Legalizar el trabajo sexual

AMINISTÍA INTERNACIONAL (AI) con seguridad no tenía programado causar tanto escándalo. Su propuesta, que ni siquiera ha sido adoptada como la posición oficial de la ONG pues será discutida en un evento la semana entrante, era el resultado razonable de un proceso de investigación y debate que duró dos años.

El Espectador
01 de agosto de 2015 - 09:00 p. m.

Aun así, hoy enfrenta fuertes críticas de activistas que, en otros contextos, son sus aliados habituales. ¿Qué causó el escándalo? La legalización de la prostitución.

“Las trabajadoras sexuales —dice el comunicado de AI— son uno de los grupos poblacionales más marginados en la sociedad”. Y sí. En Colombia, por ejemplo, una trabajadora sexual tiene 40 veces más posibilidades de ser asesinada que una mujer que no ejerza la prostitución. Dada la ambigüedad con que son tratadas por el Estado, en nuestro país y en el mundo, son más propensas a sufrir abusos policiales, extorsiones, acosos, además de no ser escuchadas por la justicia cuando son violadas (lo que pasa a menudo). Su oficio, por estar condenado a la clandestinidad, no ofrece las protecciones laborales que dan otros más “dignos”, y se prestan para ser cultivo de actividades ilícitas: el narcotráfico suele ir de la mano de los burdeles, y la trata de personas está motivada por el comercio sexual. El pudor y el moralismo hipócrita ha hecho popular la actitud de mirar hacia otro lado en este tema, pero, y en esto acierta AI, hay que hacer algo.

La solución propuesta es la legalización. Los argumentos de AI, que compartimos, son claros: primero, el acto de vender y comprar sexo entre adultos es un ejercicio de la libertad individual que no debería ser prohibido por el Estado. Segundo, el mundo perverso de explotación de las trabajadoras sexuales no desaparece con la criminalización. De hecho, empeora, se vuelve más clandestino y peligroso. La mejor forma de proteger a las trabajadoras sexuales —usamos el femenino porque son mayoría las mujeres y mujeres trans que ejercen la prostitución, pero no queremos dejar por fuera a los hombres— es con reglas claras y una protección estatal fuerte: así se puede combatir mejor el tráfico de personas o la epidemia de VIH.

Por eso es extraño que el escándalo contra AI venga desde la izquierda liberal. Un grupo de feministas, incluyendo actrices famosas de la talla de Lena Dunham, Meryl Streep, Anne Hathaway y Kate Winslet, firmaron una carta de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres rechazando la medida. En su opinión, la legalización sólo va a fortalecer a los proxenetas y a las redes que se aprovechan de las trabajadoras sexuales.

La coalición apoya medidas como las que se están considerando en Francia, Inglaterra e Irlanda, y que ya se tomaron en Canadá y Suecia, donde no se penaliza a las personas que ejerzan la prostitución, pero se sanciona a sus clientes. Esto disminuye el número de personas que buscan servicios de prostitución, pero causa condiciones indeseables: oculta el comercio sexual que no deja de existir y, además, censura deseos sanos de las personas. Un ejemplo fácil: la prostitución suele ser muy útil para personas con discapacidad que deseen explorar su sexualidad en ambientes cómodos, lejos de la hostilidad y los prejuicios.

Ya llevamos mucho tiempo, en este y otros temas, con la estrategia de la criminalización y la clandestinidad. El fracaso es evidente. Legalizar es un paso maduro para, precisamente, proteger a un grupo marginalizado, empoderarlo y, de paso, dejar de ignorar la fuerza del deseo. El pudor es inútil y dañino.

 

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Por El Espectador

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