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Los reclusos dicen que el olor es insoportable. Los sanitarios están abarrotados de montañas de papel higiénico y heces. Los internos del patio 15 de la torre 3 de la penitenciaría La Picota aguantan la respiración y avanzan a toda carrera. Las fotos enviadas por los reclusos a este diario evidencian que la tubería de un lavamanos, por ejemplo, fue reemplazada por botellas plásticas que caen en sifones abiertos. No importa cuánto tiempo discurra, ellos aseguran que no hay forma de acostumbrarse.
Diciembre fue un mes difícil, según lo describen. Durante una semana se fue el agua y cuentan que eso desencadenó un brote de enfermedades. “A la sífilis y el VIH existentes se sumó un caso de varicela. Lo peor es que el médico ni siquiera aparece por acá”, dice un recluso. Advierte que a pesar de que el agua volvió, el contacto con el líquido es ocasional. “Pusieron un tubo de emergencia para recoger el agua en canecas, pero no sabemos cómo vaya a ser mañana”. Los prisioneros aseguran que las autoridades del penal les decían que no había agua, porque uno de los tanques se dañó cuando lo lavaban. A fin de cuentas, para el inicio del nuevo año, el agua volvió y los reclusos pidieron que les dejaran entrar pintura para arreglarlos. Este problema, finalmente, paró ahí. (VEA: Reclusos de La Picota denuncian que llevan cuatro días sin agua)
Sin embargo, según explican, las precarias condiciones higiénicas, las falencias en el servicio de salud y el hacinamiento que alcanza el 48 %, los tienen al borde de una crisis humanitaria. Eso llevó a que a pocos patios de allí, en la estructura uno, el recluso Juan Carlos Cardona Ospina interpusiera una acción popular en contra del Inpec, la Unidad de Servicios Penitenciarios, la Secretaría de Salud y La Picota, entre otras entidades, “por considerar vulnerados sus derechos a la salud y el ambiente sano de la población privada de la libertad”. La demanda fue admitida por la sección primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Cardona, quien purga una condena por tráfico de estupefacientes, indica que la acción judicial se fundamenta, además, en “las malas prácticas saludables y la paupérrima atención en salud”. Según explica, en cada celda duermen en promedio cuatro internos (“en improvisados camarotes de madera”); alrededor de 30 reclusos pasan la noche casi a la intemperie (sin contar los que duermen en los baños) y en cada pasillo dice, hay alrededor de 130 personas. (LEA: El ataque en el patio 4 de la cárcel Modelo de Bogotá)
Respecto a los servicios sanitarios, Cardona Ospina explica que cada pabellón cuenta con un orinal, dos sanitarios, dos lavamanos y tres duchas en cada pasillo y seis lavaderos de ropa. “A estas deficiencias se suman las constantes obstrucciones de los conductos de agua residual y el intermitente suministro de agua”. (LEA: Llamadas desde la prisión: negocio multimillonario)
Sin el aval de la Secretaría de Salud
La cantidad de enfermedades parece innumerable, según explica en su denuncia. Habla de personas que padecen diabetes, cáncer, infecciones, deformidades osteomusculares, fallas cardiacas, hipertensión, esquizofrenia… Asegura que la situación es tan extrema que también hay casos de desnutrición severa y de obesidad mórbida. Sumado a ello, indica que los consultorios odontológicos no cuentan con los instrumentos necesarios para dar una atención primaria a los internos y que los consultorios médicos no tienen ni jeringas ni algodones y menos gasas. Las razones a las que el recluso atribuye esta situación son “la corrupta permisividad del funcionamiento de sanidad (…) todo parece indicar que no cuenta con el aval de la Secretaría de Salud”. (LEA: Cárceles, URI y estaciones de Policía: con la capacidad desbordada)
Pero si la atención en salud parece nula, el servicio de alimentación, según lo describe, no despierta el mínimo apetito. “Las menudencias de las sopas las cocinan sin lavar; gran parte de las compras llegan descompuestas; los cárnicos y los energéticos (papa, yuca y plátano) son suministrados casi crudos, y los jugos de fruta se entregan fermentados”. (LEA: Un recluso que le costó al Estado $70 millones)
Mediante un oficio enviado por el Distrito en octubre, a través de la Subred Centro Oriente, se informó que luego de una visita de inspección, vigilancia y control a centros penitenciarios emitió un concepto sanitario desfavorable. Por su parte, la Defensoría del Pueblo, en un oficio de noviembre, pidió que se declarara la emergencia penitenciaria y carcelaria, y le solicitó al director de La Picota examinar la denuncia de Cardona. (LEA: La pesadilla por un túnel hacia La Picota)
El Inpec asegura que aún no ha sido notificado de la demanda aceptada por el Tribunal, pero advierte que la crisis penitenciaria debe ser atendida en corresponsabilidad con las alcaldías y gobernaciones. No descartan invocar la ley 1709 de 2014, en la cual se establece que las penitenciarías son establecimientos para la reclusión de condenados. En ese sentido, su argumento consistirá en solicitar la intervención de las autoridades municipales para recibir a quienes están en condición de sindicados.
Los internos, entre tanto, siguen esperando soluciones de fondo ante una crisis que, a su juicio, ha desbordado todos los límites.