Autoridades prometen 25 pozos para comunidades indígenas de La Guajira

La Corte Constitucional ha ordenado, en reiteradas ocasiones al Estado, proteger a las comunidades de La Guajira. / Óscar Pérez - El Espectador

La Gobernación de La Guajira, a través de su Dirección de Vivienda y Medio Ambiente, desarrollan estudios geoeléctricos para construir, inicialmente, ocho pozos destinados a las comunidades indígenas de los municipios de Maicao y Albania. El trabajo se realiza en conjunto con el Club Rotario y Corpoguajira.

Por su parte, el Club Rotario Internacional viene realizando diferentes obras en beneficio de las comunidades en distintas regiones del país. En lo que respecta a la península, aseguran que “en estos momentos se vienen adelantando gestiones de la mano de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira para la cristalización de proyectos que llevarán calidad de vida para muchas familias”. Todo, con el acompañamiento de la administración departamental.

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Como etapa inicial del proyecto que contempla la realización de 25 pozos, los primeros se construirán en los asentamientos de Kamnajapurumana, el Pueblito, Pinky, Wilisimana, Urumashimana, Nuevo Amanecer, Nazareth y Tigre Pozo.

“Más de 12 mil personas se beneficiarán con la inversión (…) en este proyecto también acompañan los clubes Nuevo Medellín, Cerrejón, Chelsea, Distrito 4271, entre otros que trabajan con responsabilidad social”, manifestó la Gobernación.

Según la Corte Constitucional, “en la actualidad persisten grandes dificultades en materia de acceso al agua potable por parte de las comunidades”. El pronunciamiento se hizo a finales de 2018, al estudiar una tutela que presentaron integrantes de las comunidades indígenas de Warrutou, Warraliet, Juisharou, Topia y Tres Bocas, ubicadas en Uribia.

En la acción judicial, sus representantes manifestaron que están atravesando una crisis humanitaria a raíz de la escasez de recursos básicos en la población. Y que la situación es grave a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, otorgó medidas cautelares en el 2015 a la comunidad Wayuu.

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