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El pasado domingo en la noche, al anunciar la decisión de objetar seis de los 159 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por razones de inconveniencia, según argumentó, el presidente Iván Duque invitó al Congreso de la República, que ahora deberá abordar dichas objeciones, a debatirlas constructivamente.
Llama la atención, eso sí, que esta vez el jefe de Estado no haya hecho un llamado a la búsqueda de un gran pacto político para sacar adelante unas modificaciones que, como él mismo manifestó, apuntan a reformar y diseñar una Jurisdicción Especial para la Paz “que asegure a todos los colombianos genuina verdad, genuina justicia, genuina reparación y genuina no repetición”. Más aún teniendo en cuenta que desde el inicio de su mandato, ha hablado de un “pacto por Colombia”, poniendo por delante las cosas que unen a las gente por encima de las diferencias.
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Por ahora queda claro que el tribunal de la justicia transicional continuará en operación porque, además de existir constitucionalmente, cuenta con una ley de procedimiento. Pero lo cierto es que las objeciones del Ejecutivo abren un debate político y jurídico cuyo escenario será el Congreso de la República, donde el panorama no es tan claro para el presidente Iván Duque, quien, como se ha visto hasta ahora, si bien cuenta con las mayorías, estas no son tan sólidas. En otras palabras, no se puede hablar de una “aplanadora” del Gobierno en el Capitolio, por lo que desde ya se vislumbran varios escenarios de cara a la discusión que se avecina. Uno de ellos, incluso, es que Duque tenga que sancionar la ley tal y como había salido de la Corte Constitucional, según lo vaticinó incluso Humberto de la Calle el fin de semana.
En el Senado, las cuentas están relativamente claras. El Gobierno cuenta de su lado con el Centro Democrático, los conservadores, los partidos y movimientos cristianos, una parte del Partido de la U y congresistas como Jhonatan Tamayo, Manguito, quien se hizo elegir por los Decentes pero se ha reconocido como ferviente uribista. En cuentas alegres, serían los 54 senadores que apoyarían las objeciones de Duque, o sea, algo más de la mitad. Sin embargo, en este juego de sumas y restas hay que tener en cuenta que no todos los congresistas en esta cámara, a pesar de estar en partidos que se declararon de gobierno, están de acuerdo con la decisión del jefe de Estado frente a la JEP. Bien es sabido que senadores como Roy Barreras y Armando Benedetti lideran una disidencia en el interior de la U, que, quiérase o no, fue un partido que acompañó el Acuerdo de Paz.
Por los lados de la oposición se suman los nueve senadores de la Alianza Verde, los cuatro de la FARC, los cinco del Polo y los tres de la Lista de la Decencia. Por eso, la posición que adopte el Partido Liberal, que se declaró en independencia del Gobierno, será determinante, pues cuenta con 14 curules. Y el expresidente César Gaviria, director de esta colectividad, ya mostró su desacuerdo con la decisión del presidente Duque e incluso anunció que liderarán un acuerdo con las otras fuerzas políticas para que se rechacen las objeciones y se obligue a la sanción de la ley. “Cuando como partido apoyamos la candidatura de Iván Duque en la segunda vuelta presidencial, él se comprometió a que las diferencias que tuviéramos en materia de paz se resolverían de acuerdo con lo que decidiera la Corte Constitucional. Ahora debe honrar su palabra”, enfatizó Gaviria.
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Menos predecibles son los cálculos con los votos de Cambio Radical, que es la segunda bancada más grande en Senado, con 16 puestos. El escenario no es tan claro porque, si bien hay congresistas que han mostrado su desacuerdo con las objeciones parciales a la ley estatutaria de la JEP, también es cierto que algunos han acompañado al Centro Democrático en propuestas como la creación de una sala especial para los militares dentro del tribunal transicional, como es el caso del senador Germán Varón Cotrino.
En 2017, su líder natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, expresó preocupaciones frente a temas como el tratamiento del narcotráfico, las disidencias, los desertores y las listas de guerrilleros, y hasta advirtió que, como están planteadas las cosas, el primer candidato a someterse ante la JEP podría ser Álvaro Uribe. Sin embargo, ya en la campaña presidencial, ante las condiciones que puso la Corte Constitucional, quedó satisfecho: “Creo en el avance que tuvo el país con el proceso de paz. En su momento advertí sobre dos temas que me inquietaban y fueron resueltos”.
Por los lados de la Cámara de Representantes, la proporcionalidad en las cifras es similar, aunque hay una particularidad que, sin duda, puede ser determinante a la hora de tomar decisiones respecto del trámite de las objeciones. El presidente de la corporación es Alejandro Carlos Chacón, liberal, partido que junto con el Centro Democrático cuenta con 35 curules, siendo las bancadas más grandes. Si echamos para atrás, fue en la Cámara en donde el Gobierno tuvo un caminar más complicado para aprobar iniciativas como la Ley de Financiamiento, a pesar de que finalmente se acogiera el texto de Senado, y fue allí en donde la oposición logró sacar adelante, aunque sin éxito, el debate de moción de censura en contra del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que se embolató en Senado por decisión de la mesa directiva, cuyo presidente es Ernesto Macías, del Centro Democrático.
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La batalla política apenas comienza, en medio de convocatorias para marchas hechas por la oposición y el convencimiento por parte de muchos congresistas de que la decisión del presidente Duque de objetar parcialmente la ley estatutaria generará un desgaste innecesario, pues las objeciones son consideradas más cosméticas que de fondo y finalmente podría terminar sancionando una norma muy parecida o igual, en caso de que el Congreso no acoja las objeciones y le toque firmarla por obligación. Para algunos sectores, la verdadera atención se debe dirigir hacia el anuncio del primer mandatario de presentar un proyecto de reforma constitucional para modificar el acto legislativo 01 de 2017, que fue el que dio vida a la JEP y, en últimas, es el padre de la ley de procedimiento y de la misma ley estatutaria, que son las que lo desarrollan. Una puerta por abrir, con todos los riesgos que ello implica. Como lo advierte el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical: “Si el presidente asume la responsabilidad de presentar un acto legislativo sobre la nuez del acuerdo, también debe asumir responsabilidad de lo que salga del Congreso”.