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La Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido publicó un comunicado titulado “Las urgencias del Patrimonio Cultural Sumergido y el Patrimonio Arqueológico en general”, en el que le recuerda al gobierno de Gustavo Petro las prioridades en esa materia, empezando por una decisión sobre el rescate del galeón San José y su tesoro, hundidos en aguas del mar Caribe colombiano a 12 millas de Cartagena y cuyo proceso de extracción y conservación no ha sido adjudicado. (Recomendamos: Videocharla de Nelson Fredy Padilla, editor de El Espectador y autor de un libro sobre el galeón San José, con el escritor Héctor Abad Faciolince sobre ese tesoro colonial).
Advierte que “a escasos cuatro meses de nuestro anterior comunicado público titulado El galeón San José: de la politiquería a la política pública (Junio 14 de 2022), mismo que hacía un llamado de atención a quien resultase electo como presidente para que sin dilación tomase las riendas de esta temática que lejos de merecer el “manejo propagandístico, ocasional y decorativo que se le suele dar así como el ocultamiento de los asuntos de fondo”, hiciese un reconocimiento abierto y coherente del papel e importancia de este, impulsando los cambios estructurales requeridos, volvemos a insistir en el tema ya que el tiempo pasa y no se conocen noticias ciertas al respecto”.
El presidente Petro se refirió por primera vez al tema ayer 2 de noviembre, en las siguientes palabras pronunciadas durante una ceremonia de ascensos en la Policía Nacional: “En ese esfuerzo que viene de unos años atrás, allí, mujeres y hombres profesionales, integrantes de la Armada, prácticamente han pasado a la vanguardia de la tecnología y del conocimiento alrededor de esa misión, que al final ya no es sacar un barco, porque no existe el barco, lo descubrió la Armada sino su contenido”. Sobre el tesoro dijo: “Su contenido puede ser valioso, no lo sabemos; seguramente que lo es en términos culturales”.
El Espectador le preguntó hace dos semanas a la ministra de Cultura, Patricia Ariza, por el tema y respondió: “Por ahora estamos estudiando el caso, imaginando el galeón en el fondo del mar y escuchando a los países que hacen parte del litigio. Hay muchos intereses ahí. En todas partes me preguntan por el galeón, la respuesta, por supuesto, está en manos del presidente. Pero, mientras llega, podemos imaginar el galeón. He propuesto una exposición de cuadros sobre el galeón, algo que ya García Márquez inició en el Amor en los Tiempos del Cólera. Yo, por ahora, estoy escribiendo una obra de teatro, pero aún no puedo contar cómo termina”. Esto significa que la actual administración apenas estudia el caso a fondo para decidir si abre una nueva licitación pública y en qué términos.
La Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido insistió en su mensaje: “Hemos llamado reiteradamente la atención a la ciudadanía y a las entidades competentes, acerca de la necesidad de una política pública sobre la materia, una apuesta de País de largo plazo, no sometida a los vaivenes de la política del momento, que debe ser formulada y ejecutada con el concurso de los sectores académicos y de los actores sociales y territoriales que tienen capacidades e injerencia sobre el tema”.
Según los expertos académicos, “dicha política, debe contar entre sus elementos estructurantes con la derogación o modificación de fondo de la legislación sobre patrimonio cultural sumergido, y en especial de la Ley 1675 de 2013 y su reglamentación, que aún posibilitan el tratamiento de bienes que integran dicho patrimonio como si fuesen mercancías”. Así mismo, “debe comprometer el decidido apoyo estatal a programas y proyectos de formación profesional, y de ciencia y tecnología de iniciativa nacional, que garanticen acciones coordinadas y sostenidas de investigación, conservación y divulgación del patrimonio arqueológico subacuático, todo ello liderado y ejecutado por entidades y profesionales con suficiente idoneidad científica y de respeto por el patrimonio arqueológico como bien común”.
Para ellos, no es menos importante que dicha política pública cuente “con la participación de las comunidades y entidades territoriales en los procesos de investigación y puesta en valor del patrimonio cultural sumergido”. Criticaron que “en la imaginación política tradicional, el campo del patrimonio arqueológico, al igual que el ámbito más amplio de los procesos culturales, han figurado en segundo o tercer plano, cosa que también sucede con los temas de ciencia y tecnología. Tal percepción es contraria al reconocimiento que se ha hecho en la Constitución Política acerca del valor central del patrimonio arqueológico como parte de la identidad nacional, la cual, en vez de reducirse a un sello monolítico de colombianidad, hace referencia a las dinámicas de producción, debate y transformación de significados acerca del devenir de un país que es social, cultural, histórica y geográficamente diverso y complejo”.
Finaliza a Red Universitaria de Patrimonio Cultural Sumergido advirtiendo que “es precisamente por ese valor del patrimonio arqueológico como herencia y referente para la generación de identidades, que la Carta magna ha definido su condición de bien común perteneciente a la Nación y por fuera del mundo de las mercancías. Y es con ese valor y en relación con esos procesos culturales que el asunto del Galeón San José debe ser ponderado y comprendido contextual e integralmente”.
El llamado al gobierno fue directo: “Si actualmente transitamos hacia la implementación de cambios estructurales para bien del país y sus gentes, entre las tareas urgentes está la transformación de las imaginaciones políticas mismas, incluyendo el replanteamiento del lugar que los temas de patrimonio cultural en general, y del patrimonio arqueológico en particular han tenido en el orden de prioridades tradicional. Por ello, llamamos la atención al presidente Gustavo Petro y sus equipos de trabajo así como a los medios de comunicación y a la ciudadanía en general, para que ponderen justamente lo que está en juego en el caso del Galeón San José, y más ampliamente, en el futuro de las herencias arqueológicas que se encuentran, tanto en los espacios acuáticos como terrestres del país”.
El comunicado lo firmaron Francisco Javier Aceituno (Universidad de Antioquia), Alba Nelly Gómez (Universidad de Antioquia), Luis Gonzalo Jaramillo (Universidad de los Andes), Juan Guillermo Martín (Universidad del Norte), Roberto Enrique Lastra Mier (Universidad del Atlántico), Diógenes Patiño (Universidad del Cauca), Juan Felipe Pérez (Fundación Proyecto Navío), Carlo Emilio Piazzini (Universidad de Antioquia), William Posada (Universidad de Antioquia), Sneider Rojas Mora (Universidad de Antioquia) y Juan Carlos Vargas (Universidad del Magdalena).