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El primer paso se dio el 21 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, notificó al Nicolás Maduro que se presentara, con si abogado, a una audiencia pública en Bogotá. La fecha se fijó para el tres de abril y el objetivo era hacer que el mandatario venezolano respondiera a las acusaciones por corrupción que la fiscal exiliada, Luisa Ortega, había realizado en su contra.
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Con algunos minutos de retraso el TSJ en el exilio empezó sesión al interior de un recinto del Congreso de la República colombiano. Como era de esperarse, Nicolás Maduro no asistió ni presento un abogado para realizar su defensa, por lo que el Tribunal nombró un abogado de oficio y suspendió la sesión durante algunos minutos.
Se espera que más adelante la exfiscal Luisa Ortega exponga las pruebas que soporten la denuncia según la cual Maduro el mandatario venezolano estaría salpicado por la trama de corrupción de Odebrecht.
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En julio de 2017, la Asamblea Nacional de Venezuela, que por entonces no había sido disuelta y estaba controlada por la oposición, nombró 33 magistrados. La intención era reemplazar a los togados que aún hoy tienen el control de la rama judicial venezolana y que están alineados con el oficialismo.
La persecución contra los nuevos magistrados comenzó casi de inmediato y, en este momento, han recibido asilo en países como Colombia, Chile y Panamá y, con la intención de hacerle un contrapeso simbólico al régimen venezolano, los 33 magistrados exilados realizaron una ceremonia de juramentación el pasado 13 de octubre, en las instalaciones de la OEA. En ese momento se constituyó formalmente el Tribunal Supremo de Justica en el exilio.