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Hay alarmas, o más bien advertencias, sobre los alcances que puede tener la reforma política propuesta por el gobierno Santos y que hace parte de la implementación del Acuerdo de Paz con las Farc. Aún se aguarda por la radicación de la ponencia que desde el Ministerio del Interior se viene estructurando con los mismos congresistas y que se espera que llegue al Capitolio esta semana. Por lo pronto, cumpliendo con los requerimientos legales, ayer se realizó la audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.
Una de las principales preocupaciones giró en torno a los efectos que la reforma tendría sobre la figura de la pérdida de investidura. Las críticas se dirigen a la posibilidad de acabar con la llamada “muerte política”. ¿De qué forma? Haciendo a un lado tres de las causales: la violación del régimen de inhabilidades, el tráfico de influencias y la indebida destinación de dineros públicos. Un punto que para la representante Angélica Lozano, de la Alianza Verde, es “un mico que trae el Gobierno y que destruirá la sanción”.
No obstante, las posiciones son tan encontradas como diversas. Sólo el hecho de que la reforma política sea un imperativo por el Acuerdo con las Farc podría ser uno de los motivos por los que el movimiento Voces de Paz esté de acuerdo con su articulado, poniendo por delante algunas consideraciones que señalan específicamente la participación de los grupos y partidos minoritarios. (Lea: Santos se opone a lista cerrada propuesta en la reforma política)
Francisco Tolosa, vocero del movimiento, explicó que precisamente la ausencia de garantías para el ejercicio de la política hizo que toda una generación acudiera a la lucha armada. “Lo que intenta la reforma política es desactivar los impedimentos y habilitar las vías para que se pueda participar en política, sea cual sea el tono, con garantías y fuera de las grandes contrataciones y el clientelismo”, enfatizó.
De hecho, Voces de Paz apoya varios apartes de una propuesta dada a conocer por los partidos minoritarios, alternativos y de oposición (MIRA, Alianza Verde, Polo Democrático, MAIS, entre otros) y que incluye seis temas que consideran prioritarios.
Entre ellos se cuenta permitir las coaliciones de estos movimiento a corporaciones públicas y el otorgamiento de personerías jurídicas; su oposición a las listas cerradas; el fortalecimiento de la financiación pública y el control de campañas; la adquisición progresiva de derechos, con la reducción del umbral al 2 % o la conservación de todos los derechos durante ocho años; la insuficiencia de las medidas que plantea la reforma para garantizar la autonomía del organismo electoral, y la promoción de la participación electoral con la implementación, por ejemplo, de campañas de educación, voto electrónico y medidas de equidad de género. (Lea: Los pros y contra de la reforma política, según los partidos minoritarios)
Lo que se busca, explicó Alirio Uribe, representante por el Polo Democrático, es que los partidos minoritarios tengan “una fase de transición” durante ocho años, para que se pueda asegurar la vida política de estos en el país. “No queremos salir de la actividad política, queremos mayor participación de las minorías”, señaló.
Sin embargo, desde el interior de esos partidos minoritarios hay reservas frente a esas mismas pretensiones. “Estamos de acuerdo con las coaliciones, pero no en que sea un compromiso a largo plazo sino un mecanismo de protección a las minorías para superar el umbral”, comentó una voz de la Alianza Verde. Dudas que no son nuevas, pues muchas de ellas habían sido señaladas por el precandidato presidencial Sergio Fajardo en una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos en abril pasado, en la que, entre otras cosas, advertía que la reforma contempla condiciones que tendrán que cumplir los nuevos partidos políticos en el lapso de meses, prácticamente inalcanzables.