Así fue la visita de la Corte Constitucional al municipio más pobre de Colombia

Por primera vez en la historia, el alto tribunal fue hasta Río Quito, Chocó, para comprobar cómo la explotación de oro tiene en jaque a las comunidades afro.

Una de las dragas que se ven a orillas de Río QuitoCortesía

“¡Uf! Claro que sí. Que la Corte Constitucional viniera hasta acá fue histórico. Jamás había pasado. Esa visita puede partir en dos la historia de estos ríos chocoanos. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de las peripecias que tenemos que hacer para llegar. Porque vieron cómo se deformaron los cauces, porque vieron las dragas amontonadas en el río. Ellos –los magistrados- lograron ver el miedo de la gente por la presencia de mineros y de los actores armados. Y vieron también cómo la comunidad prefirió llenarse de coraje y de ánimo para contarles que su territorio se está derrumbando por el oro, que está empobrecido, que no tiene ni salud y ni nadie que les garantice sus derechos”. (Vea además este especial: Río Quito, la vida fragmentada por la minería)

Richard Moreno suena entusiasmado. Para él, que habla desde Chocó, lo que sucedió a finales de la semana pasada representa una especie de hito. Jamás un funcionario de una alta corte había viajado desde Bogotá hasta Río Quito para comprobar lo que organizaciones como Tierra Digna y el Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), les venían advirtiendo desde hace años: que ahí, en el municipio más pobre de Colombia, donde la población vive con el 98% de sus necesidades básicas insatisfechas, lo que está sucediendo es grave. Desde los noventa, cuando llegaron los buldóceres con acento brasilero –y luego argentino y peruano, y más tarde antioqueño-, sus ecosistemas se habían fragmentado a una velocidad aterradora. Las ansias de oro habían contaminado las aguas con mercurio, mermado la pesca, cambiado el curso de los ríos y destrozado la selva.

Por eso Moreno habla con fervor. “Esa, ahora, es nuestra gran esperanza”, dice. “Solo la Corte Constitucional, con todo lo que vio, con todo lo que vivió, puede tomar medidas para ayudarnos a recuperar nuestro territorio, para garantizar nuestra seguridad alimentaria, devolvernos un ambiente sano y proteger nuestra salud”.

Sus palabras van mucho más allá de la noticia que se volvió viral hace un par de días y que todos los medios, incluido El Espectador, replicaron, como dice Ximena González, abogada de Tierra Digna, sin mucho tino, sin nada de contexto y con mucha ligereza: que 37 menores de edad habían fallecido en Chocó por las aguas contaminadas de mercurio. “Eso no sucedió en estos días. La cifra hace parte de un informe de la Defensoría del Pueblo de 2014 – 2015. Agarraron el dato más escandaloso para hacer un titular nuevo y dejaron la problemática de lado”, explica. Ella hace parte del equipo que presentó la tutela que desembocó en esta histórica visita de la Corte Constitucional.

El viernes 29 de enero los magistrados auxiliares Yefferson Dueñas y Juan Felipe Clavijo, del despacho de Jorge Iván Palacio, se despertaron con el calor húmedo de Quibdó. El día anterior, como hace mucho no sucedía, había llovido y el río Atrato había vuelto a ser navegable. Sobre sus aguas los esperaban dos botes que los llevarían a ese olvidado rincón llamado Río Quito. La idea es que comprobaran con sus ojos lo que cientos de chocoanos les habían contado un día antes en la histórica audiencia pública que programaron a finales de diciembre.

Ese jueves, Dueñas y Clavijo anotaron en libretitas lo que les explicaron, entre muchos otros, las representantes de Tierra Digna, del Fisch, el padre de la Arquidiócesis de la ciudad, de la Procuraduría, de la Defensoría del Pueblo, de la ONU y del Departamento para la Prosperidad Social. También estuvo WWF, Dejusticia, la Agencia Nacional Minera, Codechocó, Corpourabá y Jesús Olivero Verbel, quizás el científico colombiano que más ha estudiado los efectos del mercurio en el país. El Ministerio de Salud no envió nadie y el Ministerio de Ambiente mandó una carta excusándose por su ausencia.

Así que después de oírlos a todos, con sus reclamos y sus argumentos, los magistrados auxiliares querían verificar qué tan grave era lo que estaba sucediendo. Por eso, a las 9 a.m. del pasado viernes ya estaban en las aceras de Quibdó que hacen las veces de puerto. Ahí se embarcaron en el más pequeño de los botes. En el otro iba una comisión de unas sesenta personas. Todas de pie.

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Para llegar a Río Quito, que es a la vez el nombre del río que atraviesa el municipio, hay que navegar unas dos horas largas. Ambos afluentes (Río Quito y el río Atrato) se encuentran cuando el reloj ha marcado unos sesenta o setenta minutos. Al principio, como observaron Dueñas y Clavijo, la selva, a orilla y orilla, parece intacta. Pero poco a poco comienza a resquebrajarse. Es un bosque en el que empiezan a aparecer mordiscos tan grandes y tan disparejos que en un momento los árboles desaparecen de un tajo.

Es, cuenta uno de los asistentes, como si los hubiesen trasladado dos kilómetros. Y por eso mismo, el río pareciera quedar sin cauce. Su agua, en cambio, se desparrama por una playa enorme y fangosa en la que de tanto en tanto se ven atoradas unas dragas que intentaron huir para que los magistrados no las fotografiaran. En total pueden haber entre 50 y 70. Y en medio de ellas uno que otro minero buscando pepitas de oro.

Tras pasar por ese terreno pantanoso, los funcionarios de la Corte Constitucional llegaron a Paimadó. Ahí, cerca de las 11 a.m. se instalaron en la plaza central y desde unas sillas rimax volvieron a escuchar a los pobladores. Volvieron a oír al profesor Olivero y a anotar los reclamos, las peticiones y las sugerencias. Hasta esa que en silencio les hizo una madre que levantó a su hijo de dos años para que todos pudieran ver sus malformaciones. Desde hace mucho, los habitantes registran nuevas enfermedades a causa de la continua exposición al mercurio, ese mineral que también les ha impedido pescar libremente. Ahora, diez de las catorce especies que nadaban en sus aguas están invadidas por ese metal.

Justamente, el desuso del mercurio, como asegura Viviana González, abogada de Tierra Digna, es uno de los puntos que la Corte tendrá que evaluar. Aunque el tema, para ella, es mucho más profundo: “La Corte ahora tiene un reto enorme. Ya que tiene un completo panorama de lo que ha estado sucediendo en Río Quito, debe garantizar nuevas actividades productivas. Tiene que ordenar la creación un plan para que progresivamente se desmonte esa minería que amenaza los territorios colectivos. Pero no solo es un asunto minero: es un serio problema de seguridad alimentaria, de salud, de derechos étnicos, de amenazas a líderes comunitarios. Es un problema histórico que hoy está desbordándose. Es un serio llamado a intervenir. Es un grito de ayuda”. “Ahora –complementa Richard Moreno-, hemos vuelto a tener esperanza. Solo esperamos que esta vez, esa ayuda llegue enserio”.
 

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