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Migración Panamá reveló recientemente que 118.000 migrantes han cruzado el Darién en lo que va de 2024 y que el 60 % de ellos tienen nacionalidad venezolana. Precisamente, en julio se celebrarán las elecciones en las que Nicolás Maduro podría reelegirse, comicios que han sido altamente criticados por la oposición, dentro y fuera del país. ¿Cómo podría traducirse esto en materia migratoria?
Los flujos migratorios en Latinoamérica vienen creciendo de forma muy significativa. En los últimos 15 años pasamos de 7 millones de migrantes en la región a flujos de 15 millones. El año pasado lo terminamos con medio millón de personas cruzando el Darién. Con estas cifras, al ritmo al que vamos, 2024 puede finalizar con 800.000 o un millón de migrantes cruzando por esta peligrosa ruta, con rumbo a Estados Unidos. Como se señala, la nacionalidad que más cruza el Darién es la venezolana. Los reportes que tenemos, producto de dos años de trabajo de campo y más de 300 entrevistas en terreno, muestran que ellos vienen huyendo por distintos factores: por represión política, por los casos de ejecuciones extrajudiciales, torturas o detenciones arbitrarias, pero también por la crisis social y económica, y por la imposibilidad de conseguir alimentos y medicinas. En la medida en la que la represión incremente en Venezuela en este contexto electoral, no solo con la restricción de los derechos a la participación política y con la imposibilidad de que candidatos de la oposición puedan registrarse, sino también con la detención de líderes de la sociedad civil, como Rocío San Miguel, lo que sin duda afectará el crecimiento de la migración venezolana hacia el resto de la región.
Hay otros focos de violencia e inestabilidad, además de Venezuela, que estarían motivando la migración por el Darién, como Ecuador y Haití. Ellos tienen una historia de años de violencia, si no décadas, pero en los últimos meses, de enero para acá, hemos visto que eso se ha recrudecido. ¿Qué dice esto sobre las condiciones de Latinoamérica y el Caribe en clave migratoria?
En el caso de Ecuador, hay una tasa de homicidios que se ha triplicado en los últimos tres años, llegando a ser una de las más altas en América Latina, básicamente por la confrontación entre grupos del crimen organizado, asociados al tráfico de drogas y a otras economías ilegales, y también hay una falta de control por parte del Estado, que no ha cumplido con su deber de proteger y garantizar la vida y la integridad de sus habitantes. Eso ha expulsado a muchos ecuatorianos, quienes nos han mencionado la violencia relacionada con el crimen organizado, los homicidios, los secuestros y la extorsión como las causas que motivaron su decisión de migrar. En cuanto a Haití, que venía siendo la segunda nacionalidad con mayor migración antes de este crecimiento de los ecuatorianos, es un país que ha sufrido distintos flagelos en la última década, el más reciente, una confrontación muy fuerte entre pandillas por el control territorial, que ha disparado la tasa de homicidios, la violencia sexual y los secuestros. Hoy es un país absolutamente sitiado por el control de las bandas, principalmente en Puerto Príncipe, pero extendido al resto del territorio, que ha incrementado el número de personas que intentan salir para preservar la vida.
Hablando del informe “Abandonados en la selva”, Human Rights Watch les recomienda a Panamá y Colombia nombrar, cada uno, a un funcionario o asesor encargado de coordinar la respuesta en el Darién, además de que generen una cooperación para la atención a la población, no solo en materia de asistencia humanitaria, sino también en el acceso a la justicia. ¿Por qué cree que esto se ha demorado en ocurrir? ¿Qué se necesitaría para cumplir con esas recomendaciones?
Eso es, básicamente, voluntad política. En la rueda de prensa que presentaron los cancilleres de Panamá y Colombia, en la que dieron respuesta al informe, reconocieron que falta mayor coordinación y aceptaron que harían ajustes institucionales. Estamos a la espera de si eso se traduce, al menos, en el nombramiento de un funcionario en cada país que coordine la respuesta frente al Darién. En el caso de Colombia, el informe muestra que no hay una estrategia para proteger los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo que están en tránsito en el país. La zona colombiana del Darién es absolutamente controlada por el Clan del Golfo, que domina las rutas, las guías y presta de forma informal una serie de servicios de seguridad. Los datos del Gobierno muestran que cerca de US$125 por migrante terminarían en manos de ese grupo. Con los niveles de flujo del año pasado, eso equivaldría a, por lo menos, US$68 millones para el Clan del Golfo, como resultado del control de la migración. Eso hace que Colombia no sepa cuántas personas salen de su territorio ni cuántas de ellas son menores de edad, mujeres embarazadas o están enfermas.
¿Y en el caso de Panamá?
Ahí pasa lo contrario: hay una estrategia, pero de flujo controlado, que busca tratar de llevar cuanto antes a los migrantes a la frontera norte con Costa Rica, sin ningún tipo de atención a la protección de los derechos de los migrantes y solicitantes de asilo. El eje común, y lo mencionabas, es que ninguno, ni Panamá ni Colombia, está desplegando actividades para investigar, juzgar y sancionar las gravísimas violaciones que se están cometiendo en el Darién, como homicidios, desapariciones forzadas y, de manera muy grave, violencia sexual, particularmente contra las mujeres.
En el estudio se hace énfasis en el abandono estatal a ambos lados de la frontera, claro, por razones diferentes: en Colombia, la ausencia de autoridad está cediendo espacio al Clan del Golfo. Con respecto a Panamá, está la desprotección a las comunidades indígenas, que son las primeras en recibir la ola migratoria. ¿Se podría decir que la situación actual de los migrantes es reflejo de una histórica ausencia de institucionalidad en estos territorios?
Sí, en el informe lo reconocemos. Los municipios de salida en Colombia tienen una tasa de pobreza multidimensional de más del doble de la tasa nacional. La provincia del Darién, en Panamá, es la más pobre del país. Hay, sin duda, unas condiciones preexistentes a la migración en estos territorios de frontera, especialmente abandonados y donde no ha habido presencia institucional, y esto explica lo que estamos viendo actualmente. En la medida en que se complica la situación por el altísimo flujo de migrantes, la demanda de mayor presencia y capacidad del Estado es aún más urgente.
Human Rights Watch no solo les hace recomendaciones a estos países, sino también a Estados Unidos, la ONU, la Organización Internacional para las Migraciones y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para indicar que la migración debe ser abordada desde una perspectiva regional. Ustedes citan la Declaración de Cartagena, pero también pienso en la Declaración de Los Ángeles, firmada en la Cumbre de las Américas de 2022. ¿Por qué es tan complejo generar una acción colectiva alrededor de la migración, si se ha dicho, en reiteradas ocasiones, que esta es una cuestión que le compete al continente, de arriba abajo?
Muchos, tristemente, hablan de la respuesta regional para lavarse su propia responsabilidad. Que tenga que ser regional no quiere decir que no les competa a los países de salida, de tránsito y receptores participar de la estrategia. En el caso de Estados Unidos, en un informe de noviembre del año pasado, que es parte de una trilogía, dijimos que las decisiones de negociar con México y Guatemala la imposición de visados a venezolanos provocó que se disparara el flujo por el Darién. Es decir, personas que pudieron haber migrado de una forma más segura, a través de un vuelo, terminaron por ser empujadas a una ruta más peligrosa. Lo propio con el programa de parole estadounidense, que, al ser anunciada la posibilidad de que los venezolanos solicitaran su asilo desde otros territorios como Colombia, redujo el flujo de migrantes. Sin embargo, apenas se supo que se necesitaba un pasaporte válido y vigente, así como un patrocinio económico en Estados Unidos, el flujo volvió a dispararse inmediatamente. Entonces, una recomendación a Washington es no externalizar la política de migración, no buscar la imposición de visados para personas que están saliendo de contextos de inmensa represión y violencia política, que no tienen condiciones para permanecer en sus países, y que este tipo de restricciones, como los visados, los empujan a canales más peligrosos. Si atendemos regionalmente estos factores, podríamos reducir significativamente el flujo de migrantes y, más importante, protegerlos y garantizar sus derechos en un lugar de acogida a lo largo de la ruta.
Ustedes también hablan de la necesidad de fortalecer la política de asilo. ¿Cómo podría ayudar la gestión de la migración por el Darién mejorar dicho instrumento?
El derecho al asilo es un derecho humano y garantizarlo es una obligación de todos los países. Los niveles del flujo de migrantes en América Latina superan, con creces, lo que se podría hacer en materia de protección solo a través del asilo. El mínimo básico es que los Estados articulen dicho sistema para que quienes cumplen con los requisitos puedan postularse ágilmente y recibir asilo en cualquier país de la región. Ahora bien, el flujo de migrantes es tan alto que es necesario buscar otro tipo de caminos legales y seguros, para garantizar que quienes salen de sus países puedan encontrar un destino en el cual recomponer su proyecto de vida. El asilo es fundamental, pero es un paso mínimo que hoy no se está cumpliendo.
Esto que estamos viendo en el Darién sucede a la par que transcurren otras crisis migratorias en el mundo, como Gaza, Ucrania y Sudán, y esto implica una competencia de los recursos disponibles para atender estas emergencias. ¿Cómo lee esto?
Lo que esto traduce para países como Colombia y Panamá es que no pueden seguir dependiendo de la cooperación internacional para atender esta crisis. Es un reto difícil, porque los recursos son escasos, pero ambos tienen la obligación internacional de proteger no solo a sus ciudadanos, sino a quienes habitan en sus territorios, así como a aquellos que cruzan en distintos momentos por allí. En gran medida, Colombia y Panamá han dependido de que la atención humanitaria esté en cabeza de entes no gubernamentales. Esas organizaciones han cumplido un papel fundamental, que tienen que seguir ejerciendo libremente, pero nunca será suficiente. Se requiere una inversión más alta, con mayor articulación y capacidad por parte de Colombia y Panamá, para poder proteger a quienes pasan por el Darién.
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