A la Procuraduría poco le importa esto y ha emprendido una verdadera cruzada en contra de este derecho que, a todas luces le resulta molesto al jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez. No le gusta. Él quiere que todos seamos heterosexuales a las malas.
Así, con el poder que le confiere la Constitución —curioso es que su labor sea defenderla—, ha implementado todo lo que tiene a la mano: ahí está, en primer lugar, la Circular 013 de 2013, que ordena a sus subalternos “intervenir, de manera preferente, en todos las solicitudes de matrimonio que hagan las parejas del mismo sexo”. No las del matrimonio heterosexual, que sí quedan quietas. Nos suena a discriminación eso de tratar de manera distinta a una población por razón de, por ejemplo, su condición sexual. ¿A usted no, señor procurador?
Sin embargo, ante esta orden, sus procuradores delegados van interponiendo recursos de reposición, y si no sirven, de apelación; y si no sirven, de queja, tal y como se lo expresó a este diario Mauricio Albarracín de Colombia Diversa el día de ayer.
¿Y si no funciona? Usan la tutela contra providencias judiciales, uno de los mecanismos que el derecho contempla como de último recurso y que, por eso mismo, ha hecho tan engorrosa su procedencia. Hasta allá llegamos y es por eso que el procurador delegado Gustavo Trujillo Cortés —quien incurrió en esta acción— fue denunciado ante la Fiscalía por parte de la exconcejal Angélica Lozano. Abuso de autoridad, argumenta ella.
Ahora, lo de la tutela. Es caprichoso desde donde se le mire. Porque se trata, en primer lugar, de una facultad ciudadana para frenar la vulneración inmediata o eventual de un derecho fundamental. La pregunta obvia es: ¿Qué derecho fundamental está siendo vulnerado porque un juez o un notario casen a un par de gais o lesbianas? ¿Qué daño —ya hablando en términos menos leguleyos— le están haciendo a la sociedad que los rodea?
Ahí no cabe ningún argumento. Pero lo curioso es que esta avalancha de tutelas contra providencias judiciales va en reversa de lo que, como consejero de Estado, defendió nadie menos que el hoy procurador general de la Nación.
Nos lo recordó hace poco el abogado de la ONG Women’s Link Worldwide, Santiago Pardo: en varias ocasiones el consejero Ordóñez negaba esas peticiones. Y no por razones de forma, sino por argumentos jurídicos de fondo: que resultaba incompatible con la distribución de competencias en la rama y con la autonomía judicial, dijo en un fallo de 2007. Que era procedente únicamente cuando el ordenamiento no contemplara otro mecanismo para defender los derechos fundamentales, y ese no era el caso de las sentencias, dijo en otro, en 2008.
¿Qué pensará Ordóñez cuando sus subalternos no responden con coherencia a este emplazamiento tan radical que hizo en providencias firmadas por su puño y letra? ¿Nada? ¿Le importará, él que es tan preocupado por lo jurídico?
Mucho más allá de toda esta verborrea técnica, lo que tenemos aquí es una cruzada por no dejar avanzar ciertos derechos. Y ahí nos quedamos. ¿Hasta cuándo tendremos que estar obligados a informar sobre este tipo de noticias? ¿Cuándo podremos seguir adelante?