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En la tarde del pasado miércoles, a su ingreso al complejo judicial de Paloquemao la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez sostuvo ante las cámaras de televisión que la aguardaban que no tuvo relación alguna con el millonario contrato que buscaba reducir las tasas de mortalidad infantil en el municipio de Albania, del cual fue alcaldesa hasta el año 2014.
“Me están acusando de un contrato que no firme”, precisó la exmandataria departamental quien considera que este proceso penal es parte de “una persecución” política en su contra por el hecho de ser “mujer, indígena y guajira. Pienso además que demostrare ante la justicia que soy inocente”. (Ver Legalizan la captura de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto)
Otra cosa muy distinta piensa la Fiscalía General que considera que existen suficientes elementos materiales probatorios para determinar que la entonces mandataria municipal ordenó la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos No. 008 y No. 004 suscritos con la ESE Hospital San Rafael de Albania. (Ver Capturan a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto)
El ente investigador reveló en la audiencia de imputación de cargos una serie de documentos que revelan que los convenios firmados durante la administración de Yan Keller Hernández tuvieron un valor de 6.800 millones de pesos. Pinto Pérez ordenó la adición mediante el convenio 01 que fijó el precio total en 18.900 millones de pesos.
Entre los meses de marzo y agosto de 2011 se registraron diferentes adiciones por concepto de consultoría, entre otros. Más allá de las millonarias adiciones se encuentra el hecho de la subcontratación que se presentó a la hora de ejecutar los objetivos de los convenios interadministrativos, contratando así a personas que no tenían ni la experiencia, y mucho menos eran idóneas para esto.
para el desarrollo de las charlas y visitas a las madres gestantes, lactantes y jornadas de vacunación fueron contratadas personas que "no tenían el perfil ni la idoneidad requerida para el desarrollo de los programas como albañiles, mecánicos, técnicos en sistemas, entre otros".
El fiscal General, Néstor Humberto Martínez explicó a primera hora que estás personas tenían la capacidad de votar en dicho municipio, "observándose que existió un trasfondo político, que habría consistido en invertir los recursos del municipio en la campaña política de la alcaldesa saliente".
Este contrato fue firmado por Pinto Pérez días antes de reiniciar a la alcaldía para presentar su candidatura a las elecciones para la Gobernación. La Fiscalía General le imputará en las próximas los delitos de peculado por apropiación, documento público y privado, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y celebración indebida de contratos.
Por estos hechos de corrupción administrativa están siendo procesados el exalcalde Yan Keller Hernández y el "contratista a quein se le adjudicaron dichos contratos". El fiscal del caso aseguró que se está tras la pista de la contratista "Cleofe Dora Piedra Arauz, contratista del hospital San Rafael de Albanía a quién le adjudicaron más de 7 mil millones de pesos".
La ex gobernadora es investigada además por presuntamente haber tenido conocimiento y participación activa en las amenazas que recibió Jorge Enrique Vélez quién fungió como Gobernador encargado cuando la elección de Pinto Pérez fue anulada por la sección quinta del Consejo de Estado por violar el régimen de inhabilidades.