“La dictadura selló su derrota moral y diplomática”, afirmó el presidente Iván Duque. Tiene razón. A pesar de que el presidente encargado, Juan Guaidó, no logró el objetivo del ingreso de la ayuda, mantiene un liderazgo que hasta el momento no había alcanzado ninguno de sus predecesores como jefes de la oposición. De lo acertados que sean los próximos pasos que dé va a depender en gran medida la eventual solución a la grave situación que vive su país.
Maduro anunció ayer el rompimiento de relaciones con Colombia y dio 24 horas de plazo al cuerpo diplomático y consular para que abandone el país. Una medida absurda que ha generado reacciones inmediatas del lado colombiano. La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, afirmó que, en la medida en que nuestro país no reconoce a la dictadura y sí lo hace con el interinato de Guaidó, difícilmente se puede romper lo que de hecho no existía desde hace un mes. Atendiendo a dicha perspectiva, tal y como sucedió con una orden similar a la Embajada de los Estados Unidos un mes atrás, los representantes colombianos también podrían permanecer en el país, pues no estarían obligados a abandonarlo. Sin embargo, y como medida sensata, el canciller, Carlos Holmes Trujillo, ordenó el retorno de dichos funcionarios a Colombia para evitar posibles acciones de los llamados colectivos en el futuro.
Hoy se lleva a cabo en Bogotá una reunión del Grupo de Lima, que contará, entre otros, con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente temporal de Venezuela, Juan Guaidó. Hasta el momento, este grupo de países que buscan el retorno de la institucionalidad democrática en el país vecino ha sido contrario a cualquier tipo de acción unilateral, o multilateral, de carácter militar. Sin embargo, Guaidó dijo el sábado anterior, y tras conocerse el resultado de la jornada —coincidiendo con el discurso que ha mantenido el presidente estadounidense, Donald Trump—, que “todas las opciones están sobre la mesa”. Julio Borges, uno de sus más cercanos colaboradores y quien actúa como su embajador ante el Grupo de Lima, dijo ayer en un trino que van a “exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro”.
Para el efecto, la Carta de la ONU tiene un mecanismo previsto en su capítulo VII, que autoriza una acción armada previa autorización de su Consejo de Seguridad. Sin embargo, y ante problemas similares en donde se presentaron hechos condenables y no se actuó con la firmeza requerida, se ha abierto paso una modalidad denominada la Responsabilidad de Proteger, o R2P, por su nombre en inglés, que podría aplicarse ante la lamentable situación de Venezuela.
La pregunta obligada es si ya se agotaron todas las instancias diplomáticas que permitan una salida incruenta a la crisis por la que atraviesa el país vecino. Pero incluso si estuvieren agotadas, la opción de una intervención no parece el camino legítimo para resolver la compleja situación por la que atraviesa el país vecino.
Nota del Director: Este editorial fue ligeramente modificado en un par de frases cuya ambigüedad podía dar a entender que considerábamos viable una intervención militar como solución al problema venezolano, algo que rechazamos por completo.
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