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14 Jan 2008 - 10:33 a. m.

“El Presidente confundió mi cortesía con mis deberes”

El saliente presidente de la Corte Suprema habla de su conflictiva relación con el Ejecutivo: contesta sin ambages a los calificativos de "farsante" y "evasivo" que usó Álvaro Uribe para describirlo. Rechaza otra acusación presidencial sobre sus parientes. Y acepta que cuando el Jefe de Estado lo llamó por el caso "Tasmania", también se refirió con molestia al proceso contra su primo, Mario Uribe.

Cecilia Orozco Tascón / Especial para El Espectador

Nadie se imaginó que este magistrado de la provincia vallecaucana, casi un desconocido en los círculos del poder político de la capital, iba a producir tanto alboroto durante su período como presidente de la Corte Suprema. Hoy, César Julio Valencia Copete, quien será relevado de ese cargo dentro de algunos días por período cumplido, es familiar para los colombianos gracias a la continua exposición de su imagen en los periódicos y la televisión.

Caracterizado por su timidez y parquedad de comportamiento, Valencia Copete asombró incluso a sus colegas cuando, sin pestañear, le contestaba en su mismo tono al Jefe de Estado cada vez que éste descalificaba a la Corte o sembraba sospechas sobre su conducta.

Lo cierto es que el vocero del tribunal más polémico de la última etapa de la vida nacional pareció modificar su temperamento introvertido, probablemente porque se sintió retado. No evadió los duelos, que enfrentó en medio del barullo de las ruedas de prensa improvisadas, y tampoco se escondió para evitar el escándalo en el más calmado pero tenso ambiente de los eventos en los que debió encontrarse con Álvaro Uribe, muy a pesar de ambos personajes.

Era imposible prever que este hombre sufriría ese cambio extremo en el escenario público porque, además de los rasgos de su personalidad, su desarrollo profesional siempre estuvo circunscrito al solitario estudio de los expedientes entre las cuatro paredes de los despachos judiciales desde que empezó, hace 33 años, en una modesta oficina de juez promiscuo de San Francisco (Cundinamarca).

En todo caso, al final de su gestión, el prestigio de este abogado externadista, que se niega a dejar las aulas, donde es uno de los catedráticos más reputados, posiblemente se ha incrementado, aunque en el otro lado haya logrado ganarse sólo unos cuantos enemigos de cuidado. En la conversación con El Espectador y antes de regresar al anonimato de su Sala Civil, Valencia Copete ratifica su posición en defensa de "la independencia de la rama judicial" y explica con detalles precisos, algunos de ellos verdaderamente sorprendentes, cómo ocurrieron los enfrentamientos con el Primer Mandatario.

Cecilia Orozco.- A usted le correspondió el año pasado dar varias batallas verbales contra el Ejecutivo, y en particular contra el Presidente de la República. ¿Se había imaginado que su período en la presidencia de la Corte se iba a caracterizar por ese tipo de episodios?

César Julio Valencia.- No. Nunca me imaginé que tuviera que confrontar con nadie, y menos con el señor Presidente. Sabía de las responsabilidades de mi cargo, sobre todo en el frente de las polémicas que se podían generar por lo que se ha denominado el caso de la parapolítica, pues a fines de 2006 ya se iniciaban las investigaciones contra algunos de los congresistas. Infortunadamente hubo expresiones del Primer Mandatario que consideré inapropiadas e injustificadas, como la de decir que la Corte era un obstáculo para la paz; que una providencia contenía sesgo ideológico y que esta corporación había creado la inseguridad jurídica en el país. Ante esos señalamientos reaccioné con respeto, pero con vehemencia. Después, el mandatario también lanzó afrentas personales contra varios magistrados, lo que por supuesto, aumentó la tensión.

C.O.- En concreto él se refirió a usted en términos peyorativos, como por ejemplo cuando le dijo "farsante". ¿Por qué cree que le dio ese calificativo?

C.J.V.- Él usó esa expresión para hablar de mí y de otros magistrados. En mi caso, el Presidente confundió la cortesía que empleo cuando se trata de reuniones protocolarias a las que tenía que asistir, con mis deberes, uno de ellos, las respuestas institucionales que debía dar a nombre de la Corte y en defensa de la independencia de la justicia. Por ejemplo, en una ocasión nos invitó a los presidentes de las cortes a la Casa de Nariño a un almuerzo de trabajo, hecho que le agradecí para responder con amabilidad su gesto. Pero casi en seguida él lanzó públicamente unos agravios contra esta corporación. Tuve que replicarle también en forma inmediata. Es claro que las buenas maneras sociales no me ataban para asumir la defensa de la institución que represento.

C.O.- Además, el Presidente le hizo una acusación delicada, que quedó sin respuesta, cuando afirmó que usted tenía parientes en la Fiscalía nombrados por el doctor Iguarán, a quien usted, a su vez, había ayudado a elegir.

C.J.V.- Me gusta que me pregunte sobre un tema que en su momento no quise responder para no ahondar las diferencias entre la Corte y el Presidente, ya de por sí graves. Sobre eso le puedo decir lo siguiente: no es cierto que haya familiares míos nombrados por el doctor Iguarán o que yo le hubiera pedido a él o a alguno de los fiscales generales anteriores que nombrara a personas con algún parentesco conmigo. Por lo demás, le recuerdo que no he participado sino en la elección del doctor Iguarán Arana, quien podrá, si es del caso, corroborar que jamás le he hecho una solicitud de ese tipo.

C.O.- Hubo diferentes versiones -que no se aclararon- sobre la llamada que el Presidente le hizo a usted cuando le denunció las supuestas presiones de un magistrado auxiliar al delincuente apodado Tasmania. ¿Qué le dijo el mandatario?

C.J.V.- Recuerdo con exactitud que cuando el Presidente me contactó telefónicamente, yo me encontraba en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La llamada del Jefe de Estado me causó profunda sorpresa. La Sala Penal acababa de llamar a indagatoria al doctor Mario Uribe. En ese momento, en tono alterado, me expresó su disgusto por algunas decisiones que venía tomando esa Sala y, en términos no muy claros, alcanzó a referirme otros hechos relacionados con algunas actuaciones de un magistrado auxiliar. Como usted comprenderá, aparte de la perplejidad que sentí por lo inusual de la llamada, prácticamente me limité a escucharlo. A los pocos días, y tras algunas conversaciones con el presidente de la Sala Penal, Sigifredo Espinosa, citamos al Fiscal y al Procurador para enterarlos de lo ocurrido...

C.O.- Perdone la interrupción... Dice que el Presidente se comunicó con usted poco después del llamamiento a indagatoria a Mario Uribe. ¿Él se refirió concretamente al caso de su primo?

C.J.V.- Sí.

C.O.- ¿Cuál fue su reacción y qué le contestó? Recuerdo que el Presidente, hablando con Yamid Amat en CM&, dijo, refiriéndose a esa conversación, que usted le respondió "con evasivas".

C.J.V.- En cierta forma el Presidente tuvo razón al emplear ese término. Le explico: me sorprendí tanto con la llamada del Jefe de Estado por los temas que planteó, que me quedé perplejo y traté de no contestar algo que como juez no debía responderle ni siquiera a él. Además, los asuntos de que me hablaba no eran de mi competencia.

C.O.- Sí, usted pertenece a la Sala Civil, no a la Penal. ¿Cree que la molestia del Presidente con la Corte se debía, además del caso Tasmania, al proceso que se inició contra el ex senador Mario Uribe?

C.J.V.- No creo que las cosas sean de la manera como usted las plantea. Me parece, sí, que el señor Presidente se precipitó a llamarme, pese a que, según entiendo, con antelación había hablado con otros funcionarios sobre el tema de Tasmania.


C.O.- En concreto, ¿qué dijo o qué le preguntó el Presidente sobre el proceso de Mario Uribe y qué le contestó usted?

C.J.V.- No quiero referirme más a ese punto.

C.O.- El Presidente y sus funcionarios han insistido en controvertir la sentencia de la Sala Penal sobre un paramilitar raso al que la Corte le negó el cambio del delito de concierto para delinquir agravado por el de sedición ¿Cuál será la posición de la corporación si el Gobierno termina presentando un proyecto de ley que obligue a la Corte a modificar su posición?

C.J.V.- En el fallo al que usted se refiere, la Corte, con apoyo en la legislación, así como con el sustento de abundante doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera, arribó a la conclusión de que no podía confundirse el delito de sedición con el delito común. Sostener lo contrario, como lo he dicho, sería intentar una especie de alquimia jurídica. Otra cosa es que el Gobierno, dentro de sus facultades constitucionales, intente cambiar la situación jurídica actual. En ese caso, siempre recuerdo que los jueces nos limitamos a interpretar y a aplicar la ley. Sobre su pregunta, y así me lo ha solicitado la Sala Plena, resulta mejor abstenernos de opinar sobre los proyectos de ley. Sólo le puedo decir en forma general que la propuesta sobre una nueva legislación debe consultar los intereses superiores del país; no debe establecer impunidad absoluta y, sobre todo, no debe contrariar los estándares fijados en el Derecho Internacional Humanitario.

C.O.- ¿Sugiere que si se le va la mano al Gobierno en acomodar la legislación podría haber rechazo internacional, o dicho de otra manera, podría haber en el futuro intervención de las Cortes Internacionales.

C.J.V.- Esperemos a ver en qué terminan esos proyectos.

C.O.- ¿Por qué la Corte pidió veeduría internacional en los procesos contra los congresistas por la parapolítica? ¿Para protegerse?

C.J.V.- Se me pidió como presidente de la corporación iniciar gestiones con organismos internacionales. En efecto, empecé a hacer algunos contactos con sus representantes en Colombia, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, organismos de la Comunidad Europea y otros, para que éstos les hagan seguimiento a los procesos que están abiertos, de suerte que observen cómo es que se están garantizando a cabalidad el debido proceso y los demás derechos de los procesados.

C.O.- ¿Puedo suponer que ha habido presiones en la Corte por los procesos de la parapolítica y que por eso quieren observadores externos?

C.J.V.- Debido a la complejidad y a las implicaciones en todos los asuntos que tramita la Corte, y no solamente los de la parapolítica, su estudio demanda grandes responsabilidades de los jueces. Esto, ya de por sí, es una presión sicológica. Adicionalmente, ha habido hechos que quiero llamar coincidenciales, como las amenazas a algunos magistrados y a sus familiares. También han llegado mensajes anónimos. Demandé de las autoridades mayor seguridad para los magistrados, lo que en gran parte se logró. Y se empezaron a utilizar métodos para tratar de evitar interceptaciones a los sistemas de comunicación. Al personal de escoltas, por ejemplo, se le aplicó la prueba del polígrafo.

C.O.- Me refiero más bien a las presiones políticas para que la Sala Penal sea menos severa con los congresistas investigados.

C.J.V.- No quiero pensar siquiera que esa posibilidad exista, o que alguno de los congresistas vinculados a las investigaciones haya intentado utilizar ese camino por sí mismo, o a través de otros.

C.O.- ¿Qué destacaría en el trabajo de la Corte?

C.J.V.- Debo destacar que la Corte que presido hasta dentro de unos días continuará trabajando en su labor de administrar pronta y debida justicia, tal como le corresponde a una institución que es fortaleza moral del país. La ciudadanía sigue creyendo en este tribunal porque ve que en todas sus actuaciones procura evitar la impunidad, pese a las diversas circunstancias en que le toque juzgar los hechos. Además quiero destacar, porque el país no lo sabe bien, que esta es la corporación que produce el mayor número de tutelas al año: aproximadamente 10 mil. No hay ningún otro tribunal que la supere. Con esta cifra se refutan expresiones denigrantes según las cuales la Corte Suprema es la enemiga del amparo tutelar.

C.O.- Recientemente ha habido varios cambios en la Corte, incluyendo los que han ocurrido en la Sala Penal. Hay un magistrado más que está a punto de ser elegido. ¿Se modificará, con estos nombramientos, el manejo que la Corte les ha dado a los procesos que están bajo su jurisdicción?

C.J.V.- La solidez de la institución no sólo les da seguridad a los ciudadanos, sino que permite pensar que el nombramiento de un magistrado no tiene por qué cambiar en forma sustancial el comportamiento jurídico de la Corte Suprema. Claro está, sin perjuicio de la renovación jurisprudencial, que también es necesaria.

C.O.- Usted mismo será sustituido muy pronto en la presidencia de la Corte. ¿Aflojará el próximo presidente su actitud de defensa de ese alto tribunal o seguirá su misma línea?

C.J.V.- El presidente de la Corte es un simple vocero de la Sala Plena. Por tanto, quien sea elegido como mi sucesor debe seguir las directrices que le trace la corporación. Esas directrices son las que representan el pensamiento de este tribunal, en particular, el de continuar enarbolando las banderas de la autonomía y la independencia judiciales.

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