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El preacuerdo entre la Fiscalía y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons es un mal ejemplo. Así resumió el contralor, Edgardo Maya, y el procurador, Fernando Carrillo, el documento que avaló ayer la Corte Suprema de Justicia en el que se estableció que, a cambio de la colaboración del exfuncionario con la justicia, solo pagará cinco años de cárcel y solo tendrá que devolver $4 mil millones para reparar a las víctimas. (En contexto: Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, pagará cinco años de cárcel)
Alejandro Lyons es uno de los personajes claves para entender cómo funcionó el entramado de corrupción en la Gobernación de Córdoba, en el que se perdieron al menos $115 mil millones del erario, y de cómo nació el sonado caso del cartel de la toga. Según las negociaciones de la Fiscalía, la pena que se confirmó ayer en contra de Lyons solo tiene que ver con el delito de concierto para delinquir. El exgobernador todavía tiene abierto un proceso por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación, en el que también está negociando.
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“(El preacuerdo que confirmó el alto tribunal) significa que aquí se puede delinquir, ¿cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron?”, señalaron Maya y Carrillo mediante un corto comunicado de prensa. La Contraloría, por su parte, señaló que Lyons tiene en su entidad seis procesos millonarios de responsabilidad fiscal avaluados en más de $66 mil millones. (Le puede interesar: Caso Lyons: cuando delinquir sí paga)
El proceso más relevante que se le sigue en el organismo de control, “y donde se han decretado medidas cautelares por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, es por el llamado caso del cartel de la hemofilia”, por $54 mil millones, en el cual el pasado 30 de enero Lyons acudió vía virtual, desde Miami a la audiencia verbal de descargos, aunque se negó a rendir descargos alegando que el auto de imputación no tenía motivación”, señaló la Contraloría.
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El procurador Carrillo y el contralor Maya anunciaron además que iniciarán un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia. “Acudiremos a todos los recursos que nos ofrece la constitución y la ley para defender el patrimonio de los colombianos”, agregaron los funcionarios pues están de acuerdo que, en un desfalco de más de $115 mil millones, uno de los responsables solo vaya a devolver a las víctimas $4 mil millones.
Por su parte, la defensa del exgobernador explicó que “pocos casos en Colombia han sido tan importantes en términos de colaboración con la justicia no solo en utilidad sino en prontitud. Él comienza su colaboración el año pasado y al día de hoy esa colaboración ha permitido que un senador de la República tenga una medida de aseguramiento y esté acusado ante la Corte Suprema de Justicia por un caso de corrupción”, indicó el jurista en RCN Radio.