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Congreso mexicano propone despenalizar “robo por hambre”

El Congreso de la capital mexicana analiza la despenalización "del robo por hambre" ante el hacinamiento en las cárceles locales, donde el 25 por ciento de los reclusos está allí por el hurto sin violencia de objetos con un valor inferior a los 1.000 pesos mexicanos (unos 95 dólares).

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El diputado capitalino del Partido Acción Nacional (PAN) José Antonio Zepeda, que presentó la iniciativa este miércoles, dijo que el proyecto va dirigido a proteger a aquellas personas que "están en la cárcel porque no tuvieron los medios económicos para pagar una buena defensa".

"El Distrito Federal tiene la población penitenciaria más grande del país y una de las más grandes de Latinoamérica", con 35 mil reos en los siete centros que dependen de la alcaldía y que están diseñados para albergar a 20 mil, lo que genera una superpoblación del 70 por ciento, apuntó.

La propuesta presentada ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) consiste en una reforma del Código Penal para que el procesado se libre de estar tras las rejas cuando demuestre que cometió el delito por extrema necesidad y por un monto menor a diez salarios mínimos diarios, es decir, 800 pesos (unos 76 dólares).

Además, deberán demostrar que no han hecho uso de violencia física o moral, portado armas y no ser reincidente.

A cambio, el proyecto sugiere sancionar al culpable con trabajos comunitarios a través del servicio social como podar arboles, pintar aceras o barrer calles, castigos que deberían redundar en principio en beneficio de la empresa o personas agraviadas.

De esta forma, señaló Zepeda, se evitará que los ladrones "por hambre" estén conviviendo en los centros penitenciarios con delincuentes peligrosos, entre ellos integrantes de las bandas del crimen organizado.

"Con la legislación actual estamos dotando de ‘becas’ de especialización en delinquir a estos ciudadanos, que son formados por las mafias de las cárceles", denunció.

Según el diputado del PAN, la situación actual responde a las políticas establecidas por el ex jefe del gobierno capitalino Andrés Manuel López Obrador (2000-2005) , que contrató la asesoría del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, para aplicar un plan de "tolerancia cero" contra el delito.

"El plan generó la percepción de que se combatía al crimen pero en la práctica fracasó", opinó Zepeda "entones había 18 delitos graves en el código penal (local) y hoy hay más de 200".

El proyecto de reforma legal, que ya existe a nivel federal y que es analizado actualmente en comisiones en el congreso capitalino, tendrá probablemente detractores, admitió Zepeda, para quien su contenido coincide con los tratados internacionales suscritos por México sobre la materia.

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