La accidentada historia del proceso de adjudicación del tercer canal privado de televisión tiene hoy un nuevo capítulo. A pesar de la orden del Consejo de Estado de suspender provisionalmente la licitación, por considerar que no puede existir subasta con un solo proponente, la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) no desiste de la audiencia de entrega, pero tiene claro que está obligada a acatar la disposición del tribunal administrativo y presentar los recursos de ley.
Este ambiguo panorama se creó desde el pasado jueves, cuando el Consejo de Estado hizo pública su decisión de suspender provisionalmente el proceso de licitación del tercer canal y la CNTV entró en un silencio que ha dado para toda clase de interpretaciones. Desde el rumor de que puede seguir adelante con el proceso, pues aún no existe una notificación de la determinación judicial, hasta recurrir la decisión, pero seguir adelante con la adjudicación pública.
Lo cierto es que la situación ha suscitado un debate jurídico con posturas contrarias. Así, abogados como Jaime Granados creen que no hay riesgos de que la CNTV siga adelante con el proceso e incluso piensa que si lo suspenden los miembros del organismo podrían incurrir en el delito de prevaricato por omisión, hay quienes consideran lo contrario y advierten que de no acatar la decisión, la Comisión violaría la ley.
En las últimas horas, dos juristas ajenos a las empresas interesadas aportaron su concepto. El ex vicefiscal Jaime Córdoba, consideró que si bien la decisión no crea un vínculo jurídico inmediato para la CNTV, dada la autoridad que representa el Consejo de Estado y la naturaleza de la controversia, lo pertinente es que si bien puede instalarse la audiencia de adjudicación del tercer canal, debe procederse a su suspensión hasta que se resuelvan los recursos de ley.
En sentido afín se pronunció el ex viceprocurador Carlos Arturo Gómez Pavajeau, quien precisó que si bien el fallo no está ejecutoriado, eso no quiere decir que se pueda desconocer, pues proviene del máximo órgano en materia administrativa. “Es de elemental prudencia entonces esperar a que se resuelvan los recursos”, insistió Gómez, quien concluyó que desconocer el fallo es incurrir en el delito de celebración indebida de contratos o prevaricato, con una culpabilidad que a todas luces sería irrefutable.
El tema se ha vuelto tan candente que el procurador Alejandro Ordóñez decidió este lunes intervenir para portar su opinión. “Existe un trámite, hay una decisión, un auto del Consejo de Estado que no está en firme, pero no es prudente seguir y se debe esperar una decisión del juez natural”. En otras palabras, el jefe del Ministerio Público aconsejó aguardar a que se resuelvan las instancias de ley para evitar futuras controversias jurídicas.
Sin embargo, el procurador Ordóñez anunció que su despacho apelará la suspensión provisional de la licitación, pues de conformidad con la ley de contratación sí se puede celebrar una subasta con un solo proponente. Es decir, la tesis contraria a la esgrimida por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, y la Sección Tercera de la misma corporación, que creen que una subasta con un solo proponente no es viable porque no hay puja y el único oferente puede ganar con la mínima propuesta.
El pasado sábado, en desarrollo de su último consejo comunitario de gobierno, de manera escueta el presidente Álvaro Uribe, al ser consultado sobre lo sucedido con el proceso del tercer canal privado de televisión, se limitó a observar que las decisiones de ley se deben respetar y que no habrá tercer canal en este gobierno. De esta licitación se habló por primera vez en 2006, pero concluyendo el cuatrienio por diversas circunstancias no ha sido posible que llegue a buen fin.
A pesar de que cuando empezó el proceso varios grupos económicos demostraron su interés por participar, poco a poco se fue reduciendo la expectativa. Inversionistas como el mexicano Ángel González o los propietarios del grupo Clarín, de Argentina, llegaron a mostrar interés por el asunto, pero hacia 2007 ya estaba concentrado en tres propuestas: la del Grupo Planeta y la del Grupo Prisa, de origen español, y la del Grupo Cisneros, de Venezuela. Estas dos últimas se retiraron en diciembre del año pasado argumentando “vicios y falta de transparencia jurídica”.
En la actualidad sólo existe una propuesta, representada por Canal 3 Televisión de Colombia S. A., que además del capital español del Grupo Planeta, a través de la firma Antena 3 de Televisión, incluye también como accionistas a las empresas colombianas, Casa Editorial El Tiempo, RTI Televisión, el periódico El Heraldo, y las sociedades Finvest, Contenido Ltda., Antena 3 de Televisión de Colombia S. A. e Inversiones Casa Grande.
Como lo detalló este diario en un informe presentado el pasado 6 de junio, la empresa Contenido Ltda. pertenece al realizador audiovisual, consultor y socio de la firma de relaciones públicas Datis, Darío Vargas Linares e Inversiones Casa Grande, es una de las firmas del empresario antioqueño William Vélez Sierra. A su vez, Finvest pertenece a la familia del ex ministro Luis Fernando Jaramillo Correa, a través del llamado Grupo Odinsa, donde también está Vélez Sierra.
Como era de esperarse, la pelea por el tercer canal de televisión ya ha pasado al plano político y este lunes mismo, ante la expectativa de la realización de la audiencia de adjudicación del tercer canal, surgieron voces para reclamar su transparencia. Por ejemplo, el vicepresidente del Senado, Carlos Ramiro Chavarro, sostuvo que no es sano para el país adjudicar el canal a 12 días de terminar el gobierno. “Debe hacerse después de que se produzca el relevo en la Casa de Nariño”, agregó.
En general, la tesis predominante es que se busque la presencia de más de un oferente para la entrega del canal. En ese sentido se pronunció la segunda vicepresidenta del Senado e integrante del grupo MIRA, Alexandra Moreni Piraquive, quien pidió, en aras de la transparencia, más de una propuesta para adjudicar el canal. La misma tesis que predomina entre los miembros del Partido Liberal y que se comparte con la postura de que al menos debe atenderse por ahora lo que está planteando el Consejo de Estado en su suspensión de carácter provisional.
El abogado Sergio Michelsen, quien representa los intereses del Grupo Prisa, al tiempo que le pidió a la CNTV ser respetuosa del debido proceso y acatar la decisión del Consejo de Estado, observó que a título personal, si a él le preguntan cuál es la mejor tesis a desarrollar ahora, él propondría un estudio completo del espectro electromagnético y que mínimo se abran dos concesiones. “Esa es una forma de darles más alternativas a los televidentes, e incluso va más allá de lo que hoy sucede con una sola propuesta”.
De cualquier manera este martes, a partir de las 8:00 a.m., se vivirá otro capítulo más del interminable proceso de licitación del tercer canal privado de televisión y lo único claro es que si se ratifica que la CNTV acata el fallo y presenta los recursos de ley, pasarán varias semanas para conocer una decisión en firme. Lo cual significa, sin lugar a dudas, que el asunto quedará en manos del gobierno de Juan Manuel Santos. Y seguramente ya vendrán nuevos pulsos y pugnas jurídicas en una de las licitaciones más complejas de los últimos tiempos.