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Casi 100 mil familias se inscribieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, la punta de lanza del Acuerdo de paz para resolver este problema. Los excocaleros arrancaron sus matas a cambio de proyectos productivos legales, pero, cinco años después, menos del 1 % ha llegado al fin de la estrategia pensada para 29 meses. Pese a que la resiembra tras la sustitución es casi nula, el Gobierno sigue apostándole a la erradicación forzada.

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