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“Llegó la hora de replantear la estructura tributaria de Colombia”. Con esta frase el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, puso fin a la incertidumbre en que estaba sumida el país. A renglón seguido el funcionario pidió “sacrificio y esfuerzo”. La propuesta tributaria, según el Gobierno, tiene como gran eje “buscar que la inversión privada se estimule y sea una fuente generadora de empleo”. (Lea: Gobierno radicó reforma tributaria de 311 artículos)
En primera instancia, Cárdenas aclaró que con el monotributo muchos comerciantes podrían “normalizarse”. Aquellos con ingresos entre $43 millones y $104 millones hoy están obligados a tributar renta. Con esos niveles, hoy cancelan una tarifa de 3 %, pero con la propuesta, apenas el 1 %. Además, no tendrían que pagar IVA y adquirirían el derecho a los beneficios de seguridad social: un aporte a los Beneficios Económicos Periódicos Sociales (BEPS) y quedarían afiliados a los riesgos laborales. (Lea: Este es el texto completo de la reforma tributaria)
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el ministro había anticipado que la canasta familiar permanecería como está en la actualidad. En el documento quedan exentos los medicamentos del Plan Obligatorio de Salud (POS) y se elimina el tributo a los celulares de menos de $650.000 para que más personas accedan a las tecnologías de la información y la comunicaciones. (Lea: Esto es lo que dice el Gobierno que no se va a tocar con la reforma tributaria)
Aunque a los estratos uno y dos no se les cobraría el impuesto para el servicio de internet, a los planes de datos y voz se les fijaría un gravamen del 4 %. Al resto de productos que estaban gravados a la tarifa general, el IVA se les incrementaría en tres puntos, del 16 al 19 %, desde el 1° de enero de 2017. Los productos de consumo masivo que están exentos o excluidos no serán gravados.
En materia de renta, más colombianos ingresarían a la base tributaria. Desde el próximo año los nacionales con ingresos mensuales de $2,7 millones o más estarían obligados a presentar la declaración de renta, lo cual no quiere decir que tengan que pagar impuestos. Antes, esa obligación existía al tener ingresos superiores a $3,4 millones mensuales. La base tributaria se amplía a 2,7 millones de contribuyentes, desde los 2,2 millones actuales. Estos nuevos declarantes lo harían con una tarifa muy baja, dijo el funcionario.
Cárdenas aseguró que se ha tomado la decisión de imponer un gravamen a las bebidas azucaradas de $300 por litro pagadero en el momento en que se despacha la botella. En diálogo con este diario, Guillermo Botero, presidente de Fenalco, reiteró la crítica que ha esgrimido durante todo el proceso: “El impuesto a las gaseosas afecta la canasta familiar, y el ministro dijo que no la iba a afectar”. Según él, no sólo habrá más personas de estratos bajos pagando más impuestos que personas de estratos altos, sino que se verán afectados unos 600.000 establecimientos de comercio que distribuyen las bebidas.
La reforma propone también un impuesto verde para todos los combustibles líquidos para contribuir a la lucha contra el cambio climático, con dos excepciones: el gas y el carbón. Finalmente, una de las mayores novedades es la cárcel para grandes evasores. Colombia es el único país de la Alianza del Pacífico que no los penaliza. Los que evadan impuestos de más de $5.000 millones tendrán que pagar entre cuatro y nueve años.
Presupuesto aprobado: ¿más tensión para la tributaria?
El presupuesto de 2017, aprobado este miércoles por Senado y Cámara de Representantes, con un total de $224 billones, es el primer paso del Gobierno para ajustar las cuentas de ese año (vea más detalles sobre el debate de presupuesto en el Congreso en www.elespectador.com).
Desde el comienzo el Ministerio de Hacienda prometió una reducción del gasto del orden de $5 billones, bajando en rubros como el de costo de personal. Además proyectó un mayor nivel de endeudamiento. De esta manera, este es una especie de calentamiento, un ejercicio necesario para la tributaria, con la que podrían aumentar los ingresos de la nación en cerca de $12 billones.
El exdirector de la DIAN Horacio Ayala explicó que “las cuentas que hizo el Gobierno para 2017 llevan los ingresos extras que recibirá el país con la reforma tributaria, entonces la aprobación del presupuesto por parte del Congreso, en parte, implica que los congresistas se están comprometiendo en aprobar el alza en los impuestos. Si existe una propuesta importante de la tributaria que no pase, se podría dar un descuadre importante en las cuentas del Estado. Los proyectos de ley tienen correlación”.
Un posible descuadre recuerda la reforma tributaria de 2014, una iniciativa para aumentar los recursos de la nación que se quedó corta ante el choque que recibió el país por el declive de los precios del petróleo. Sin embargo, para el profesor de economía de la Universidad de los Andes Marc Hofstetter, “es poco probable que pase lo mismo que hace dos años. En ese entonces la caída de la cotización del crudo tomó por sorpresa al Gobierno, y tuvo que pasar una reforma de afán. Además, se trató de un evento que se creyó coyuntural y pasajero, pero terminó siendo estructural. En cambio, en esta oportunidad, el Gobierno lleva más de un año preparando el cambio en el estatuto tributario, por lo que no se debería repetir ese descache”.
El Gobierno ganó la batalla del presupuesto, ahora sigue la guerra por pasar la tributaria y de esta manera asegurar la sostenibilidad económica del país. Esta administración arriesga todo su capital político en la reforma, después de perder en las urnas la refrendación de la paz. Y, mientras tanto, como se mira a los toros desde la barrera, las calificadoras internacionales observan con detalle lo que se aprobará en el Congreso, pues si al final de la legislatura no se cumple con la expectativa extranjera, Colombia pondría en riesgo su calificación. Un golpe al corazón de la economía nacional y, de paso, a la gobernabilidad del presidente Juan Manuel Santos.