una plataforma continua a las falsas afirmaciones del Mail todos estos años”, reaccionó un portavoz del duque de Sussex. El funcionario añadió que es “prematuro” especular sobre a cuánto ascenderán los costes judiciales.
Harry y su esposa, Meghan Markle, rompieron sus lazos oficiales con la familia real y se mudaron a Estados Unidos, por lo que ya no tienen derecho a protección policial a expensas del contribuyente británico.
El segundo hijo de Carlos III, que a veces tiene que recurrir a seguridad privada (que debe pagar de su bolsillo), pidió poder beneficiarse de protección policial durante sus viajes al Reino Unido, haciéndose cargo de los gastos. Los tribunales rechazaron esta petición en mayo.
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