Tribunal de Bogotá dicta medida de aseguramiento contra gobernador y exgobernadora de San Andrés

La exgobernadora Aury Guerrero y el gobernador Ronald Housni.

Al gobernador suspendido de San Andrés, Ronald Housni, y a la exgobernadora del archipiélago, Aury Guerrero Bowie, se les imputaron los delitos de concierto para delinquir, falsificación en documentos privados, peculado e incumplimiento de contratos.

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Para no entorpecer la investigación, la Fiscalía pidió medida de aseguramiento para ambos funcionarios. El Tribunal Superior de Bogotá acató la petición y los envió a la cárcel este sábado a la cárcel.

"La Fiscalía insistió en la urgencia de la medida de aseguramiento en centro de reclusión para proteger a la comunidad isleña de funcionarios que con el dinero de la regalías buscan enriquecerse; argumento que fue respaldado por el delegado de la Procuraduría quien indicó que se hace necesaria 'por la posibilidad de la injerencia de los imputados en la investigación y la posible comisión de otras actuaciones delictivas en contratos actuales'", se lee en un comunicado de la Fiscalía.

Para que se tomara esta decisión, el ente acusador lo argumentó con una interceptación a una llamada que hizo Housni al gobernador del departamento para indagar sobre los contratos y el presupuesto que se está llevando a cabo. 

La investigación contra los funcionarios comenzó con la Jornada Anticorrupción que llegó al archipiélago para escuchar a la comunidad ue extendió su preocupación por las demoras en la entrega de los proyectos. 

De acuerdo con la investigación, Guerrero y Housni están involucrados por presuntas irregularidades en la licitación de contratos por más de $120.000 millones. El pasados 8 de octubre, en un operativo de la Fiscalía, los funcionarios fueron capturados junto a otras nueve personas involucrados en el caso de corrupción que dejó un detrimento patrimonial de más de $11.000 millones.

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“Los contratistas entregaban el valor pactado a los intermediarios quienes serían los encargados de repartir las coimas a los mandatarios y algunos funcionarios, que presuntamente manipularon las licitaciones públicas y descartaron a otros oferentes con el pretexto de que no cumplían los requisitos de ley”, se lee en la investigación de la Fiscalía.