El lío judicial para impedir que la Supersalud pague $88.000 millones

La denuncia fue presentada ante el despacho del fiscal, Néstor Humberto Martínez. / Getty Images

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Las pretensiones de las demandas que existen en contra de la nación son, de acuerdo con el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado, una cifra que alcanza 12 ceros a la derecha. Según el estimado que tiene la Agencia Jurídica del Estado, en los procesos activos que hay en contra de éste, las reclamaciones son del orden de más $350,5 billones. En muchos casos, el pago de estos recursos es inevitable, por ejemplo, en temas de violación a los derechos humanos, en casos en los que el Estado, por omisión, no ha protegido a sus ciudadanos, o por errores en la administración de justicia. Sin embargo, hay muchos otros en los que abogados o terceros dedican su tiempo a buscar la manera de pedirle a la nación dinero sin tener un motivo legal para hacerlo.

La Superintendencia de Salud (SIS) viene denunciando, desde 2015, que es una de las entidades del Estado perjudicadas por este grupo de personas que buscan que la nación les pague sin cumplir con los requisitos. Este año, con el abrigo de la Agencia Jurídica del Estado, la entidad presentó una denuncia por prevaricato en contra de los jueces que le han dado la orden de que pague $88.000 millones por cuenta de un proceso que, según su investigación, ha tenido varios errores jurídicos. La historia de este litigio arrancó hace más de tres años, cuando la Superintendencia intervino a siete EPS: Selvasalud, Solsalud, Humana Vivir, Golden Group, Salud Cóndor, Comfenalco Antioquia y Cali Salud.

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Según la entidad, la intervención se hizo porque encontró varias irregularidades en la prestación de servicios de salud. En 2015, la Fundación Campbell, una de las clínicas que atendían a los usuarios de Selvasalud, demandó a la Superintendencia debido a que la EPS no le pagó lo acordado en el contrato. El recurso llegó al Juzgado 13 Civil del Circuito de Barranquilla, que en primera instancia rechazó la demanda. Según ese fallo, se trataba de un pleito que debía resolver un juez laboral. El expediente llegó al Tribunal Superior de Barranquilla, en segunda instancia, y allí la historia tomó un rumbo inesperado. Además de aclarar que el juzgado civil sí podía estudiarla, los magistrados le ordenaron a la SIS pagarle a la fundación más de $1.000 millones.

En mayo de 2016, la entidad del Estado presentó un recurso de reposición que no fue aceptado. Seis meses después resolvió acudir a la Corte Suprema de Justicia, a través de una tutela en la que aseguró que tanto el Tribunal como el juez civil, Libardo León López, se habían equivocado en sus decisiones. En el recurso, la Superintendencia señaló que, primero, este no era un tema que se podía resolver ante un juez civil, a través de una demanda ejecutiva, sino en la jurisdicción contenciosa administrativa (la que debe resolver esos líos de terceros con entidades del Estado). En segundo lugar, recordó que, según las normas, ellos no podían responder por pagos de facturas.

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El alto tribunal le dio la razón a la Superintendencia y le ordenó al Tribunal suspender la orden de pago y revisar el estudio que hizo para tasar el pago de $1.000 millones. Según la denuncia en contra de los jueces, el Tribunal esquivó el estudio ordenado por la Corte Suprema e insistió en que la SIS debía pagar las facturas que no se habían liquidado por cuenta de su intervención a la EPS Selvasalud. La Superintendencia insistió en que la interpretación de la ley que hizo el Tribunal Superior no era correcta y que por ningún motivo se podía avalar este millonario pago. Dada la magnitud del proceso, en abril de 2017, la Agencia Jurídica del Estado manifestó su intención de intervenir.

La Agencia les pidió a los jueces que suspendieran los términos mientras se empapaba del proceso. Mientras tanto, otras IPS, como Fundación Campbell, presentaron demandas en contra de las EPS intervenidas. Y para noviembre de 2017, en el Juzgado 13 Civil de Barranquilla había en total 34 demandas con las mismas pretensiones: que la Superintendencia les pague lo que las empresas prestadoras de servicios de salud no pudieron. El juez León López decidió entonces acumular todos los procesos y, después de tasar las pretensiones, libró los mandamientos de pago en contra de la SIS por un total de $88.000 millones. La SIS, la Agencia de Defensa Jurídica y hasta la Procuraduría delegada para este caso apelaron la decisión.

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Mientras esperan conocer la decisión de segunda instancia, que todavía no se conoce, la Superintendencia y el equipo de abogados de la Agencia documentaron los errores que habrían cometido el juez León y el Tribunal Superior. Con las pruebas en mano, el pasado 13 de julio le presentaron al fiscal, Néstor Humberto Martínez, una denuncia en contra de los togados por el delito de prevaricato, es decir, cuando un funcionario público profiere una resolución o fallo contrario a la ley. Según la denuncia, el juez 13 civil y el Tribunal utilizaron una “interpretación endeble” de la ley para ordenar el pago, pues, además de que no les correspondía hacerlo, la norma es clara a la hora de determinar que la SIS no puede responder por facturas no pagadas.

“Los mandamientos de pago, acumulación de demandas y sentencia condenatoria fueron arbitrarios y se dictaron con desconocimiento de las normas de la ley colombiana”, dice la denuncia, cuyos autores alertan de una situación dramática que podría desarrollarse si la justicia permite que este caso prospere. Expertos consultados por este diario explicaron el alcance de este panorama: “Si la SIS tiene que responder por las actividades comerciales, su trabajo se vería censurado porque tendrían que pensar dos veces si intervienen una EPS”. Y esa, en últimas, es una tarea primordial de la Superintendencia: vigilar y controlar el servicio de salud, para asegurarse de que los usuarios reciben un trato digno, oportuno y de calidad.

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En diálogo con este diario, el director de la Agencia Jurídica, Luis Guillermo Vélez, explicó que el tema podría ir más allá del sistema de salud. “El Estado enfrenta una situación muy complicada e insólita por este tipo de demandas, pues lo estamos volviendo una especie de garante de todo lo que pasa en Colombia. Es lamentable que todas las soluciones que estamos proponiendo tienen que ver con extraerle recursos al país, que en realidad tendrían que estar destinados a los sistemas de salud, educación e infraestructura. Pero no para resolver los problemas de terceros”, refirió Vélez. El abogado espera que por medio de la investigación penal se castigue y se le ponga un tatequieto a lo que considera “un atropello burdo” a la ley colombiana.