En respuesta al editorial del 3 de agosto de 2021, titulado “Rescatar Transmilenio no es cerrarse a cambios necesarios”.
Es cierto que la demanda del transporte viene en una baja desde hace casi una década, pues, ante la incapacidad de un transporte basado exclusivamente en buses y su baja calidad, una parte de la demanda se ha movido hacia la moto como medio de transporte.
La pandemia vino a darle la estocada final a la demanda del sistema. En plena crisis social y económica, con una cifra inédita del 40 % de pobreza, con una alcaldía que, al igual que el Gobierno Nacional, decidió entregar la atención primaria en salud a las EPS y no recuperar el sistema público desde la Secretaría de Salud para prevenir el contagio; con una ciudad con más de 30.000 muertos, y un estallido social de la juventud popular que vive entre las mafias del narcotráfico y el abuso policial, y más del 12 % del sector productivo quebrado, la alcaldesa le presenta al Concejo de Bogotá un “rescate social” para Transmilenio.
Desde junio del 2020 varias bancadas hemos solicitado que se renegocien los contratos por causa de la emergencia social y económica causada por el COVID. La estocada de la baja de ingresos del sistema fue dada por las cuarentenas y medidas sanitarias, no es un hecho fortuito, pues ya han pasado 18 meses desde que inició la pandemia. ¿Por qué la alcaldesa Claudia López no negoció, debido a la pandemia, cláusulas contractuales de emergencia? ¿Por qué el pueblo, las empresas y la ciudadanía han tenido que perder, pero en el caso de Transmilenio la prioridad es mantener “el equilibrio de los contratos” y las rentas de los operadores? ¿Por qué la alcaldesa Claudia López trata de disfrazar de “rescate social” el rescate de emergencia al transporte público y los operadores privados? ¿Por qué le tocó al Concejo sincerar la discusión?
¿Por qué la administración presenta este proyecto, solicitando $2,1 billones al Concejo para el 2021, 18 meses después, sin un plan de mediano plazo ni un análisis del marco fiscal de mediano plazo? ¿Por qué apenas tres semanas antes lanzan un Conpes para seguir profundizando las concesiones privadas, con la segunda línea del metro, modelo que está haciendo agua? ¿Por qué a nadie escandaliza que una alcaldesa mayor de Bogotá diga que si los concejales no aprobamos paran la operación del sistema? ¿En dónde está la responsabilidad de la alcaldesa en el manejo de esta crisis? Transmilenio nos está costando $4 billones en dos años del presupuesto distrital; eso es el equivalente al 30 % de la segunda línea del metro, y no hay un horizonte de respuesta de la administración. ¿Creen ustedes responsable que el Concejo lo apruebe, así no más, sin pedir explicaciones? Y peor aún, ¿con la propuesta de usar recursos de deuda para pagar la operación?
Nuestra bancada ha exigido la renegociación inmediata, la no aprobación de todos los recursos y la asunción de responsabilidad por parte de la alcaldesa de llegar a este límite. Que se busquen fórmulas como que la plata que se paga de presupuesto del distrito sea para capitalizar los operadores, en acuerdo con ellos, en la lógica de las futuras utilidades que les entrega el contrato de concesión. Pero esas salidas las debería estar generando la administración; en cambio, nos pide que sigamos aprobando cuantiosos recursos, con una sociedad en crisis, sin ninguna respuesta ni estrategia a cambio, mientras la prensa evade las preguntas de fondo.
* Concejal de Bogotá, Colombia Humana-UP.