Oneida Pinto utilizó contrato para reducir mortandad infantil con fines electorales: Fiscalía

Oneida Pinto en la audiencia de imputación de cargos en el complejo Judicial de Paloquemao. ElEspectador.

La Fiscalía General acusará formalmente este jueves a la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez por su presunta participación en las irregularidades que rodearon la celebración del millonario contrato para disminuir la tasa de mortandad infantil de menores de edad en Albania cuando fue alcaldesa de dicho municipio. Sin embargo, dichos contratos habrían sido utilizados para recolectar fondos de cara a su candidatura a la Gobernación en el año 2014.

Para el ente investigador, Pinto montó una “empresa criminal” con el único fin de desviar esos millonarios recursos y beneficiarse políticamente. Haciendo uso de su poder e influencia política en la región montó en la Alcaldía de Albanía para el periodo 2008 a 2011 a Yan Keller Hernández, quien trabajaba como su escolta y conductor personal. (Ver Oneida Pinto creó una “empresa criminal” en la Alcaldía de Albania: Fiscalía)

Fue en la administración de Hernández que se firmó el contrato por un valor a los 6.800 millones de pesos con la ESE Hospital San Rafael de Albania. En 2011, Pinto Pérez es elegida como alcaldesa y es en ese momento se autorizan millonarias, e injustificadas, adiciones al mencionado contrato. (Ver "Soy inocente de todo": Oneida Pinto tras su captura)

Según el escrito de acusación el objetivo del contrato nunca se cumplió, señalando que no existen informes que demuestren la inversión del capital para los programas de salud y alimentación de los niños y niñas en el municipio. (Ver "Oneida Pinto se inventó el programa con el fin de sacar recursos para su campaña": Fiscal)

El Hospital San Rafael de Albania “no demostró la inversión de los recursos”. En la ejecución del millonario contrato se presentaron una serie de irregularidades como la doble contratación, subcontratación y adiciones por cerca por cerca de 12 mil millones de pesos, por lo que el valor final del contrato se elevó a $18.600 millones. (Ver Las millonarias adiciones al contrato que tiene en líos jurídicos a Oneida Pinto)

El ente investigador sostiene que la entonces alcaldesa conformó una "empresa criminal" direccionando la entrega de millonarios contratos con el único fin de beneficarse económica y políticamente. Mediante la adición de 12 mil millones de pesos a los convenios interadministrativos números 008 y 006, Pinto utilizó recursos públicos con el único fin de garantizar un apoyo a su candidatura a la Gobernación en 2014.

"Sólo tenía el objetivo de conseguir dineros para su campaña política", precisó el fiscal de la unidad anticorrupción durante la audiencia de imputación de cargos. Consideró que ella misma seleccionó a los 1.600 subcontratistas para ejecutar los convenios pese a que estas personas no tenían ningún tipo de experiencia en temas de atención a menores de edad.

En la ejecución del millonario contrató el Hospital San Rafael de Albania contactó a la contratista Cleofe Piedra, quien subcontrató a 10 particulares, quienes a su vez subcontrataron a otros 1.459 personas. Esto con "la única finalidad de objeto, colaborarle a la señora Oneida Pinto, económica y políticamente en la campaña electoral que se avecinaba". 

Con estas acciones se buscó garantizar el apoyo electoral a Pinto Escobar en su campaña a la Gobernación. Las personas contratadas no cumplían los requisitos exigidos para atender los programas de alimentación y salud de los menores de edad. Su única característica era tener una cédula del municipio de Albania que les permitiera votar en los proximos comicios. 

Lo único que tenían en común era que tenían cédula inscrita en el municipio de Albania. Con esto buscó directamente que estas personas apoyaran su candidatura a la Gobernacíón. "Ella creó una empresa criminal al interior de la alcaldía de Albanía con el único fin de ser dueña, ama y señora de los contratos para la reducción de la mortalidad infantil". 

Por estos hechos de corrupción la Fiscalía General la acusará formalmente por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público y privado.

Actualmente Pinto Pérez se encuentra privada de su libertad en centro carcelario. Un juez de control de garantías determinó que debido a la gravedad de los hechos investigados era necesaria una medida de aseguramiento, además se corría el riesgo que afecte el proceso penal mediante la presión y manipulación a testigos y las pruebas materiales.