En líos disciplinarios cayó el exgobernador del Casanare Whitman Herney Porras Pérez por presuntas irregularidades en un contrato de casi 6.000 millones de pesos, luego de que la Procuraduría General de la Nación formulara pliego de cargos en su contra.
El paso a la etapa formal de la investigación disciplinaria se debe a que existe un creciente grado de certeza acerca de la responsabilidad del dirigente en la omisión de convocar un estudio previo para la construcción de redes de alcantarillado en una zona que estaba catalogada como de alto riesgo.
El informe denominado “Casanare características Geográficas” del año 1999 y el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Yopal 2000 – 2011 indicaban cuáles eran las condiciones desfavorables del terreno, señaló la Procuraduría.
Pese a ello, argumenta la delegada para la Moralidad Pública, se produjo la celebración del convenio entre la Gobernación y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal E.S.P., para la educación de estas redes en 2007.
Allí, sostiene el Ministerio Público, se pudo haber configurado una violación al Estatuto de Contratación, por cuanto pudo haber lugar al detrimento de las arcas estatales propiciadas por la actuación del ente regional.
El 17 de febrero de 2010 Porras Pérez fue destituido en inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por haber omitido los principios de la contratación estatal en la ejecución de cerca de 14.000 millones de pesos, invertidos en el desarrollo de infraestructura en materia educativa, la adecuación de una estación de bomberos, una interventoría en la construcción de unidades sanitarias, entre otros proyectos.
Además, el exgobernador ordenó la adición de 167.000 millones de pesos al presupuesto de 2007 sin contar con la debida autorización de la Asamblea Departamental del Casanare.