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En decisión de segunda instancia, el vicefiscal General de la Nación negó la solicitud de libertad presentada por la defensa de la xsenadora Dilian Francisca Toro, procesada por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Al revisar el recurso instaurado por la defensa de la excongresista vallecaucana no se encontraron motivos para levantar la medida de aseguramiento que profirió la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en este proceso por el cual Toro ya fue llamada a juicio.
Los hechos investigados se refieren a la adquisición de tres predios en el Valle del Cauca que presuntamente pertenecían a dos capos del Cartel del Norte del Valle del Cauca.
La excongresista se encuentra recluida en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo) en el norte de Bogotá y en los próximos días se fijará la fecha para el inicio de su juicio.
El pasado 22 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia determinó que la Fiscalía General sería la encargada de este caso después de que la Mesa Directiva del Senado de la República aceptara la renuncia a su fuero que presentó la congresista del Valle del Cauca. (Ver Dilian Francisca Toro renunció a su curul en el Senado)
En este sentido el alto tribunal no tiene competencia para investigar el delito de lavado de activos por el que es investigada la exsenadora del partido de la U.
Esto debido una jurisprudencia expedida por la Corte Suprema en la que se indicó que solo se investigará a aforados por el delito de concierto para delinquir agravado (nexos políticos) con grupos armados al margen de la ley) pese a que renuncien a su fuero.
El proceso contra Dilian Francisca
En su decisión de cobijarla con medida de aseguramiento la Sala Penal de la Corte Suprema estableció que la parlamentaria es socia de la Agropecuaria La Ceiba Verde la cual compró la hacienda la Milagrosa en 2005, pese a que pertenecía a hombres que fungieron como cabecillas del cartel de Cali, principalmente a Phanor Arzabaleta y Víctor Patiño Fómeque.
Bajo la misma sospecha de ilicitud recae la adquisición de predios como el Barcilar y San Miguel, que engrosaron el patrimonio de la familia de la senadora tiempo después, pese a que pertenecieron a personas que están siendo investigadas por narcotráfico. (Ver Exparamilitar condenado por extorsión declararía en investigación contra Dilian Francisca Toro)
La Corte busca determinar si el excapo del cartel del Cali, Víctor Julio Patiño Fómeque habría buscado a la congresista para “lavar” más de 5 mil millones de pesos derivados de actividades relacionadas con el tráfico de drogas por medio de diferentes inversiones en finca raíz en el departamento del Valle del Cauca.
En las investigaciones adelantadas hasta el momento se infiere que al comparar los ingresos de la parlamentaria con sus transferencias y adquisiciones, se encontró que invirtió dicha suma de dinero en la compra de tres fincas, cuya compra no estuvo “justificada” lo que originó serias dudas sobre su procedencia.
Ante esto, el alto tribunal busca establecer si bienes fueron adquiridos por la legisladora, tras recibir dineros del capo en el año 2000 con el fin de darle una apariencia de origen legal. (Ver Exjefe del Cartel de Cali declaró en proceso contra senadora Dilian Francisca Toro)
Dilian Francisca Toro enfrenta otra investigación preliminar porque supuestamente ejerció tráfico de influencias para que allegados suyos fueran depositarios de bienes incautados a la mafia por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE).